viernes, 30 de diciembre de 2016
domingo, 25 de diciembre de 2016
jueves, 22 de diciembre de 2016
martes, 20 de diciembre de 2016
sábado, 17 de diciembre de 2016
jueves, 15 de diciembre de 2016
miércoles, 14 de diciembre de 2016
McMahon trae incertidumbre corporativa al SBA
 |
| Linda McMahon, antes de cambiar el nombre de la WWF a WWE. |
Por Alfredo
Santana
La nominación de Linda McMahon para encabezar la Administración de Pequeños
Negocios, o SBA como parte del gabinete de Donald Trump, presidente electo de
Estados Unidos, envía un mensaje negativo de mando corporativo al rubro, el
que se combina con su estrategia de entretenimiento basada en la lucha libre entre
villanos y héroes superdotados.
Igualmente, McMahon podría ser la última en dirigir
el SBA, ya que en el 2012 mencionó que estaba de acuerdo en eliminar esta
agencia, y fusionar sus actividades con las del Departamento de Comercio y
otras pequeñas. El presidente Barack
Obama también propuso esta medida, pero no fue considerada por el Congreso.
El SBA indica en su sitio de la red que un pequeño negocio se constituye
de una empresa con entre nueve y hasta 99 empleados. Sin embargo, existen muchos casos de
microempresarios con menos de nueve empleados quienes han participado en las
clases y talleres educativos y de entrenamiento para calificar por los
codiciados programas de financiamiento.
McMahon es la jefa ejecutiva del corporativo World Wrestling Entertainment Inc.,
antes conocido como World Wrestling Federation.
Ella y su esposo Vincent, fundaron Titan Sports en Massachussets en 1980, y
adquirieron el Coliseo Cape Cod, recinto donde organizaban juegos de hockey y peleas de lucha libre. En 1982, compraron la
compañía Capitol Wrestling, ex- propiedad del padre de Vince, y la rescataron
de una inminente bancarrota. Ello les permitió ingresar a las transmisiones regionales
por TV, y forjar su nombre en la región noreste del país. Eventualmente se
mudaron al estado de Connecticut.
Pero antes de eso, los McMahon se declararon en bancarrota
en 1976.
En 1999, los McMahon solicitaron la registración de WWE
como corporación pública, para vender acciones en la bolsa de valores de Nueva
York e incrementar sus ingresos financieros. WWE reportó ganacias por $659
millones en el 2015 obtenidas de transmisiones televisivas, venta de artículos
registrados, boletos, y regalías con imagenes de sus luchadores. WWE patrocina
los eventos en arenas y estadios deportivos llamados Wrestlemania, los que son transmitidos por televisión de paga desde
a mediados de los 1980s.
Se calcula que WWE emplea a unas 800 personas.
McMahon aún es accionista del corporativo.
El diario The
Wall Street Journal reportó que el SBA opera con un presupuesto de más de 10
mil millones de dólares, y respalda las
solicitudes de préstamo hechas por dueños de pequeños negocios a los bancos. El año anterior, unos 70,000 préstamos aprovados
fueron respaldados por el SBA.
McMahon dijo en el 2012 durante su fallida campaña
para ser elegida como senadora por Connecticut, que apoya los recortes a
agencias y programas públicos que no sean necesarios. Ella también buscó
infructuosamente ser senadora en el 2010. Ambas veces fue derrotada por
candidatos demócratas.
En la campaña del 2012, y como parte de su plataforma,
indicó que respalda un recorte a la taza de impuestos corporativos del 35 al 25
por ciento. Ese año, cuando el diario The Day of Connecticut publicó la lista de los 26 acreedores quienes pidieron a la Corte Federal de Bancarrota en Hartford que ella les pagara. Según el periódico Connecticut Mirror, ella procedió a saldarlas para que el asunto no afectara su candidatura. Les debía $955,000, unos $3.9 millones de dólares actuales.
El Connecticut Mirror reportó que entre los acreedores se encontraban el IRS, el banco Mattatuck Bank & Trust de Waterbury, Harold J. Hemingway, John F. Papandrea y Gerard E. Langeler. Langeler tenía 96 años cuando se reportaron las deudas de McMahon.
El Connecticut Mirror reportó que entre los acreedores se encontraban el IRS, el banco Mattatuck Bank & Trust de Waterbury, Harold J. Hemingway, John F. Papandrea y Gerard E. Langeler. Langeler tenía 96 años cuando se reportaron las deudas de McMahon.
Archivos de datos federales de contribuciones a
campañas políticas indican que McMahon donó $7 millones de dólares a supercomités
de acción politica, o SuperPacs que apoyaron la candidatura de Donald Trump. Un
mes antes de la elección presidencial, McMahon contribuyó con $1 millón.
Durante las elecciones primarias, ella apoyó al gobernador republicano de New Jersey
Chris Christie.
Trump forma parte del salón de la fama de
celebridades de WWE, creado por los McMahon.
jueves, 8 de diciembre de 2016
miércoles, 7 de diciembre de 2016
martes, 6 de diciembre de 2016
lunes, 5 de diciembre de 2016
domingo, 4 de diciembre de 2016
sábado, 3 de diciembre de 2016
martes, 29 de noviembre de 2016
sábado, 26 de noviembre de 2016
viernes, 25 de noviembre de 2016
miércoles, 23 de noviembre de 2016
jueves, 17 de noviembre de 2016
sábado, 12 de noviembre de 2016
jueves, 10 de noviembre de 2016
domingo, 16 de octubre de 2016
What is Parapsychology?
Parapsychology is the scientific study of interactions between
living organisms and their external environment that seem to transcend the
known physical laws of nature. Parapsychology is a component of the
broader study of consciousness and the mind. Parapsychologists study 5
broad areas:
- Telepathy –
mind to mind communication through a means other than the normal senses
- Clairvoyance or Remote
Viewing – knowledge of objects, people, or events that are hidden
via space or time. For example, an object hidden in a box in a
different room, a photograph sealed in an envelope, an event that is
occurring to a loved one who is thousands of miles away, or the
characteristics of a room that only existed in the past.
- Precognition –
knowledge of an event that has not yet occurred, or information that
appears to be transferred from the future into the present.
- PK or Psychokinesis –
Mind interacting with matter at a distance. Mind interactions with
living systems (including energetic healing) are sometimes included in
this category.
- Survival
Studies –
The nature of human consciousness and an examination of whether
consciousness survives the physical form. This includes mediumship
research, reincarnation, out of body experiences, apparitions, and ghost
activities.
Source: Rhine Research Center. http://www.rhine.org
sábado, 15 de octubre de 2016
miércoles, 5 de octubre de 2016
domingo, 2 de octubre de 2016
lunes, 19 de septiembre de 2016
miércoles, 14 de septiembre de 2016
martes, 6 de septiembre de 2016
jueves, 1 de septiembre de 2016
viernes, 26 de agosto de 2016
martes, 23 de agosto de 2016
Microempresarios de comidas saludables buscan apoyo de L.A.(1)
 |
| Manolo Cruz trabaja este carrito en la venta de frutas en el barrio de Highland Park, en Los Angeles. |
Por
Alfredo Santana
Manolo Cruz inició en el 2012 una micro empresa para vender fruta picada en un carrito especial de aluminio en el
vecindario de Highland Park, al noreste de Los Angeles. A sabiendas de los
gustos de muchos residentes, Cruz pensó poder ganarse la vida armando cócteles
con piñas, naranjas, pepinos, cocos y sandías.
Igualmente Cruz decidió convertirse en su propio
jefe, e independizarse de trabajos en la construcción en una región que considera
aún muestra resagos de la Gran Recesión. Con ganacias diarias de entre $100 a
$150, este vendedor paga el alquiler de su casa, mantenimiento de su camioneta
y apoya a su hijo, un jóven adulto de casi 25 años.
Temprano, Cruz toma su carrito, nombrado “Genesis
Fresh Fruits” de la comisaría donde lo guarda por las noches, lo limpia y lo
carga con hielo y frutas frescas. A las 10 a.m., Cruz comienza sus ventas en la
esquina de las calles North Figueroa y Avenida 57, y cierra entre 5:30 y 6 p.m.
Cruz es uno de miles de vendedores en el condado de
Los Angeles quienes marcan a la región con la venta de comidas saludables, e
influencían un cambio para mejorar la salud de sus clientes. El arreglo de las
frutas en los contenedores de plástico invita a los clientes
a comprar estos alimentos a precios módicos.
Sin embargo, la falta de licencias para operar estos negocios con la
municipalidad de Los Angeles arriesga su trabajo, y a veces lo forza a tomar
decisiones imprevistas.
Datos del condado de Los Angeles indican que 50,000
vendedores callejeros de comidas operan en el condado, y unos 5,000 se dedican
a vender comidas saludables. El censo de los Estados Unidos indicó que en el año
2015 unas 10 millones de personas fueron residentes del condado de Los
Angeles.
Al instalar su carrito por las mañanas, Cruz lo
transporta en su camioneta Ford Ranger, la que estaciona en un lote ubicado a media cuadra del punto de venta. Ahí lo desmonta y lo rueda hasta llegar a su sitio,
ubicado frente a un negocio de venta de ropa para mujeres llamado Fashion 21.
Cruz mencionó que invierte de entre $100 a $150
diarios en frutas y equipo para el negocio, el que incluye bolsas y vasos de plástico,
servilletas y condimentos. Indicó que sus ingresos brutos son de entre $200 a
$300 por día.
Cruz compra sus frutas en el mercado central, y las lleva
hasta la Comisaría Kareem Carts, localizada en el sur de Los Angeles, donde
guarda su carro por las noches. Kareem
Carts es el manufacturador más grande de carros para la venta de comidas en
esta región. También vende una gama de camionetas motorizadas y unidades de
aluminio fabricadas para cumplir con las peticiones del Departamendo de Salud
Pública del condado.
Estas comisarías también alquilan estacionamiento a camionetas
equipadas con estufas y refrigeradores, las que son operadas por sus chefs y
dueños, y a remolques con cocinas para hot dogs y hamburguesas. Las unidades nuevas para vender frutas cuestan de entre
$2,500 a $6,000. Kareem Carts también vende carros económicos por unos $3,300.
Cruz, quién nació en la ciudad de México, indicó que
su actividad está demasiado regulada por los inspectores del condado y policías
de la ciudad, ya que ellos piden que obtenga pólizas de seguro, permisos de
operación y registros que no están disponibles.
“Tenemos que operar desde una comisaría, lo que
representa un costo adicional de $150 al mes, pero esta regla es muy
importante. El condado es muy estricto en ello”, dijo Cruz.
Por el momento, la municipalidad de Los Angeles no
permite venta de comida en las calles, la que incluye a expendios de comidas
saludables, y con frecuencia los trabajadores en el ramo sufren infracciones por
la falta de licencias.
En noviembre del 2013, el concejo de la ciudad,
instado por el concejal del Distrito 14 José Huizar, comenzó a debatir la
posibilidad de legalizar ciertas ventas que cumplan con las leyes estatales y
del condado de salud y ecología. Curren Price, actual concejal del Distrito 9,
también apoya una ley que otorgue licencias a vendedores de comidas
saludables.
Mark Vallianatos, profesor de política urbana y
ecológica del Colegio Occidental, dijo que el mayor obstaculo para los
vendedores “es la falta de obtención de permisos para vender en las aceras”.
Vallianatos, quién fue coautor del libro “The Next Los Angeles: the struggle
for a livable city”, agregó que el segundo asunto en importancia es el de la
preparación de comidas que están en contacto con contaminantes en la calle
mientras se despacha a los clientes.
“Algunos lugares son considerados buenos para vender
debido a la cercanía de paradas de autobuses, o a cajeros automáticos ATM, los
que atraen a mucha gente y provee a los clientes con dinero en efectivo. Otros
son los puntos cercanos a las rejas de entrada y salida de escuelas, adonde
cientos de clientes en potencia atienden por las tardes”, Vallianatos indicó en
su libro.
Tanto Cruz como su vecino Armando Arizpe no han
recibido boletas de agentes del LAPD en los últimos tres años. A pesar de ello, Cruz observa cuidadosamente a
los policías cada vez que rondan cerca de su carrito al norte de la calle
Figueroa, por si las dudas.
“Llevamos una relación cordial con la policía”, dijo
Cruz. “Por lo regular no nos molestan, y nos permiten trabajar en paz”.
Arizpe, otro dueño de un carrito de venta de
cócteles de frutas, quién se ubica a unos pasos de un cajero ATM del banco
Chase, necesita renovar su permiso de salud de $400, o corre el riesgo de que
le decomisen su unidad. Todos los vendedores de frutas deben de actualizarlos entre
julio 1 hasta el 15 de septiembre de cada año.
Arizpe valuó su carro en $3,000, y agregó que los
inspectores les instan a obtener carros nuevos cada tres años con los
aditamentos tecnológicos más recientes.
“No les gusta que tengamos carros viejos o dañados”,
dijo Arizpe mientras le quitaba con un cuchillo la cáscara a una naranja. “Los carros deben de estar en muy buen estado.”
Arizpe registró su micro empresa como “Kevin’s
Fruits” en honor a su hijo, y equipó su carrito con un depósito de agua fría y
caliente con tomas entubadas. El carrito de Arizpe pernocta en la Comisaría La Palma,
ubicada a dos millas al sur de su punto de ventas.
Muchos vendedores de frutas se asocian para
transportar en camionetas grandes “pick-up” de tres a cuatro carritos a la vez, los colocan en sus
sitios asignados por el condado, y los recogen por las tardes. En este campo existen decenas de dueños con dos o más carritos,
contratan a familiares o empleados para trabajarlos, y les pagan sueldos por
comisión de ventas o salarios fijos.
Arizpe calcula ingresos brutos diarios de entre $200
a $320, y al igual que Cruz, invierte entre $100 a $150 al día en productos
para su operación. Indicó que no trabajan cuando llueve, cuando está muy
nublado o cuando cuadrillas de la ciudad reparan las aceras y calles donde
ellos despachan.
También lo remueven cuando compañías de filmaciones obtienen
permisos de la ciudad para montar escenas de películas. Arizpe no tiene conflictos con restauranteros,
ya que su campo es diferente “a lo que ellos venden de comer y beber”.
Lea Microempresarios, Parte 2.
Microempresarios de comidas saludables buscan apoyo de L.A.(2)
 |
| Armando Arizpe se alista a preparar un coctel de frutasel 23 de agosto en Los Angeles. |
Lea Microempresarios, Parte 2.
Pero hace nueve años, cuando Arizpe comenzó su micro
empresa, varios negociantes lo veían con enojo y desprecio. En el 2007, Arizpe trabajó
en Santa Mónica, donde aprendió a operar el negocio, y mejoró su nivel de
inglés como vendedor. En Highland Park existen otros tres vendedores de frutas
a menos de una milla de distancia, pero ninguno le presenta una competencia
seria.
“Antes no tenía permisos de salud, y los carros eran
más viejos y no estaban bien equipados. Ahora todos ven que tenemos
permisos, y ya no nos molestan. De
hecho, me he hecho amigos a varios dueños de negocios cercanos al mio”, dijo
Arizpe.
La mayoría de sus clientes son latinos, y compran
cócteles de $5, $6 y $7.
Cruz piensa introducir una tableta electrónica para
aceptar pagos con tarjetas de débito o crédito, ya que debido al cambio de
población en Highland Park y al aumento de residentes caucásicos, tiene clientes
quienes no cargan dinero en efectivo.
Freddie Agyin, gerente de salud ecológica del Buró de
Servicios de Monitoreo Especial del Departamento de Salud Pública del Condado
de Los Angeles, dijo que existen 293 expendedores de frutas con permisos.
“Todas las unidades móviles deben de registrarse en
el programa de salud del condado antes de aplicar para la obtención de un
permiso de salud pública”, dijo Agyin. “Los permisos son importantes porque nos
indican quienes son los vendedores que operan legalmente en el condado de Los
Angeles. Así nos asegurarnos que cumplan con el código de ventas de comidas
procesadas en California, y protejamos la salud pública”.
Isela C.
Gracian, presidenta de la Corporación para la Comunidad del Este de Los Angeles,
(ELACC) organismo que apoya la redacción de ordenanzas que legalicen la venta
de comidas en la calle, dijo que comenzaron una campaña para convencer a los
concejales de la ciudad de otorgar permisos de negocios a vendedores de comidas
saludables.
“La campaña de los vendedores en las calles de Los
Angeles continúa con su meta de convencer a los concejales para que aprueben
ordenanzas con sentido común de venta en las calles”, Gracian dijo en un correo
electrónico. “La aprobación de políticas urbanas toman tiempo al pasar por
varios comités y por un proceso de audiencias públicas”.
ELACC, organismo que representa a más de 50 grupos
que buscan equidad fiscal hacia los micro negocios y en la salud pública que
involucre a personas de escasos recursos, propuso una serie de talleres
educativos con un año de duración después de que la ciudad apruebe ordenanzas
para registrar las ventas de frutas en
carritos de aluminio.
En ellos se informará a los dueños como operar un
“expendio de comida saludable,” y les ayudarán en el llenado de formas y la solicitud
de permisos. Estas iniciativas definen a la venta de frutas
frescas sin cocer o procesar como “comida saludable”.
Además de reafirmar la
solicitud del “Certificado de Manejo de Comidas” de parte del Departamento de
Salud Pública , ELACC propone que los dueños deberán comprar pólizas de seguro
y tendrán que obtener una licencia estatal de vendedores.
Un reporte redactado por la facultad de leyes de
UCLA, en la división de defensa criminal, instó a Mike Feuer, el fiscal de la
ciudad de Los Angeles, a cesar todas los casos en contra de vendedores de
comida bajo la sección 42.00 del código municipal, hasta que la ciudad apruebe
las nuevas leyes. Pidió que deseche todos los casos y ordenes de arresto
por no presentarse a la corte a contender violaciones ligadas a este comercio.
La clínica legal instó a vendedores de frutas a
trabajar con representantes del LAPD para desarrollar un protocolo que les
garantice un proceso legal justo para defenderse de decomisos y detenciones
injustas, como lo indica la cuarta enmienda de la constitución estadounidense.
El alcalde Eric Garcetti ha dicho que pretende llegar
a un acuerdo con los concejales y los vendedores para legalizar la venta de
comidas y otros productos en las calles. Por su parte, la página de la red de Huizar
dice que él “está comprometido a encontrar un proceso regulatorio de ventas
para asegurar a los consumidores, atender el impacto que sufrirían los
comercios establecidos, y permitir a los vendedores que se apeguen a las leyes
y que participen en la economía local”.
A pesar de toda estas coyunturas legales, la
persistencia de los vendedores de frutas de seguir ganandose la vida ha sido
casi heroica. Inspectores de salud han amenazado a Cruz dos veces con
cancelarle el permiso si no le instala un tanque de agua para lavarse las
manos, y por picar fruta en una tabla removible junto a las puertas del mostrador.
Otro asunto es el de la proclividad de las sandías a
acedarse durante el verano. Los inspectores alegan que las temperaturas de
entre 90 a más de 100 grados Farenheit “coce” a las frutas y pone en peligro la
salud de quienes las consumen.
El condado asigna a 10 inspectores para responder a
quejas de vecinos o clientes relacionadas a la venta de cualquier comida en la
calle. Ellos revisan las condiciones sanitarias del lugar, se enfocan en la
venta y preparación de alimentos que estén en contacto con el esmog y el aire, que estén adulterados, y exigen que las unidades tengan tanques de agua para la
higiene de los operadores.
Por ejemplo, en la ciudad de Huntington Park, los
inspectores se han mostrado más agresivos y multan a los expendedores si no muestran sus productos en recipientes de plástico con tapas.
En el 2014, un inspector obligó a Cruz a tirar toda
su fruta, debido a que preparaba los cócteles conforme llegaban sus clientes, y
no en la comisaría. También le dijo que no debe vender sandías en “días muy
calientes”. Cruz calificó a los inspectores de ser demasiado “exigentes”.
“Es muy fácil para ellos enforzar las ordenanzas,
ya que son empleados del gobierno. Pero nosotros pagamos el precio de nuestros
bolsillos”, lamentó Cruz.
Sin embargo, todos los carritos deben de ser
inspeccionados, y obtener un grado “A” por tener excelentes unidades, y “B” por “estar
en buenas condiciones, pero que tienen detalles por mejorar”.
Además, los vendedores deben de mantener las
banquetas libres para los peatones y personas con discapacidades en sillas de
ruedas y triciclos “scooters”.
El año pasado, el condado comenzó a recibir tarjetas
de identificación consular de inmigrantes de México, Corea del Sur y Argentina
como requisito para expedir permisos de salud para operar expendios de cócteles
con frutas. La mayoría de estos vendedores son inmigrantes, pero existen varias
mujeres dueñas de carritos en el Este de Los Angeles y en el valle de San
Fernando quienes son ciudadanas estadounidenses.
Angelo Bellomo, director del departamento de salud
pública del condado, le dijo a la estación de radio KPCC 89.3 FM, que el
desafío es trasladar a los operadores de estos carritos de una industria “semi-formal”
a otra donde posean unidades nuevas con adelantos estructurales y que sean económicas
para que cumplan con las leyes sanitarias.
Bellomo indicó que existen inversionistas muy
interesados en este campo, pero esperan a que la ciudad resuelva el asunto de
la falta de licencias para desarrollar sus negocios.
Mientras tanto, Manolo Cruz concluyó que su decisión
de operar su unidad de frutas, e independizarse de ciertos empleadores fue
acertada.
“Acá yo soy dueño de mi trabajo, y no dependo de
terceros para ganarme mi salario. Creo que eventualmente las cuestiones legales
con la ciudad se van a resolver”, dijo Cruz.
Este
reportaje fue redactado en coordinación con el Centro Internacional para los
Periodistas (ICFJ). Una beca otorgada por S&P Global Financial Data
Journalism contribuyó a su logro.
lunes, 22 de agosto de 2016
domingo, 21 de agosto de 2016
Evidence mounts on human right abuses in MX(1)
 |
| Teachers and residents of Asuncion Nochixtlan, Oaxaca clash with police on June 19, 2016. |
By
Ines Pousadela
Mexico is experiencing a monumental human
rights crisis. There is abundant evidence of widespread human rights violations
in the country, including torture, extrajudicial executions, enforced
disappearances and violence against journalists and human rights defenders.
As worrying as the hard data is, what’s even
more worrying is the Mexican government’s continued refusal to acknowledge the
situation. In the words of Yésica Sánchez Maya of Consorcio Oaxaca, a civil
society organization, the State “is investing more efforts and resources in
denying the existence of a problem that is apparent [to the whole world] than
in actually solving it.”
Despite constitutional guarantees, the rule of
law is incomplete and highly uneven in Mexico. In states such as Oaxaca, where
protesting teachers recently met violent repression, or Guerrero, where 43
students from a teachers’ college were disappeared and are presumed dead since
2014, civil society organizations and activists face powerful restrictions.
These include violence linked to drug trafficking, the infiltration of local
governments by increasingly diversified organized crime operations, pervasive
corruption, police repression, and severe human rights violations by the
security forces.
In June, Oaxacan teachers took to the streets to protest what
they see as questionable government “education reform”. Over the weekend of June
19 and 20, security forces killed at least nine and wounded dozens in attacks
on the teachers and local residents. A statement
cosigned by several Mexican civil society groups highlighted that Oaxacans live
in a context of “generalized” violence in which social movements – especially
those involving teachers – have been long criminalized by the courts, the
security forces and the media.
Teachers’ union leaders often face judicial
harassment, including arrest and detention. One such arrest took place on June
11, just as the protests climbed. The teachers denounced the arrest as a
politically motivated act of judicial harassment, dismissing the alleged
embezzlement and money laundering charges as mere excuses meant to deactivate
the protest, therefore redoubling their ongoing road blocking strategies. In
the days and hours before violence was unleashed, the authorities turned the
area into a war zone: as tension increased, an air fleet overflew the area and
large numbers of militarized police forces were deployed. Nothing but tragedy
could result from the heavily armed security units facing the crowds.
The same old discussion ensued regarding the
mobilized teachers’ moral virtues (were they peaceful enough?), their tactical
choices (how legitimate is road-blocking, one of their preferred methods of
disruption?), their policy preferences (were they right in opposing education
reform?), and even their subjective reasons for rejecting the government’s
proposed changes (were they afraid of losing their jobs if their performance
was evaluated?). While policy choices are for Mexicans to discuss – and one of
the main grievances expressed in the streets is that the government is trying
to impose a reform rather than submit it to public discussion – there is no
justification of the use of deadly force by state authorities.
Contrary to current best practices regarding
the management of public assemblies, Mexico’s federal government and the state
government of Oaxaca have once again resorted to punitive measures to maintain
public order. They treated roadblocks, historically a part of social movements’
tactics of resistance, as serious crimes. They used the criminal justice system
as a tool to both inhibit protests and punish protestors for engaging in them.
The violent government reaction against social protest on June 19 and 20
therefore came as no surprise. According to the authorities, it was when the
police tried to evict the protestors that unidentified gunmen, apparently not
linked to the protest organizers, opened fire, and chaos followed. Following
the incidents, eyewitnesses agreed that the protestors themselves had been
unarmed.
Read Human Rights, Page 2.
Evidence mounts on human rights abuses in MX(2)
 |
| A flock of live chickens are strewn on the ground after the truck transporting them was burned June 20 in Oaxaca. |
Human Rights, Page 2.
Far from an unprecedented tragedy, this echoed
a similar massacre a decade earlier. Impunity allowed for repetition: as
emphasized by Sánchez Maya, “Nobody has yet been arrested and convicted for the
terrible repression that occurred in Oaxaca in 2006. The state has so far been
unable or unwilling to guarantee access to justice, even in cases where
responsibilities were clear as a result of victims’ testimonies. This has
generated impunity, and therefore permissibility for human rights violations.”
In Mexico, the core freedoms that make up civic space, namely
those of association, peaceful assembly, and expression, are not fully
respected in practice, thus this impunity for violations prevails. According to
data released by the Mexican government, more than 22 000 people have
disappeared in the country since 2007.
A 2016 Front Line Defenders
report, documented at least 8 human rights defenders murdered in Mexico in
2015, while the Mexican chapter of Article 19 documented 23
disappearances of journalists between 2003 and 2015 – an average of two per
year. The latest annual report by
the same organization describes a situation of widespread fear among media
workers, with 397 aggressions against the press documented in 2015 (one every
22 hours, a 22 percent increase since 2014), including 7 murders.
Not surprisingly, the space for free expression,
both in the mainstream media and online, is limited by self-censorship.
Participation in street protest also entails risks, as the smallest spark of
violence by protestors is usually a welcome excuse for the excessive use of
force by the security forces, oftentimes followed by arbitrary detention and
even torture under custody. Several states have legislation allowing police to
use firearms or deadly force to break up protests.
Violence and repression are part of everyday
life in several states and localities across Mexico even though only a selected
few cases eventually come under the international spotlight. The case of the 43
Ayotzinapa students who disappeared on their way to a protest in Iguala,
Guerrero state in 2014 was a turning point in this respect. When Mexican
activists are killed for speaking the truth, or demand explanations from the
powerful, their fellow citizens are not looking away anymore.
Since the disappearance of the 43, there has
been sustained demands for an investigation, which have been vigorously renewed
in the last few weeks. Likewise, the teachers’ repression in Oaxaca pushed
thousands of students and local residents who had so far remained ambivalent
towards the proposed education reform out to the streets in solidarity. Massive
crowds in other parts of the country, including Mexico City, added their
voices. Smaller demonstrations were held in cities across the world as well.
From the streets, the media and international
forums, a loud and clear call is being made to the Mexican government. The
demands are straightforward. First of all, Mexican authorities at all levels
should seek and maintain dialogue with protesting civil society groups, among
them the teachers’ unions. Secondly, they should direct law enforcement
agencies to immediately cease the use of disproportionate force against civil
society organizations and activists exercising their legitimate right to
assemble and petition the authorities.
Third, they should initiate an independent investigation into
the use of force against protestors and all related human rights violations.
Fourth, they should adopt the best practices recommended
by the UN Special Report on the rights to freedom of peaceful assembly and of
association on the management of public assemblies. Last but not least, they
should strengthen and effectively apply the protective institutions already in
place, such as the Specialized Unit to Search for Disappeared Persons and the
Protection Mechanism for Human Rights Defenders and Journalists. In fewer
words, officials should offer effective protection measures plus solid non-repetition
guarantees: these are the formulas for change.
sábado, 20 de agosto de 2016
martes, 16 de agosto de 2016
martes, 9 de agosto de 2016
viernes, 5 de agosto de 2016
martes, 5 de julio de 2016
jueves, 30 de junio de 2016
lunes, 27 de junio de 2016
domingo, 29 de mayo de 2016
sábado, 28 de mayo de 2016
jueves, 26 de mayo de 2016
lunes, 23 de mayo de 2016
martes, 17 de mayo de 2016
Synageva Biopharma's former CEO reaps millions in severance package
 |
| Former Synageva's CEO Sanj K. Patel at NASDAQ stock exchange. |
By Alfredo Santana
Sanj K. Patel, the former chief executive
officer and president of Synageva Biopharma, a Massachussets company which
developed an FDA approved drug to ease the breakdown of fats that cause liver
and spleen damage, reported a severance deal in 2015 worth nearly $15 million,
while he made $7,069,567 the previous year.
Synageva traded in the NASDAQ exchange before
Alexion Pharmaceuticals Inc. purchased it
on May 6, 2015 for $8.4 billion. Previously, Synageva Biopharma merged
with Trimeris in 2011 in an all-stock transaction.
Alexion Pharmaceutical’s corporate headquarters
are located in New Haven, CT, but it also operates offices in Zurich, Switzerland.
Patel’s lavish earnings included a 2014 base
salary of $631,176. However, stock and corporate awards accounting for
$6,028,800 helped balloon his income. The company’s former board of directors
kicked in the CEO’s additional benefits and those for its executive team,
composed of four more members, after they reached production, sales and
registration targets.
Attached to Patel’s benefits was a clause for
“involuntary termination after a change in control” valued at $14,571,756. Of those, $2,044,763
was cash, and $12,526,993 in stock.
In 2014, Patel unsuccessfully tried to get FDA
approval to market Kanuma, its ballyhooed intravenous treatment for a disease
called Lysosomal acid lipase deficiency (LALD). LALD is a progressive
congenital condition caused by an enzyme that fails to break down bad
cholesterol, and causes cirrhosis. The board of directors credited him with
efforts to get the drug’s commercialization, although Kanuma did not get FDA’s
approval until December 2015, seven months after Alexion announced the
pharmaceutical megamerger. The drug is only available through medical
prescription issued by specialists.
Synageva’s board of directors approved a
similar layoff package for former vice president and CFO Carsten Boess. He made
$5,186,498. While at work, Boess claimed $2,532,375, out of which only $374,920
were allocated as base salary.
Chief Operating Officer Robert Bazemore’s
merger layoff landed him $4,674,200.
Before the Alexion purchase, his regular 2014 income summed $3,958,570.
He received a $100,000 cash bonus, stock valued at $1,893,000 and awards for
$1,796,500.
Chief Medical Officer and executive vice
president Anthony G. Quinn grabbed $4,657,621 after Alexion’s change in
control. Before that, his salary was $2,847,898. Glen Williams, vice president
for global technical operations clinched $2,837,427. He had an income of
$2,727,866, and his base salary accounted for $332,800.
Felix J. Baker, an immunologist who graduated
from Standford University, was Synageva’s
board of directors chairman. He was the company’s CEO from 2004 to 2008,
year when Patel, one of eight board members, was named president. The company
had its corporate offices in Lexington, Mass.
The other board members were Stephen Biggar,
Stephen Davis, Thomas R. Malley, Barry Quart,
Thomas J. Tisch and Peter Wirth.
In a 2014 filing with the SEC, Synageva
reported it assembled its executive compensation packages after similar
programs from competing pharmaceutical companies, to retain members for their
experience and previous achievements in the marketing, management and medical
research fields.
“The board of directors is responsible for
overseeing Synageva’s risk management processes,” the file said. “Management
identifies risks in multiple areas, including compliance, financial, strategic,
political and operational risk, and on a regular basis the board of directors
reviews together with management.”
That year the board of directors held five
meetings. The compensation committee met three times, and the nomination and
governance committee once. The
executive team attended an annual stockholders’ meeting.
“In reviewing Synageva’s compensation programs,
Synageva reviews whether compensation policies and practices create risks that
are reasonable likely to have a material adverse effect on Synageva,” the file
said.
After the deal, the news agency Reuters
reported Alexion’s CEO David Hallal said he expected Kanuma sales will top $1
billion. Shares of Synageva Biopharma more than double to $215.74 each after
the announcement of its acquisition.
Alexion paid 0.6581 of its shares for each
Synageva share, plus $115 in cash. Before the deal, each Synageva share cost $95.87
viernes, 13 de mayo de 2016
jueves, 12 de mayo de 2016
miércoles, 11 de mayo de 2016
sábado, 30 de abril de 2016
Al Gore, Apple's board approved CEO's huge compensation
 |
| Former vice president Al Gore and Apple's CEO Tim Cook. |
By
Alfredo Santana
Apple’s CEO Timothy
Cook pocketed more than $400 million from 2010 to 2012, mostly by grabbing
stock shares awarded by the company’s four non-employee directors of the compensation
committee, one of whom is former vice president Al Gore.
Cook, who was promoted
to his current job in 2011, received one million shares titled Reserved Stock
Units, or RSUs, as part of his compensation package. Half of the stock will
vest on August 2016 and the rest on 2021.
Between 2010 and 2012,
CFO Peter Oppenheimer clinched nearly $100 million in a compensation package mixed
with stock valued at more than $92 million, and salaries that crept up from
$700,014 in each 2010 and 2011 to $805,400 in 2012.
As of Sept. 29, 2012,
Cook’s number of nonvested shares were estimated at $750 million, while
Oppenheimer’s had a wealth in stock valued at $166.8 million.
Robert Mansfield,
vice president of technologies, made $85,540,637 last year, but his base salary
was $805,400. Bruce Sewell, who is the secretary and Apple’s chief attorney,
grabbed a total of $68,989,812 in 2012.
Jeffrey Williams,
vice president of operations and the last of Apple’s five executive officers,
pocketed $68,691,612 last year in a combination of stock, base salary and
aggregated incentives.
The compensation
committee drafted a disability or death clause to speed shares’ vesting for the
executive team. If Cook became disabled, or died before the vesting dates, he
or his beneficiaries could cash his stock for $108,648,056. If Oppenheimer ran
the same fate, he or his family have the option to trade stock internally valued
at $57,661,888.
Millard S. Drexler,
Andrea Jung and William Campbell voted alongside Gore to approve Cook’s
compensation package. Each earns $50,000 a year as retainer, plus stock and
additional awards.
In documents filed
with the federal government, Apple reported that Gore received last year
$201,894 worth of stock, matching Jung, Drexler and Campbell’s compensation.
Gore’s income at Apple totaled $257,200.
A summary of the
company’s executive program states the goal is “to attract, motivate and retain
a talented, entrepreneurial and creative team of executives” to lead the
technology behemoth into competitive markets.
Apple’s stock has recently
spiraled down in the heels of lower sales estimated for its IPhones in China
after Cook announced the market for consumers reached a saturation point. The company
also posted its first income decline in 13 years.Yesterday, shares of Apple registered
a drop of 1.15%, and closed at $93.74.
Gore joined Apple’s board
of directors in 2003. Apple is based in
Cupertino, CA.
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