Los médicos del hospital público le exigieron la autorización de un tribunal y el juez le negó el derecho a la práctica. Más aún, el ministro de Salud provincial, Hugo Cettour, declaró que si la niña estaba embarazada, estaba en condiciones de ser madre.
Frente a estas presiones, a las que se suman las de organizaciones religiosas y cúpulas de las iglesias católica y evangélica, las familias renuncian al derecho al aborto no punible.
"Esto les pasa casi siempre a mujeres pobres o marginales", dijo la abogada Gabriela Filoni, responsable regional del Programa Litigio del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), que junto a otras entidades logró llegar con uno de estos casos a una instancia internacional.
Como resultado de esa intervención, en 2011 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino a adoptar "medidas de reparación que incluyan una indemnización" a una joven discapacitada a la que se le negó el aborto.
"El plazo del Estado para responder se venció. Sabemos que pidieron una prórroga, pero lo que más queremos es una política pública o una medida legal que permita que estos casos no vuelvan a suceder", subrayó Filoni.
El caso es el de una joven que tenía 20 años en 2006 y que es identificada en la causa por las siglas LMR. Tiene una discapacidad mental permanente y una edad mental de entre ocho y 10 años, según certifican los médicos que la asisten.
La joven, de la localidad de Guernica, en la oriental provincia de Buenos Aires, fue violada por un tío ese año y quedó embarazada. Pero cuando su madre la llevó al hospital para que le practicaran un aborto, los médicos se negaron y la derivaron a otro sanatorio.
En el otro centro se convocó a un comité de bioética que derivó el caso a la justicia. En primera instancia, el tribunal negó la autorización, y más tarde una cámara superior confirmó el fallo.
En la Corte Suprema de Justicia provincial, la madre de LMR consiguió una sentencia favorable que reconoció a su hija el derecho de ser sometida al aborto. Más aún, el tribunal reconoció que el pedido de autorización ni siquiera correspondía.
Pero aun así el hospital se volvió a negar a la práctica, esta vez por considerar que el proceso de gestación ya estaba muy avanzado. La familia debió recurrir entonces al circuito clandestino para la interrupción de un embarazo de 20 semanas.
Para entonces la madre y una hermana de la damnificada habían perdido el empleo por acompañar a la joven en todo el proceso, y habían sufrido el acoso de grupos católicos que presionaban para que desistiesen de la interrupción del embarazo.
"La autorización no era necesaria en este caso, pero los efectores de salud se lavan las manos, y el problema aquí es que al ingresar el caso a la justicia se pierde tiempo y el embarazo sigue", advirtió Filoni.
Según una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro, siete de cada 10 personas consultadas a raíz del caso de la niña de 11 años en Entre Ríos, consideraron que encuadraba en la figura de aborto no punible y que debió practicarse.
Cuando se consulta en general por la despenalización del aborto, el porcentaje de apoyos es menor, pero sigue siendo alto. Sesenta por ciento de los encuestados sostienen que la práctica debería ser un derecho de la mujer y ser garantizado por el Estado.
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