Cuando Paulina tuvo su entrevista para trabajar en una de las tiendas de la cadena minorista estadounidense Wal-Mart en la capital de México, lo primero que le preguntaron fue si estaba embarazada, lo que entonces no sabía que era ilegal.
"Tuve que presentar un certificado de mi estado de salud para poder obtener el trabajo", relató Paulina en el estacionamiento de uno de los grandes almacenes de la transnacional, situado en el sur de la capital.
Paulina es el nombre ficticio de una cajera de 31 años, que sólo así aceptó contar su experiencia, temerosa de represalias si era vista hablando con un periodista.
El caso de Paulina es una muestra de la persistencia de prácticas discriminatorias que violan los derechos laborales de las mujeres en México, pese a que ellas representan ya 42 por ciento de la población económicamente activa de la segunda economía latinoamericana, que casi alcanza 46 millones de personas.
Valeria Scorza, directora del no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), explicó que los sectores del trabajo doméstico, la maquila, la minería y la agricultura son los que presentan graves situaciones de atropello a los derechos laborales, en particular para las mujeres.
"En esos trabajos existen riesgos para la salud, exposición a tóxicos, no hay acceso a seguridad social", enumeró Scorza, cuya organización surgió en 2005 para promover el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales.
Datos oficiales indican que unos 14 millones de mujeres trabajan en actividades remuneradas en México. Según el oficial Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 94 por ciento de las que laboran en el sector agropecuario y 33 por ciento de las que lo hacen en la construcción carece del servicio de salud.
"En las labores agrícolas y maquiladoras, las grandes marcas se desentienden de la responsabilidad social en toda la cadena laboral", señaló a IPS Emilienne De León, directora ejecutiva de la no gubernamental Semillas, organización que impulsa los derechos de género en México.
Los empleadores actúan con impunidad, explicaron las expertas, porque conocen que la Secretaría (ministerio) del Trabajo cuenta con sólo 200 inspectores para monitorear el respeto a las leyes laborales en un país con una superficie de casi dos millones de kilómetros cuadrados y dividido en 32 estados.
De acuerdo con Inmujeres, sólo 43 por ciento de las mujeres ocupadas en México cuentan con algún tipo de protección laboral y sólo 35 por ciento gozan del derecho a acceder a instituciones de salud y otros beneficios. El sector donde la mujer percibe en mayor proporción todas las prestaciones a las que legalmente tiene derecho por su trabajo, es el de los servicios, con una tasa de 27,6 por ciento.
En las maquilas, especialmente en las que operan en el norte de México cerca de la frontera con Estados Unidos, la situación es preocupante, denunció Beatriz Luján, dirigente del sindical Frente Auténtico del Trabajo, con unos 35,000 afiliados.
"En las maquilas no hay movilidad laboral. En algunas, los puestos de alto nivel están vedados para las mujeres. Además, el acoso sexual es muy general y la mayoría de las veces no se denuncia", declaró.
En los estados norteños trabajan más de 500.000 mujeres en maquilas de textiles y productos para la industria automotriz, como sillones y alfombras.
El término maquila fue rescatado precisamente en México del castellano medieval, para describir a las empresas que fabrican para marcas de otros países, a cambio de una porción del beneficio, sin que la producción llegue al mercado local y con exenciones impositivas para la materia prima importada.
Desde su surgimiento en los años 60, la maquila ha sido criticada por organismos internacionales y fuerzas sindicales de los países donde se instala, por ser un sistema que se presta a la explotación laboral gracias a los limbos legales de su funcionamiento.
La Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo prohíben la discriminación laboral por razones de edad, sexo, embarazo, religión, raza o color de piel, entre otros aspectos. Además, está prohibido el despido de mujeres encintas.
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