México contradice postura en derechos humanos(1)

Mientras México apoya organismos internacionales pro derechos humanos, muchos en su territorio temen que víctimas de violencia no tengan acceso a ellos cuando las instancias nacionales se extinguen.

México fue un defensor importante de la continuidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la batalla que emprendieron algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos para restarle facultades.

Lo paradójico es que el marcado apoyo mexicano a este organismo especializado del sistema de la OEA, el mismo país ponga trabas a sus ciudadanos que quieren llevar sus querellas.

"México ha dado un respaldo a la labor del sistema y se mantiene en el discurso como un defensor de los derechos humanos", dijo el activista y abogado Simón Hernández. 

"El riesgo es que eso se pueda traducir en cierto control político (de la OEA) sobre las decisiones contra el Estado mexicano", advirtió Hernández, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. 

Esta organización no gubernamental ha llevado a la Comisión casos como el de los casi 80 mineros sepultados en 2006 en Pasta de Conchos, en el norteño estado de Coahuila, y el de las mujeres violadas ese mismo año en San Salvador Atenco durante una represión policial en la que está implicado el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

El problema, dijo Hernández, es que "en los foros internacionales, la postura de México siempre ha sido de una enorme contradicción entre el discurso y los hechos". 

David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, comentó que en derechos humanos "la política exterior mexicana se caracteriza por aceptar todo, apoyar todo, y hacia adentro es otra cosa".

Peña es uno de los abogados que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de ocho mujeres ultimadas en 2001 en la norteña Ciudad Juárez, en un terreno baldío conocido como Campo Algodonero. Por tres de esos asesinatos, en noviembre de 2009 se consiguió la primera sentencia condenatoria a un Estado como responsible de feminicidio. 

Tres años después, México solicitó a la Corte dar por cumplida la sentencia, a pesar de que los feminicidios y la desaparición de mujeres se extendieron a todo el país, amparados por la violencia generalizada que sufre México desde 2006. 

Y de hecho, en el mapa de los focos rojos por feminicidios se destaca el estado de México, el distrito colindante con la capital del país donde se asienta San Salvador Atenco, que fue gobernado entre 2005 y 2011 por el actual presidente del PRI. 

"México ha apoyado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue uno de los países que propuso cerrar la discusión (de las reformas) y yo espero que gane esa postura, pero no sabemos qué repercusión tendrá ese apoyo (en las demandas contra el Estado mexicano)", dijo Peña. 

El sistema de justicia interamericano está formado por dos órganos autónomos que fiscalizan el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos: la Comisión, con sede en Washington, y la Corte, asentada en San José de Costa Rica. 

La Comisión tiene varios cuerpos especiales. El más dinámico es la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que recibe financiamientos externos de casi un millón de dólares anuales. 



Lea CIDH, Parte 2.