Uno de los pocos que permanece detenido desde 2001 es Mario Villanueva, del PRI, quien gobernó el estado caribeño de Quintana Roo entre 1993 y 1999 y fue señalado por más de 20 testigos como protector de narcotraficantes.
Santiago Castillo espera que las recientes detenciones de alcaldes y de funcionarios sea el inicio de una limpia en la política mexicana.
El PAN por ejemplo, comete errores logisticos. Postula a diputado a Virgilio Mendoza, un ex militante del PRI que fue alcalde en Manzanillo, Colima, cargo del que fue destituido por mala administración del dinero público.
Otro de los candidatos del partido oficialista es Juan Blanco, ex alcalde de la ciudad norteña de Chihuahua, contra quien hay un proceso judicial abierto por peculado y cohecho. También están postulados por el PAN, Oscar Anguiano, acusado de atropellar a un niño de tres años al conducir en estado de ebriedad por una zona del distrito de Puebla, y varios que son parientes de gobernadores estaduales, entre ellos un hermano del gobernador de Baja California, otro del gobernador de Guanajuato, la hermana del gobernador de Aguascalientes y la esposa del gobernador de Querétaro.
En el PRI, el asunto es similar, o hasta peor. Hay varios candidatos a diputados por el estado sureño de Oaxaca que han estado vinculados a actos de represión contra movimientos sociales, como Jorge Franco y Elpidio Concha.
Además está como candidato el ex alcalde de la capital de Oaxaca, Manuel Esesarte, contra quien la fiscalía general tiene abierta una investigación por peculado, falsificación de documentos y uso indebido de atribuciones. También se postulan varios hijos de políticos de la vieja guardia del PRI.
El izquierdista PRD lanzó como candidato a Mario Moreno Conrado, un ex alcalde del estado de México, quien ha sido acusado por la fiscalía general y testigos de pertenecer a una banda de secuestradores.
Otro candidato de esta agrupación es Domingo Rodríguez, un ex presidente municipal de una población del estado de San Luis Potosí. La legislatura de ese distrito local inhabilitó en 2007 a este político por un año para ocupar cargos públicos por irregularidades financieras cometidas en su administración municipal.
Tanto el PAN, el PRI como PRD postularon además a viejos políticos y ex funcionarios públicos de gobiernos pasados.
"Algunos de los nombres que aparecen en las listas (de candidatos) son de personas asociadas con la corrupción, el narcotráfico y pésimos ejercicios de administración o gobierno en el pasado y, sin embargo, nada de eso les impide aparecer ahí como distinguidos miembros de sus partidos", señaló Luis Rubio, director del no gubernamental Centro de Investigación para el Desarrollo.
Las campañas electorales, que por ley son financiadas exclusivamente con dinero del Estado, iniciaron formalmente a inicios de Mayo.
El independiente Instituto Federal Electoral ha exhortado a los partidos a vigilar que entre sus candidatos no haya personas vinculadas al narcotráfico, tras aclarar que entre sus atribuciones no está la investigación exhaustiva de los antecedentes de los postulados. Todas las encuestas coinciden en que hay un marcado desinterés ciudadano frente a las elecciones de julio y que a ese tenor es muy probable que el día de las votaciones acudan menos de 35% de los 77.4 millones de ciudadano habilitados para sufragar.
El PRI lleva una ligera delantera en los sondeos, seguido de cerca por el PAN y en un lejano tercer puesto el PRD.
"La noticia de que hay varios alcaldes coludidos con el narcotráfico desaliente aún más el interés ciudadano, la distancia entre la población y los políticos se ensancha", dijo Santiago Castillo de la UAM.
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