viernes, 26 de agosto de 2016
martes, 23 de agosto de 2016
Microempresarios de comidas saludables buscan apoyo de L.A.(1)
 |
| Manolo Cruz trabaja este carrito en la venta de frutas en el barrio de Highland Park, en Los Angeles. |
Por
Alfredo Santana
Manolo Cruz inició en el 2012 una micro empresa para vender fruta picada en un carrito especial de aluminio en el
vecindario de Highland Park, al noreste de Los Angeles. A sabiendas de los
gustos de muchos residentes, Cruz pensó poder ganarse la vida armando cócteles
con piñas, naranjas, pepinos, cocos y sandías.
Igualmente Cruz decidió convertirse en su propio
jefe, e independizarse de trabajos en la construcción en una región que considera
aún muestra resagos de la Gran Recesión. Con ganacias diarias de entre $100 a
$150, este vendedor paga el alquiler de su casa, mantenimiento de su camioneta
y apoya a su hijo, un jóven adulto de casi 25 años.
Temprano, Cruz toma su carrito, nombrado “Genesis
Fresh Fruits” de la comisaría donde lo guarda por las noches, lo limpia y lo
carga con hielo y frutas frescas. A las 10 a.m., Cruz comienza sus ventas en la
esquina de las calles North Figueroa y Avenida 57, y cierra entre 5:30 y 6 p.m.
Cruz es uno de miles de vendedores en el condado de
Los Angeles quienes marcan a la región con la venta de comidas saludables, e
influencían un cambio para mejorar la salud de sus clientes. El arreglo de las
frutas en los contenedores de plástico invita a los clientes
a comprar estos alimentos a precios módicos.
Sin embargo, la falta de licencias para operar estos negocios con la
municipalidad de Los Angeles arriesga su trabajo, y a veces lo forza a tomar
decisiones imprevistas.
Datos del condado de Los Angeles indican que 50,000
vendedores callejeros de comidas operan en el condado, y unos 5,000 se dedican
a vender comidas saludables. El censo de los Estados Unidos indicó que en el año
2015 unas 10 millones de personas fueron residentes del condado de Los
Angeles.
Al instalar su carrito por las mañanas, Cruz lo
transporta en su camioneta Ford Ranger, la que estaciona en un lote ubicado a media cuadra del punto de venta. Ahí lo desmonta y lo rueda hasta llegar a su sitio,
ubicado frente a un negocio de venta de ropa para mujeres llamado Fashion 21.
Cruz mencionó que invierte de entre $100 a $150
diarios en frutas y equipo para el negocio, el que incluye bolsas y vasos de plástico,
servilletas y condimentos. Indicó que sus ingresos brutos son de entre $200 a
$300 por día.
Cruz compra sus frutas en el mercado central, y las lleva
hasta la Comisaría Kareem Carts, localizada en el sur de Los Angeles, donde
guarda su carro por las noches. Kareem
Carts es el manufacturador más grande de carros para la venta de comidas en
esta región. También vende una gama de camionetas motorizadas y unidades de
aluminio fabricadas para cumplir con las peticiones del Departamendo de Salud
Pública del condado.
Estas comisarías también alquilan estacionamiento a camionetas
equipadas con estufas y refrigeradores, las que son operadas por sus chefs y
dueños, y a remolques con cocinas para hot dogs y hamburguesas. Las unidades nuevas para vender frutas cuestan de entre
$2,500 a $6,000. Kareem Carts también vende carros económicos por unos $3,300.
Cruz, quién nació en la ciudad de México, indicó que
su actividad está demasiado regulada por los inspectores del condado y policías
de la ciudad, ya que ellos piden que obtenga pólizas de seguro, permisos de
operación y registros que no están disponibles.
“Tenemos que operar desde una comisaría, lo que
representa un costo adicional de $150 al mes, pero esta regla es muy
importante. El condado es muy estricto en ello”, dijo Cruz.
Por el momento, la municipalidad de Los Angeles no
permite venta de comida en las calles, la que incluye a expendios de comidas
saludables, y con frecuencia los trabajadores en el ramo sufren infracciones por
la falta de licencias.
En noviembre del 2013, el concejo de la ciudad,
instado por el concejal del Distrito 14 José Huizar, comenzó a debatir la
posibilidad de legalizar ciertas ventas que cumplan con las leyes estatales y
del condado de salud y ecología. Curren Price, actual concejal del Distrito 9,
también apoya una ley que otorgue licencias a vendedores de comidas
saludables.
Mark Vallianatos, profesor de política urbana y
ecológica del Colegio Occidental, dijo que el mayor obstaculo para los
vendedores “es la falta de obtención de permisos para vender en las aceras”.
Vallianatos, quién fue coautor del libro “The Next Los Angeles: the struggle
for a livable city”, agregó que el segundo asunto en importancia es el de la
preparación de comidas que están en contacto con contaminantes en la calle
mientras se despacha a los clientes.
“Algunos lugares son considerados buenos para vender
debido a la cercanía de paradas de autobuses, o a cajeros automáticos ATM, los
que atraen a mucha gente y provee a los clientes con dinero en efectivo. Otros
son los puntos cercanos a las rejas de entrada y salida de escuelas, adonde
cientos de clientes en potencia atienden por las tardes”, Vallianatos indicó en
su libro.
Tanto Cruz como su vecino Armando Arizpe no han
recibido boletas de agentes del LAPD en los últimos tres años. A pesar de ello, Cruz observa cuidadosamente a
los policías cada vez que rondan cerca de su carrito al norte de la calle
Figueroa, por si las dudas.
“Llevamos una relación cordial con la policía”, dijo
Cruz. “Por lo regular no nos molestan, y nos permiten trabajar en paz”.
Arizpe, otro dueño de un carrito de venta de
cócteles de frutas, quién se ubica a unos pasos de un cajero ATM del banco
Chase, necesita renovar su permiso de salud de $400, o corre el riesgo de que
le decomisen su unidad. Todos los vendedores de frutas deben de actualizarlos entre
julio 1 hasta el 15 de septiembre de cada año.
Arizpe valuó su carro en $3,000, y agregó que los
inspectores les instan a obtener carros nuevos cada tres años con los
aditamentos tecnológicos más recientes.
“No les gusta que tengamos carros viejos o dañados”,
dijo Arizpe mientras le quitaba con un cuchillo la cáscara a una naranja. “Los carros deben de estar en muy buen estado.”
Arizpe registró su micro empresa como “Kevin’s
Fruits” en honor a su hijo, y equipó su carrito con un depósito de agua fría y
caliente con tomas entubadas. El carrito de Arizpe pernocta en la Comisaría La Palma,
ubicada a dos millas al sur de su punto de ventas.
Muchos vendedores de frutas se asocian para
transportar en camionetas grandes “pick-up” de tres a cuatro carritos a la vez, los colocan en sus
sitios asignados por el condado, y los recogen por las tardes. En este campo existen decenas de dueños con dos o más carritos,
contratan a familiares o empleados para trabajarlos, y les pagan sueldos por
comisión de ventas o salarios fijos.
Arizpe calcula ingresos brutos diarios de entre $200
a $320, y al igual que Cruz, invierte entre $100 a $150 al día en productos
para su operación. Indicó que no trabajan cuando llueve, cuando está muy
nublado o cuando cuadrillas de la ciudad reparan las aceras y calles donde
ellos despachan.
También lo remueven cuando compañías de filmaciones obtienen
permisos de la ciudad para montar escenas de películas. Arizpe no tiene conflictos con restauranteros,
ya que su campo es diferente “a lo que ellos venden de comer y beber”.
Lea Microempresarios, Parte 2.
Microempresarios de comidas saludables buscan apoyo de L.A.(2)
 |
| Armando Arizpe se alista a preparar un coctel de frutasel 23 de agosto en Los Angeles. |
Lea Microempresarios, Parte 2.
Pero hace nueve años, cuando Arizpe comenzó su micro
empresa, varios negociantes lo veían con enojo y desprecio. En el 2007, Arizpe trabajó
en Santa Mónica, donde aprendió a operar el negocio, y mejoró su nivel de
inglés como vendedor. En Highland Park existen otros tres vendedores de frutas
a menos de una milla de distancia, pero ninguno le presenta una competencia
seria.
“Antes no tenía permisos de salud, y los carros eran
más viejos y no estaban bien equipados. Ahora todos ven que tenemos
permisos, y ya no nos molestan. De
hecho, me he hecho amigos a varios dueños de negocios cercanos al mio”, dijo
Arizpe.
La mayoría de sus clientes son latinos, y compran
cócteles de $5, $6 y $7.
Cruz piensa introducir una tableta electrónica para
aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito, ya que debido al cambio de
población en Highland Park y al aumento de residentes caucásicos, tiene clientes
quienes no cargan dinero en efectivo.
Freddie Agyin, gerente de salud ecológica del Buró de
Servicios de Monitoreo Especial del Departamento de Salud Pública del Condado
de Los Angeles, dijo que existen 293 expendedores de frutas con permisos.
“Todas las unidades móviles deben de registrarse en
el programa de salud del condado antes de aplicar para la obtención de un
permiso de salud pública”, dijo Agyin. “Los permisos son importantes porque nos
indican quienes son los vendedores que operan legalmente en el condado de Los
Angeles. Así nos asegurarnos que cumplan con el código de ventas de comidas
procesadas en California, y protejamos la salud pública”.
Isela C.
Gracian, presidenta de la Corporación para la Comunidad del Este de Los Angeles,
(ELACC) organismo que apoya la redacción de ordenanzas que legalicen la venta
de comidas en la calle, dijo que comenzaron una campaña para convencer a los
concejales de la ciudad de otorgar permisos de negocios a vendedores de comidas
saludables.
“La campaña de los vendedores en las calles de Los
Angeles continúa con su meta de convencer a los concejales para que aprueben
ordenanzas con sentido común de venta en las calles”, Gracian dijo en un correo
electrónico. “La aprobación de políticas urbanas toman tiempo al pasar por
varios comités y por un proceso de audiencias públicas”.
ELACC, organismo que representa a más de 50 grupos
que buscan equidad fiscal hacia los micro negocios y en la salud pública que
involucre a personas de escasos recursos, propuso una serie de talleres
educativos con un año de duración después de que la ciudad apruebe ordenanzas
para registrar las ventas de frutas en
carritos de aluminio.
En ellos se informará a los dueños como operar un
“expendio de comida saludable,” y les ayudarán en el llenado de formas y la solicitud
de permisos. Estas iniciativas definen a la venta de frutas
frescas sin cocer o procesar como “comida saludable”.
Además de reafirmar la
solicitud del “Certificado de Manejo de Comidas” de parte del Departamento de
Salud Pública , ELACC propone que los dueños deberán comprar pólizas de seguro
y tendrán que obtener una licencia estatal de vendedores.
Un reporte redactado por la facultad de leyes de
UCLA, en la división de defensa criminal, instó a Mike Feuer, el fiscal de la
ciudad de Los Angeles, a cesar todas los casos en contra de vendedores de
comida bajo la sección 42.00 del código municipal, hasta que la ciudad apruebe
las nuevas leyes. Pidió que deseche todos los casos y ordenes de arresto
por no presentarse a la corte a contender violaciones ligadas a este comercio.
La clínica legal instó a vendedores de frutas a
trabajar con representantes del LAPD para desarrollar un protocolo que les
garantice un proceso legal justo para defenderse de decomisos y detenciones
injustas, como lo indica la cuarta enmienda de la constitución estadounidense.
El alcalde Eric Garcetti ha dicho que pretende llegar
a un acuerdo con los concejales y los vendedores para legalizar la venta de
comidas y otros productos en las calles. Por su parte, la página de la red de Huizar
dice que él “está comprometido a encontrar un proceso regulatorio de ventas
para asegurar a los consumidores, atender el impacto que sufrirían los
comercios establecidos, y permitir a los vendedores que se apeguen a las leyes
y que participen en la economía local”.
A pesar de toda estas coyunturas legales, la
persistencia de los vendedores de frutas de seguir ganandose la vida ha sido
casi heroica. Inspectores de salud han amenazado a Cruz dos veces con
cancelarle el permiso si no le instala un tanque de agua para lavarse las
manos, y por picar fruta en una tabla removible junto a las puertas del mostrador.
Otro asunto es el de la proclividad de las sandías a
acedarse durante el verano. Los inspectores alegan que las temperaturas de
entre 90 a más de 100 grados Farenheit “coce” a las frutas y pone en peligro la
salud de quienes las consumen.
El condado asigna a 10 inspectores para responder a
quejas de vecinos o clientes relacionadas a la venta de cualquier comida en la
calle. Ellos revisan las condiciones sanitarias del lugar, se enfocan en la
venta y preparación de alimentos que estén en contacto con el esmog y el aire, que estén adulterados, y exigen que las unidades tengan tanques de agua para la
higiene de los operadores.
Por ejemplo, en la ciudad de Huntington Park, los
inspectores se han mostrado más agresivos y multan a los expendedores si no muestran sus productos en recipientes de plástico con tapas.
En el 2014, un inspector obligó a Cruz a tirar toda
su fruta, debido a que preparaba los cócteles conforme llegaban sus clientes, y
no en la comisaría. También le dijo que no debe vender sandías en “días muy
calientes”. Cruz calificó a los inspectores de ser demasiado “exigentes”.
“Es muy fácil para ellos enforzar las ordenanzas,
ya que son empleados del gobierno. Pero nosotros pagamos el precio de nuestros
bolsillos”, lamentó Cruz.
Sin embargo, todos los carritos deben de ser
inspeccionados, y obtener un grado “A” por tener excelentes unidades, y “B” por “estar
en buenas condiciones, pero que tienen detalles por mejorar”.
Además, los vendedores deben de mantener las
banquetas libres para los peatones y personas con discapacidades en sillas de
ruedas y triciclos “scooters”.
El año pasado, el condado comenzó a recibir tarjetas
de identificación consular de inmigrantes de México, Corea del Sur y Argentina
como requisito para expedir permisos de salud para operar expendios de cócteles
con frutas. La mayoría de estos vendedores son inmigrantes, pero existen varias
mujeres dueñas de carritos en el Este de Los Angeles y en el valle de San
Fernando quienes son ciudadanas estadounidenses.
Angelo Bellomo, director del departamento de salud
pública del condado, le dijo a la estación de radio KPCC 89.3 FM, que el
desafío es trasladar a los operadores de estos carritos de una industria “semi-formal”
a otra donde posean unidades nuevas con adelantos estructurales y que sean económicas
para que cumplan con las leyes sanitarias.
Bellomo indicó que existen inversionistas muy
interesados en este campo, pero esperan a que la ciudad resuelva el asunto de
la falta de licencias para desarrollar sus negocios.
Mientras tanto, Manolo Cruz concluyó que su decisión
de operar su unidad de frutas, e independizarse de ciertos empleadores fue
acertada.
“Acá yo soy dueño de mi trabajo, y no dependo de
terceros para ganarme mi salario. Creo que eventualmente las cuestiones legales
con la ciudad se van a resolver”, dijo Cruz.
Este
reportaje fue redactado en coordinación con el Centro Internacional para los
Periodistas (ICFJ). Una beca otorgada por S&P Global Financial Data
Journalism contribuyó a su logro.
lunes, 22 de agosto de 2016
domingo, 21 de agosto de 2016
Evidence mounts on human right abuses in MX(1)
 |
| Teachers and residents of Asuncion Nochixtlan, Oaxaca clash with police on June 19, 2016. |
By
Ines Pousadela
Mexico is experiencing a monumental human
rights crisis. There is abundant evidence of widespread human rights violations
in the country, including torture, extrajudicial executions, enforced
disappearances and violence against journalists and human rights defenders.
As worrying as the hard data is, what’s even
more worrying is the Mexican government’s continued refusal to acknowledge the
situation. In the words of Yésica Sánchez Maya of Consorcio Oaxaca, a civil
society organization, the State “is investing more efforts and resources in
denying the existence of a problem that is apparent [to the whole world] than
in actually solving it.”
Despite constitutional guarantees, the rule of
law is incomplete and highly uneven in Mexico. In states such as Oaxaca, where
protesting teachers recently met violent repression, or Guerrero, where 43
students from a teachers’ college were disappeared and are presumed dead since
2014, civil society organizations and activists face powerful restrictions.
These include violence linked to drug trafficking, the infiltration of local
governments by increasingly diversified organized crime operations, pervasive
corruption, police repression, and severe human rights violations by the
security forces.
In June, Oaxacan teachers took to the streets to protest what
they see as questionable government “education reform”. Over the weekend of June
19 and 20, security forces killed at least nine and wounded dozens in attacks
on the teachers and local residents. A statement
cosigned by several Mexican civil society groups highlighted that Oaxacans live
in a context of “generalized” violence in which social movements – especially
those involving teachers – have been long criminalized by the courts, the
security forces and the media.
Teachers’ union leaders often face judicial
harassment, including arrest and detention. One such arrest took place on June
11, just as the protests climbed. The teachers denounced the arrest as a
politically motivated act of judicial harassment, dismissing the alleged
embezzlement and money laundering charges as mere excuses meant to deactivate
the protest, therefore redoubling their ongoing road blocking strategies. In
the days and hours before violence was unleashed, the authorities turned the
area into a war zone: as tension increased, an air fleet overflew the area and
large numbers of militarized police forces were deployed. Nothing but tragedy
could result from the heavily armed security units facing the crowds.
The same old discussion ensued regarding the
mobilized teachers’ moral virtues (were they peaceful enough?), their tactical
choices (how legitimate is road-blocking, one of their preferred methods of
disruption?), their policy preferences (were they right in opposing education
reform?), and even their subjective reasons for rejecting the government’s
proposed changes (were they afraid of losing their jobs if their performance
was evaluated?). While policy choices are for Mexicans to discuss – and one of
the main grievances expressed in the streets is that the government is trying
to impose a reform rather than submit it to public discussion – there is no
justification of the use of deadly force by state authorities.
Contrary to current best practices regarding
the management of public assemblies, Mexico’s federal government and the state
government of Oaxaca have once again resorted to punitive measures to maintain
public order. They treated roadblocks, historically a part of social movements’
tactics of resistance, as serious crimes. They used the criminal justice system
as a tool to both inhibit protests and punish protestors for engaging in them.
The violent government reaction against social protest on June 19 and 20
therefore came as no surprise. According to the authorities, it was when the
police tried to evict the protestors that unidentified gunmen, apparently not
linked to the protest organizers, opened fire, and chaos followed. Following
the incidents, eyewitnesses agreed that the protestors themselves had been
unarmed.
Read Human Rights, Page 2.
Evidence mounts on human rights abuses in MX(2)
 |
| A flock of live chickens are strewn on the ground after the truck transporting them was burned June 20 in Oaxaca. |
Human Rights, Page 2.
Far from an unprecedented tragedy, this echoed
a similar massacre a decade earlier. Impunity allowed for repetition: as
emphasized by Sánchez Maya, “Nobody has yet been arrested and convicted for the
terrible repression that occurred in Oaxaca in 2006. The state has so far been
unable or unwilling to guarantee access to justice, even in cases where
responsibilities were clear as a result of victims’ testimonies. This has
generated impunity, and therefore permissibility for human rights violations.”
In Mexico, the core freedoms that make up civic space, namely
those of association, peaceful assembly, and expression, are not fully
respected in practice, thus this impunity for violations prevails. According to
data released by the Mexican government, more than 22 000 people have
disappeared in the country since 2007.
A 2016 Front Line Defenders
report, documented at least 8 human rights defenders murdered in Mexico in
2015, while the Mexican chapter of Article 19 documented 23
disappearances of journalists between 2003 and 2015 – an average of two per
year. The latest annual report by
the same organization describes a situation of widespread fear among media
workers, with 397 aggressions against the press documented in 2015 (one every
22 hours, a 22 percent increase since 2014), including 7 murders.
Not surprisingly, the space for free expression,
both in the mainstream media and online, is limited by self-censorship.
Participation in street protest also entails risks, as the smallest spark of
violence by protestors is usually a welcome excuse for the excessive use of
force by the security forces, oftentimes followed by arbitrary detention and
even torture under custody. Several states have legislation allowing police to
use firearms or deadly force to break up protests.
Violence and repression are part of everyday
life in several states and localities across Mexico even though only a selected
few cases eventually come under the international spotlight. The case of the 43
Ayotzinapa students who disappeared on their way to a protest in Iguala,
Guerrero state in 2014 was a turning point in this respect. When Mexican
activists are killed for speaking the truth, or demand explanations from the
powerful, their fellow citizens are not looking away anymore.
Since the disappearance of the 43, there has
been sustained demands for an investigation, which have been vigorously renewed
in the last few weeks. Likewise, the teachers’ repression in Oaxaca pushed
thousands of students and local residents who had so far remained ambivalent
towards the proposed education reform out to the streets in solidarity. Massive
crowds in other parts of the country, including Mexico City, added their
voices. Smaller demonstrations were held in cities across the world as well.
From the streets, the media and international
forums, a loud and clear call is being made to the Mexican government. The
demands are straightforward. First of all, Mexican authorities at all levels
should seek and maintain dialogue with protesting civil society groups, among
them the teachers’ unions. Secondly, they should direct law enforcement
agencies to immediately cease the use of disproportionate force against civil
society organizations and activists exercising their legitimate right to
assemble and petition the authorities.
Third, they should initiate an independent investigation into
the use of force against protestors and all related human rights violations.
Fourth, they should adopt the best practices recommended
by the UN Special Report on the rights to freedom of peaceful assembly and of
association on the management of public assemblies. Last but not least, they
should strengthen and effectively apply the protective institutions already in
place, such as the Specialized Unit to Search for Disappeared Persons and the
Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists. In fewer
words, officials should offer effective protection measures plus solid non-repetition
guarantees: these are the formulas for change.
sábado, 20 de agosto de 2016
martes, 16 de agosto de 2016
martes, 9 de agosto de 2016
viernes, 5 de agosto de 2016
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