martes, 24 de enero de 2012

Enfoque en tratos suaves para pacientes con OI(2)


La doctora Castillo mencionó que hasta la fecha existen 12 tipos diferentes de OI. Casi todos son mestizajes de los cuatro iniciales, con mutaciones y variaciones en las proteínas del colágeno, codificaciones permutantes de genes específicos de osteoplastos, alteraciones de los colágenos, y señales de fracturas, o lesiones solas ligadas al colágeno oseo.

En conclusión, Castillo indicó que los pacientes con OI tipo IV sufren de una mutación, o modificación del colágeno de OI tipo I.

El énfasis debe estar en terapias y movimientos suaves de los padres a los niños, cargarlos y cuidarlos suavemente al tomarlos del torax, y prevenir la inmovilidad prolongada durante, y después de las fracturas.

“Los padres deben dejar que los nenes se lleven la comida a la boca, y se alimenten con sus movimientos de brazos; deben dejarlos que encuentren posturas propias para hacerlo, y no evitar sus movimientos”, enfatizó Castillo.

El movimiento físico previene enfermedades respiratorias, como bronquitis, y gripas duraderas, fomenta la mejora de musculos que rodean a los huesos, y fortalece el sistema oseo y digestivo.

Por su parte, Almudena March, psicóloga especialista en pediatría, mencionó en segmento llamado “El sentir del paciente con OI”, que los padres deben de cuidar en demasía daños craneoencefálicos de sus niños, y deben de buscar ayuda profesional de psicólogos para tratar la realidad de vivir con niños OI.

Ellos deben de aprender como interactuar con los hermanitos, que quizá se sientan menos atendidos. A veces, los padres pierden la fe, en vez de aceptar la enfermedad como es, dijo March.

“Deben de educarse en la enfermedad, que es crónica, y motivar la adaptación social y familiar del hijo o hija con OI”, dijo March. “La vida es un reto físico y emocional. El niño o niña entran en un duelo cuando se enteran que son diferentes”.

“Los hermanos se encelan, por la falta de sus atenciones, les da resentimiento, vergüenza porque las personas se les quedan viendo a sus hermanos, y se cuestionan ¿Qué va a pasar cuando los padres falten?”, indicó March.

Los padres deben de hacer sentir a sus hijos que no son culpables de la enfermedad de sus hermanos, ya que también familiares cercanos, como primos, tíos y otros llegan a rechazar a las familias con OI.

March dijo que familias con OI necesitan borrar el estigma discriminatorio hacia sus niños de parte de sus familiares, y lograr el apoyo de estos, para que los padres puedan continuar con sus trabajos, los hijos e hijas con sus estudios, y que los niños con OI tengan otras vivencias fuera de sus casa, y experiencias distintas de cuidado con personas distintas.

También deben de explorar la eventual integración de los niños con OI a la escuela, y actividades sociales y recreativas.

"Los tíos, primos hermanos y abuelos pueden convertirse en buenos aliados para asistir en cuidados cuando los padres estén trabajando, o tengan otras ocupaciones", insistió March.

jueves, 19 de enero de 2012

Congreso de OI comienza en México(1)


Por Alfredo Santana

El Congreso Internacional de Osteogénesis Imperfecta (OI) tuvo su jornada inicial el 19 de enero en la ciudad de México, en la que se trataron temas como estudios previos a posibles anestesias, el sentir de los pacientes pequeños con la enfermendad, su rehabilitación ortopédica y terapéutica, avances en el manejo de cirujías, y la incorporación de los niños a sociedad.

Este congreso, en su edición inicial, incluyó exposiciones de especialistas médicos del Hospital Shriners de Montreal, Canadá, de sudamérica y de varios médicos mexicanos, tanto del Instituto Nacional de Pediatría, sede del evento, como de algunos de centros educativos y médicos de Monterrey.

También incluyo una ponencia del director de la agrupación sin fines de lucro Angelitos de Cristal. Este organismo sirve como canalizador de ayuda médica, terapéutica y hasta de algunos recursos para familias con niños que tienen OI.

El panelista inicial fue el doctor Gabriel Mancera, quien se enfoca en asistir a los pacientes que necesitan ser operados para componer fracturas, algunas de ellas comunes, en niños con OI. Mancera indicó que antes que nada, los médicos deben de diagnosticar exactamente la condición médica, previo a considerar una cirujía. Una vez que los síntomas de la enfermedad congénita son detectados, como la esclera azul, huesos frágiles, perdida auditiva en aumento, y deformidad de huesos, el paciente es diagnosticado con OI.

Otros síntomas son problemas cardiovasculares y respiratorios por la tendencia de los pacientes de tener el torax con sus costillas reducidas, síntoma usual de OI.

Una vez que las dimensiones del cuello en relación al abdomen son evaluadas, y que no haya hipertensión del cuello, adjunto a las demás mencionadas, se sopesa la mejor opción de anestesiar al paciente con el menor riesgo posible de atrofiar sus vías respiratorias, y que tenga buenas posibilidades de salir de la operación con buen funcionamiento de estos órganos vitales.

“Antes era muy común que llegaban los pacientes y casi a luego querían anestesiarlos sin conducir estos estudios. Se tienen que evaluar cada caso de cada paciente para después ver la posibilidad de que pueden salir con vida de la cirujía”, indico Mancera.

Por su parte, la doctora Victoria del Castillo, especialista en huesos wormianos, osteoporosis y osteología, mencionó que a partir de 1919 los conceptos científicos sobre OI fueron enfocándose en el colágeno producido por los huesos, para determinar las causas de fondo de OI. Existen dos tipos de colágeno, el Col1A1, y el Col1A2. El colágeno sirve para regular la dureza de los huesos. La mutación de genes del DNA hacen que el colágeno no sea de buena calidad en pacientes con OI.

En adición a los cuatro tipos de OI conocidos por la mayoría de científicos, pacientes y familiares, Del Castillo dijo que existen ocho adicionales, lo que hace existan personas con hasta 12 diferentes tipos de OI. Los menos severos son el tipo I, seguido del tipo IV.

El tipo II es el más severo, y casi mortal desde nacimiento. Mientras que el III es grave, pero las personas con este tipo pueden llevar vidas de buena calidad con cuidados físicos precisos, ejercicios y terapias especiales, y acudiendo con especialistas cuando sufran fracturas.

"OI es un grupo de padecimientos genéticos en la síntesis de colágeno 1, y sus genes de desarrollo de metabolismo", Del Castillo mencionó. La doctora insistió que el buen manejo físico y corporal al asistir al paciente en sus quehaceres es vital para lograr un nivel de vida de mejor calidad.

lunes, 16 de enero de 2012

Argentina busca mejorar redes de agua, cloacas(1)


En Argentina, donde la disponibilidad de agua parece ser superior a la demanda, 11 por ciento de la población todavía carece de acceso a la red, mientras buena parte del resto desperdicia el recurso sin ningún miramiento, según estudios.

El dato corresponde a la investigación realizada por la organización ambiental Green Cross Argentina, publicada a fines de noviembre bajo el título "Agua: Panorama General en la República Argentina" escrito por diversos expertos.

Marisa Arienza, encargada de Misión de la organización en Argentina y una de las autoras del trabajo, explicó que en los últimos años hubo "una mejora sustancial" en obras para el acceso al agua, pero aun así hay desafíos pendientes.

"El principal problema es la inequidad en el acceso. Eso tiene un impacto terrible porque cuando una familia no accede a agua potable consume agua contaminada de pozos y eso trae como consecuencia enfermedades e incluso discapacidades", alertó.

Casi cada mes, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inaugura obras de acceso al agua potable en distritos populosos de la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, servicios de saneamiento domiciliarios y plantas de desechos cloacales en el interior del país.

Al inaugurar una planta de tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de Moreno, la mandataria destacó que "no sólo se trata de nueva infraestructura urbana, sino que aporta al medio ambiente y la salud".

"Cuando se hacen obras de agua potable y cloacas, la gente se enferma menos, son datos concretos de la realidad", expresó. Sin embargo, todavía faltan otras de infraestructura para garantizar el acceso pleno a estos servicios básicos.

El panorama en Argentina es similar al del resto de América Latina donde también hay fuertes inequidades, aunque en algunos países el derroche es menor y en otros las obras para mejorar el acceso permanecen muy retrasadas.

De acuerdo al informe, en la región, donde el recurso es abundante, hay 38 millones de personas (casi siete por ciento de la población) sin acceso al agua segura y en algunos casos deben destinar largas horas del día al acarreo.

Esta tendencia se observa también en Argentina donde hay una gran disponibilidad de agua que convive con la inequidad en el acceso, el derroche y la contaminación por agroquímicos, desechos cloacales y residuos industriales, señala el estudio.

El recurso natural se destina principalmente a la actividad agrícola (71 por ciento), en segundo lugar al consumo humano residencial (13 por ciento), luego a la ganadería (nueve por ciento) y por último a la industria (siete por ciento).

Argentina busca mejorar redes de agua, cloacas(2)


La disponibilidad no es pareja en todo el territorio. Ochenta y cinco por ciento del total de agua superficial que se utiliza proviene de la cuenca del Plata, que nace al sur de Brasil y desemboca en el Río de la Plata.

Pero hay regiones áridas y semiáridas como el noroeste, la región centro-oeste y sur del país, donde el recurso no se brinda con la misma abundancia y hay mayor conciencia del cuidado.

"En general, en Argentina no se valora el agua potable, que tiene un costo de tratamiento que requiere de grandes inversiones y préstamos externos. Hay un derroche importante sobre todo en las ciudades", señaló la experta.

La falta de cuidado del recurso se pone de manifiesto cuando se compara la capacidad de extracción de agua de Argentina con la de Brasil y la brecha en el consumo por persona en uno y otro país.

Según la investigación, Brasil tiene capacidad para extraer 6,950 kilómetros cúbicos de agua al año y cada habitante consume 216 metros cúbicos en el mismo período.

En cambio en Argentina, la capacidad de extracción es de 994 kilómetros cúbicos, mucho menor a la de Brasil, y el consumo es más del triple que en el vecino país: 745 metros cúbicos por persona al año.

De todos modos, esta abundancia no llega a todos ya que hay zonas en el norte del país y en los distritos más pobres y populosos que rodean a Buenos Aires donde el acceso al agua todavía es una materia pendiente.

Según Arienza, en los últimos años "hubo un salto importante" en la inversión que permitió incrementar el acceso de la población al agua de red de 66 por ciento en 1991 a 89 por ciento en la actualidad.

También remarcó que ahora está permeando además la idea de que el agua y el saneamiento son dos caras de la misma moneda, un concepto relativamente nuevo porque hasta hace 10 años se priorizaba el acceso al agua casi en exclusiva.

"Antes se pensaba que lo principal era el acceso al agua, pero ahora agua y saneamiento constituyen una unidad porque si se avanza solo con el agua, las napas subterráneas se terminan contaminando con los efluentes", dijo.

Según los datos que recoge el libro, el acceso a sistemas de desagüe por cloacas, que en 1991 llegaba a 34,3 por ciento de la población, se elevó a 41,5 por ciento en 2003 y a 55 por ciento en 2009 y actualmente supera 65 por ciento.

Los datos sobre éstos déficit ya habían sido destacados por el experto Dan Adaszko, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina en su trabajo "Las condiciones habitacionales y de acceso a bienes y servicios en la Argentina 2010"

Adaszko señaló que no solo la vivienda sino la falta de acceso a servicios urbanos, en los que hubo una mejoría en los últimos años, "son indicadores irrefutables de atraso".

Según el autor, los porcentajes de falta de acceso al agua y saneamiento son promedios nacionales, que se acentúan cuando se trata de hogares pobres, con otros déficit añadidos como la mayor exposición a contaminantes y basurales a cielo abierto.

Obama sued over indefinite detention and torture of Americans act — RT

Obama sued over indefinite detention and torture of Americans act — RT

sábado, 14 de enero de 2012

Judge: Calif. fails to protect disabled parolees - Sacramento News - Local and Breaking Sacramento News | Sacramento Bee

Judge: Calif. fails to protect disabled parolees - Sacramento News - Local and Breaking Sacramento News | Sacramento Bee

Exigen más controles en experimentos humanos(1)


Es necesario hacerle mejoras significativas al sistema de protección de seres humanos en las investigaciones médicas que financia el gobierno de Estados Unidos, tanto en este país como en el extranjero, además de ampliar supervisiones al sector privado, concluyeron expertos en bioética.

Organizaciones que supervisan ensayos clínicos siguen reclamando un control más estricto sobre las crecientes investigaciones realizadas por compañías farmacéuticas privadas en los países en desarrollo.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, encomendó a la comisión de bioética que funciona en su ámbito revisar las normas de protección de seres humanos en ensayos clínicos tras el escándalo suscitado por la divulgación de documentos sobre los experimentos extremos con humanos realizados en los años 40 por científicos estadounidenses en Guatemala.

Los documentos desclasificados indican que investigadores del gobierno de Estados Unidos infectaron de forma deliberada con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual a presos, prostitutas, soldados y enfermos psiquiátricos, la mayoría de los cuales no estaban al tanto del hecho.

Unos 5,500 guatemaltecos, según las Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos de Bioética de Estados Unidos, fueron involucrados en forma deliberada para actuar de cobayos en investigaciones médicas.

Washington se disculpó el año pasado y Obama pidió al panel de bioética que investigara lo que sucedido en ese país y revisara la normativa actual de protección de seres humanos en investigaciones científicas, en especial las realizadas en el extranjero con fondos del gobierno.

La presidenta de la Comisión, Amy Gutmann, señaló que el panel concluyó que la protección es "fuerte" y que "no volverá a ocurrir nada como lo que pasó en Guatemala", en lo que respecta a experimentos financiados por el gobierno federal. Aun así, se necesita más información sobre las investigaciones que apoya el gobierno.

En las 14 recomendaciones que figuran en el informe, la Comisión urgió al gobierno a tener un mayor control sobre los ensayos clínicos que financia. Este país aportó fondos para 50,000 estudios en el mundo en 2010, pero no hay una forma centralizada de conocer sus detalles.

De los 18 departamentos y agencias federales que financian investigaciones médicas en Estados Unidos y el extranjero, el panel descubrió que ninguno de ellos fue capaz de ofrecer información básica sobre la cantidad de humanos involucrados, la cantidad de fondos involucrados o la ubicación geográfica donde se realizan.

Gobierno con capacidad limitada
La legislación federal estipula que los experimentos de "intervención", ensayos con fármacos o dispositivos, se registren en una base de datos centralizada, ClinicalTrials.gov, pero las investigaciones de observación, epidemiológicas, de salud pública y biomédicas con seres humanos no están sujetas al mismo requisito, señaló el informe divulgado la semana pasada.

Debe crearse un portal centralizado en Internet donde cada agencia o departamento registre todas sus investigaciones con seres humanos, indicó el panel, lo que promoverá la transparencia y el acceso público a la información.

Política de compensación de daños
El gobierno también debe adoptar un requisito para que los investigadores o patrocinadores indemnicen a las personas lesionadas por su participación en una investigación médica, señaló el panel. Varias comisiones federales recomendaron dicha política, pero nunca se aprobó ninguna ley.

En Estados Unidos, las personas lesionadas en investigaciones médicas dependen de juicios o del seguro del investigador o de su patrocinador, pero una demanda puede llevar años, y no todos los ensayos aseguran a los participantes en caso de lesión.

La mayoría de los países ricos tienen leyes que obligan a los investigadores a indemnizar a las personas lesionadas durante una investigación médica, señaló el panel.

Annelies den Boer, de la Fundación Wemos, organización de control de ensayos clínicos con sede en Holanda, elogió a la Comisión estadounidense por recomendar una política obligatoria para indemnizar a las personas lesionadas. Pero la carga de la prueba sigue recayendo en los sujetos humanos en muchos lugares, un problema para las comunidades con altas tasas de analfabetismo y pobreza.

"Es un problema, en especial en contextos de bajos ingresos, cuando hay humanos vulnerables involucrados", dijo Den Boer.

Wemos publicó un informe el año pasado en el que presenta las historias personales de sujetos humanos deensayos clínicos en el mundo y las dificultades que encontraron muchos participantes al denunciar las lesiones.

Exigen más controles en experimentos humanos(2)



Europa y Estados Unidos no cumplen con el mundo en desarrollo
Otro problema, indicó Den Boer, es que muchos órganos reguladores, incluida la Asociación Médica Europea, dependen mucho de los controles éticos de los lugares donde se realizan los ensayos clínicos.

Otra de las recomendaciones de la Comisión de Estados Unidos es crear un proceso para evaluar las solicitudes de gobiernos extranjeros de ser reconocidos por tener "protecciones equivalentes", mientras sean "por lo menos equivalentes" a las de este país.

Pero las revisiones no suelen ser buenas en países de bajos y medianos ingresos, como India, donde los comités éticos tienen poco personal y pueden existir conflictos de interés, indicó Den Boer.

Un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud este año detalla la "preocupación" por los ensayos clínicos en India. Según Wemos, los médicos de ese país ganaron 1,500 dólares por paciente incluido en el estudio.

"Además, las compañías farmacéuticas subcontratan a otras, y un estudio realizado por SOMO (Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales) plantea la preocupación de si realizan un control adecuado de la conformidad ética de las empresas que contratan", indicó Den Boer.

La compañía británica AstraZeneca probó sus fármacos en víctimas del desastre químico ocurrido en la ciudad india de Bhopal sin su consentimiento en el hospital destinado a su atención, se reportó en octubre.

El periódico británico “The Independent” informó en noviembre que compañías francesas y estadounidenses, incluidas Pfizer y Quintiles, estaban también involucradas y que pagaron al hospital para poder probar sus fármacos en pacientes sin obtener su consentimiento.

Catorce pacientes murieron durante los ensayos realizados entre 2007 y 2010. Los fármacos y tratamientos que salieron de esos estudios fueron aprobados para su venta al público en Europa y Estados Unidos, según “The Independent”.

Teniendo en cuenta estos problemas, la Comisión estadounidense señaló la semana pasada que los investigadores deben asegurarse que el lugar de investigación elegido para sus experimentos no abuse de personas vulnerables.

El organismo también pidió que sus recomendaciones se apliquen a compañías privadas, no solo a los estudios financiados por el gobierno estadounidense.

La legislación europea señala que los fármacos probados violando pautas de protección, como la Declaración de Helsinki, no deben obtener autorización comercial.

Wemos, con apoyo de miembros del Parlamento Europeo, aspira a presionar a la EMA para que prohíba la venta de fármacos probados en ensayos clínicos poco éticos en el mercado europeo, señaló Den Boer.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) abandonó la Declaración de Helsinki en 2008.

Un representante del lobby de la industria biotecnológica, PhRMA, defendió ante la Comisión de Bioética en noviembre los ensayos clínicos de las compañías privadas en el exterior, arguyendo que los miembros de su organización respetaban a los seres humanos que participaban en sus investigaciones.

Pfizer y AstraZeneca pertenecen a PhRMA, según la lista de miembros que figura en su sitio de Internet.

El representante señaló que "las compañías farmacéuticas fabrican medicamentos que se usan en todo el mundo", según un artículo publicado en el blog de la Comisión.

"¿Es ético probarlos solo en Estados Unidos?", preguntó.

viernes, 13 de enero de 2012

Laberinto por busca de migrantes desaparecidos(1)


En un trance que parece no tener fin, con el dolor y la angustia de no saber qué pasó a sus seres queridos, mujeres centroamericanas y de este país recorren México en busca de respuestas y justicia por parte de las autoridades.

Son las madres y esposas de migrantes que fueron secuestrados por grupos criminales en su camino hacia Estados Unidos. Son las que además de la zozobra, padecen el laberinto burocrático de funcionarios judiciales y de migración que no se hacen responsables del paradero de sus familiares.

La directora de la no gubernamental Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Ana Lorena Delgadillo, dice que ellas son las "víctimas indirectas" de la violencia en contra de las personas migrantes en México.

Son las que se convierten en el sostén económico de sus hogares y encabezan la búsqueda de sus familiares, pese al riesgo que implica indagar delitos del crimen organizado en colusión con autoridades policiacas y migratorias.

De acuerdo con la estatal e independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos, en promedio cada mes 1,600 migrantes son secuestrados en México.

En su búsqueda de los desaparecidos, las mujeres acuden a todas las autoridades, pero su reclamo es ignorado, acusa Delgadillo en entrevista.

La también abogada detalla que junto con comités de madres y familiares centroamericanos, ha documentado la desaparición de migrantes en México desde abril del 2011.

¿Cuál es el papel de las madres y esposas de personas migrantes desaparecidas, en la búsqueda de sus familiares?

Las centroamericanas, como las mexicanas, enfrentan las mismas dificultades, sólo que las de Centroamérica no tienen documentos migratorios y les resulta más costoso desplazarse desde sus países de origen.

"La constante es que sus hijas, hijos o esposos migraron por necesidad, viven en condiciones de pobreza, en las que la única alternativa es migrar porque no hay trabajo en sus comunidades.

"Cuando pierden el contacto con sus familiares ellas asumen el rol de proveedoras, y pese a las limitaciones económicas comienzan la búsqueda de respuestas, de justicia ante autoridades absolutamente descoordinadas, ciegas e insensibles a la problemática", denuncia la activista.

Agrega que ellas deben sortear obstáculos como su escasa formación escolar y capacidad económica.

"Una de ellas me decía que no sabía cómo le iba a hacer para ir a la capital, que le dan miedo los carros. Sin embargo se ven obligadas a enfrentar un mundo que para ellas es desconocido y sin ningún tipo de apoyo gubernamental", precisa.

Delgadillo detalla que la barrera más importante para estas mujeres es el "desinterés" de las autoridades y su "total descoordinación". Advierte que "no hay claridad sobre cuál es la instancia que se va a encargar de esclarecer las desapariciones de migrantes".

"Si su familiar salió de Querétaro (estado central), las autoridades locales le dicen que vaya al lugar a donde el migrante se comunicó por última vez", narra la abogada.

Laberinto por busca de migrantes desaparecidos(2)


Vía Crucis

Para las madres y esposas es muy complicado desplazarse, pues en general la última comunicación entre ellas y los migrantes ocurrió desde estados norteños como Tamaulipas.

Por ejemplo, la Fundación para la Justicia tiene documentadas 30 desapariciones en Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, de migrantes provenientes del Bajío, una región que se extiende por varios estados mexicanos.

Las madres y esposas que llegan a los estados norteños fronterizos se topan con autoridades estatales que se deslindan de su responsabilidad.

Lo mismo sucede con la Procuraduría General de la República, la cual les dice "que no tiene competencia aunque haya elementos para justificar su intervención, ya que detrás de estos crímenes está la delincuencia organizada", recalca Delgadillo.

Así, ellas van de "oficina en oficina, buscando a alguien que les dé respuesta y ninguna se las da. Ésa es la realidad de las madres mexicanas y centroamericanas". Estas últimas "van a sus consulados y a las instancias de procuración de justicia de sus países sin tener éxito".

Otra dificultad es que tampoco hay coordinación entre las autoridades de los países centroamericanos y de México.

"El país les cierra las puertas, ni siquiera les dan información, pero esas naciones tampoco han hecho una alianza contundente contra México para exigir que intervenga y defienda a sus connacionales", subraya.

Simulación

¿A qué se debe la falta de resultados si en México hay instituciones y leyes en la materia?

México tiene una estructura sobrecargada; es especialista en crear instituciones que no sirven para nada. Ciudad Juárez es un ejemplo claro, es el lugar donde más se ha invertido en fiscalías, instituciones, comisiones, pero las madres y familiares de las víctimas están en total abandono.

¿Las autoridades se quedan en la simulación?

El Estado mexicano tiene el interés de dar una buena cara a nivel internacional para no tener tanta presión por lo que está sucediendo.

"En las audiencias de la Comisión Interamericana o ante la ONU (Organización de Naciones Unidas), habla de todas las instituciones y programas que trabaja para defender los derechos de las personas migrantes. Lo que hace es simular".

Al desinterés y ausencia de voluntad política para esclarecer los crímenes se suma la falta de protocolos de investigación para encontrar a las personas desaparecidas y para identificar sus restos en caso de ser asesinadas, observa la abogada.

Plantea que la FJEDD, junto con grupos civiles en México y Centro América, trabaja en el diseño de un mecanismo regional que garantice el acceso a la justicia para las y los migrantes y sus familiares.

Visa humanitaria

También considera que de entrar en vigor, la visa humanitaria para migrantes víctimas de algún delito en México, estipulada en la recién aprobada Ley de Migración, sería insuficiente para garantizar que las y los centroamericanos denuncien crímenes en su contra.

Eso por carecer de empleo, vivienda y condiciones de seguridad para permanecer en el país hasta que culmine el proceso penal.

Por ello es necesario crear un mecanismo regional de acceso a la justicia para mujeres y hombres migrantes en tránsito, que permita la continuación del procedimiento sin que las personas tengan que permanecer en México, señaló Delgadillo.

La activista, quien actualmente documenta la desaparición masiva de mujeres y hombres migrantes en el país, refirió que sin la garantía de condiciones de vida digna para quienes han sufrido algún delito, "la visa humanitaria no va a tener impacto en el aumento de denuncias".

Se proyectaba que la visa humanitaria para migrantes entraria en vigor el 21 de noviembre del 2011, fecha de publicación del Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley de Migración en México.

domingo, 1 de enero de 2012

Mexican election favorite dents image with gaffes | Reuters

Mexican election favorite dents image with gaffes | Reuters

Argentina investiga crímenes de dictadura española(1)


Cobró impulso en Argentina una causa judicial sobre graves delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco (1936-1975).

La jueza federal argentina María Servini de Cubría abrió este mes una investigación a raíz de la querella presentadaen abril de 2010 por abogados humanitarios de Argentina en nombre de familiares de víctimas del régimen franquista.

La magistrada reclamó a España nombres de militares involucrados en aquella dictadura (1939-1975), listas de desaparecidos, de fusilados y de niños apropiados, así como la identificación de empresas supuestamente beneficiadas por el trabajo forzado de detenidos, entre otras medidas de prueba.

La jueza había archivado inicialmente la denuncia por considerar que había investigaciones abiertas en España. Pero la Cámara Federal, un tribunal penal de segunda instancia, le ordenó indagar "si efectivamente" la justicia de ese país europeo estaba actuando.

Así, la denuncia volvió a manos de Servini que, en ejercicio del principio de la jurisdicción universal, liberó este mes el exhorto solicitando gran cantidad de material probatorio, como el domicilio de agentes del régimen que aún viven y certificados de defunción de los que fallecieron.

Para reforzar el pedido, los abogados querellantes presentaron a Servini un nuevo documento en el que subrayan que, luego de 36 años de dictadura y otros tantos de democracia en España, "no sólo no existe ni siquiera una Comisión de la Verdad, sino que no hay un solo niño al que se le haya restituido su identidad".

"La causa fue iniciada en Argentina porque todo evidenciaba que ni con un gobierno socialista había voluntad de que prosperara allí", explicó uno de los letrados argentinos, Beinusz Szmukler, en referencia a la última administración del Partido Socialista Obrero Español, que se extendió desde 2004 hasta el 21 de este mes.

Como señal de ausencia de esa voluntad, el abogado recordó el proceso que se sigue en España al juez de la Audiencia Nacional de ese país, Baltasar Garzón,(mostrado en la foto), suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco.

Garzón había aplicado el principio de jurisdicción universal para entender en delitos cometidos por la dictadura de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990) cuando distintas normas nacionales impedían esos juicios en los dos países sudamericanos.

Pero cuando Garzón intentó indagar en crímenes de su país, extinguidos por una amnistía adoptada en 1977, "fue desplazado y ahora corre el riesgo de perder su condición de juez", recordó Szmukler.

A raíz de ese desplazamiento, la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y una decena de organizaciones de derechos humanos de Argentina respaldaron la querella en Buenos Aires de familiares de víctimas del franquismo.

Con base en muchos de los argumentos de Garzón, los abogados presentaron el pedido de investigación ante tribunales argentinos a nombre de seis descendientes de víctimas que viven en este país. El grupo de querellantes se ampliará en los próximos meses, ya que se están presentando nuevos casos de familiares, dijo Szmukler.

Argentina investiga crímenes de dictadura española(2)


Uno de los demandantes es Darío Rivas, de 91 años, quien denunció el asesinato de su padre, Severino Rivas, supuestamente cometido en 1936 por miembros de la ultraderechista Falange Española.

Severino Rivas era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando fue apresado y fusilado. Permaneció como desaparecido durante décadas hasta que, a instancias de su hijo, sus restos fueron hallados en una fosa común. Darío los recuperó en 2005.

"El señor Severino Rivas y los familiares de (otra querellante) Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ a los fusilamientos por la espalda", dice la denuncia.

Holgado es sobrina nieta de Elías García Holgado, quien era alcalde del poblado de Lumbrales y diputado de la occidental provincia de Salamanca. También detenido en 1936, murió ejecutado un año después de su arresto.

Estas circunstancias "son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes", sostiene la querella.

En su presentación, los juristas recordaron que los tribunales españoles ejercieron activamente la jurisdicción universal en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Chile y Guatemala.

El objetivo no es cuestionar la vigencia de la ley de amnistía española, ratificada recientemente ante un intento de derogarla, sino ejercer la jurisdicción argentina respecto de crímenes "que ofenden y lesionan a la humanidad y que permanecen impunes", remarcaron los abogados.

Organizaciones de derechos humanos estiman en 113,000 la cantidad de personas desaparecidas en la guerra civil y el régimen de Franco, muchas supuestamente enterradas en unas 2,500 fosas comunes. Pero habría además unos 30,000 casos de menores supuestamente sustraídos de sus familias y apropiados ilegalmente.

Esas personas habrían sufrido la ocultación de su identidad y permanecen sin conocer su historia familiar y personal, sin que haya causa abierta por esos delitos en España, señalan activistas.

En solidaridad con estos casos, se sumó como querellante la organización Abuelas de Plaza de Mayo,dedicada a la busca de hijos de desaparecidos argentinos que sufrieron secuestro y pérdida de identidad a manos de agentes de la dictadura de este país.

Por eso Szmukler y demás abogados sostienen que la demanda "no se conforma" con una declaración de reconocimiento del genocidio y de compromiso de indagar en la verdad de los hechos.

Ese antecedente existe en Argentina, donde descendientes de armenios muertos en una operación ejecutada por el Estado turco entre 1915 y 1923, lograron que la justicia de este país sudamericano reconociera ese genocidio en una sentencia sin carácter punitivo, emitida en abril.

"En el caso de España, cuando presentamos la querella había al menos 13 militares vivos, y además están los casos de 30.000 personas que desconocen su verdadera identidad", dijo el abogado.

"Queremos una investigación a fondo, que se determine la verdad y se establezcan las responsabilidades. Si no lo hace España, lo haremos acá. Ojalá que haya colaboración", agregó.

Banco genético busca restos de migrantes(1)


Examen de muestras genéticas, tribunales éticos y presión diplomática son las nuevas herramientas que organizaciones de inmigrantes quieren usar para combatir los abusos que padecen los indocumentados en México y Estados Unidos.

El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) logró estructurar un banco de datos de emigrantes desaparecidos, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el gobierno de esa nación centroamericana.

El banco "tiene una gran utilidad, pues facilita la labor de identificación y así crece la esperanza de los familiares de encontrar a los emigrantes desaparecidos", dijo la secretaria general y fundadora de Cofamide, Lucy de Acevedo.

"Era nuestro sueño más grande por la gran cantidad de casos y sin mucha información", añadió.

Desde 2010 se reunieron 143 muestras que se analizan y guardan en el estado estadounidense de Arizona, fronterizo con México, que ha permitido la identificación de dos hombres y dos mujeres salvadoreñas.

Por su labor iniciada en 2006, el Comité ha logrado desde entonces conocer la identidad de 59 personas.

En la localidad de Pima, en Arizona, yacen 500 restos de inmigrantes no identificados, contra los cuales se comparan las muestras tomadas.

Miles de centroamericanos atraviesan cada año México, por su cuenta o guiados por traficantes de personas o "coyotes", para ingresar a Estados Unidos sin la documentación requerida. En su camino sufren robos, secuestros, maltratos o directamente son asesinados a manos de policías mexicanos o criminales, que usualmente trabajan en contubernio.

Al menos 130,000 centroamericanos indocumentados cruzaron México en 2010 y lograron cruzar hacia Estados Unidos, desde donde luego fueron deportados, según el Instituto Nacional de Migración de este país.

En Honduras avanza también la creación del banco genético, cuyos primeros pasos datan de enero de este año.

"Estamos recogiendo testimonios y documentos de casos. Esperamos que se empiecen a tomar muestras este mismo mes", declare la coordinadora de la Pastoral de la Movilidad Humana de Honduras, Lidia de Souza.

Este ente trabaja con la Asociación Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras, el Foro Nacional de Migraciones y el EAAF.

De Souza integra la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito, compuesta de parientes de hondureños y nicaragüenses perdidos en México, que partió el 29 de octubre de suelo centroamericano y que recorre nueve estados de este país para promover su búsqueda y alertar de los abusos contra los indocumentados.

En Honduras, el material genético será recolectado de 100 familias para cotejarlos con los datos de Arizona.

La desaparición de inmigrantes se agravó desde 2000 debido a la intensificación de la vigilancia fronteriza en Estados Unidos y el aumento de la actividad de los grupos criminales en México.

Tragedias como la matanza del 23 de agosto de 2010 de 72 indocumentados en la localidad de San Fernando, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, han aguzado los temores de los parientes de los inmigrantes desaparecidos.

Esa masacre fue uno de los casos emblemáticos abordados por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que efectuó una audiencia en octubre de 2010 en Ecuador y otra al mes siguiente en México, y que serán la base de la mesa migratoria del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

"Queremos que los casos emblemáticos sean analizados dentro del Tribunal Permanente", indicó el coordinador del Tribunal de Conciencia y académico de la estatal Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Camilo Pérez.

"Con el Tribunal de Conciencia posicionamos el tema de la migración y los derechos humanos", señaló.

Banco genético busca restos de migrantes(2)


Dentro de los siete ejes del TPP se ubica el de las migraciones, refugio y desplazamiento forzado.

Este año se efectuarán talleres en Arizona y en al menos seis estados mexicanos que presentan fuertes fenómenos migratorios, mientras que se proyectan tres audiencias para 2012 y cuatro para el año siguiente. El proceso del TPP concluiría con una sentencia en 2013 o 2014.

En San Fernando sólo sobrevivió el ecuatoriano Freddy Lala, quien vive oculto bajo protección del gobierno de su país.

"Hemos documentado casos de ecuatorianos que han recibido malos tratos en México. Pero las familias están amenazadas y el gobierno no activa su diplomacia para la investigación", denunció Flor Haro, directora ejecutiva del Centro Familiar de Ayuda a Migrantes en Quito.

Las condiciones en que debe vivir Lala y la falta de justicia de su caso en México fueron denunciadas por Haro en su participación en el seminario "Los pueblos en movimiento: tribunales de conciencia, migración y derechos humanos", realizado en noviembre en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde 1994, cuando empezó el Programa Guardíán a cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, han muerto 5,747 personas en la línea divisoria de ese país con México, en su intento por cruzarla, según datos de organizaciones de derechos humanos.

La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México calcula que 2,949 emigrantes de este país fallecieron desde 2004, de los cuales 955 no han sido aún identificados.

En su informe de septiembre titulado "Una cultura de crueldad. Abuso e impunidad en custodia de corto plazo de la Patrulla Fronteriza", la organización no gubernamental No Más Muertes indicó que entre 2009 y 2010 al menos 253 personas murieron en su intento de ingresar a Estados Unidos por Arizona.

Esa organización atribuyó las muertes a prácticas como la guía intencional de inmigrantes hacia regiones sin posibilidad de supervivencia y la dispersión grupal como táctica de detención, el bloqueo de esfuerzos de búsqueda y rescate y la destrucción de ayudas, como botellas de agua, comida y sábanas, que ubican grupos humanitarios en las habituales rutas de indocumentados.

Por eso, organizaciones de familiares de inmigrantes desaparecidos solicitaron que México elabore bases de datos, con material genético, sobre los indocumentados perdidos.

De hecho, la Cruz Roja propuso un protocolo común entre México, América Central y Estados Unidos para facilitar la identificación de las víctimas.

"Queremos un único registro regional con la base genética. Después de la comparación, queremos seguir en la búsqueda en otras morgues, no sólo en Arizona", enfatizó De Acevedo.

La mayoría de las desapariciones de hondureños "pudieron ocurrir en la frontera con Arizona, pues las últimas llamadas a familiares salieron de ahí", lo cual no exime de responsabilidad a México, según De Souza. La red de Comités de Migrantes y Familiares, que reúne a más de 30 organizaciones, maneja 300 casos comprobados y otros 300 están incompletos.