Se disipan algunas de las nubes que tradicionalmente ocultaron en México la relación entre política y narcotráfico. La penultima semana de Mayo fueron detenidos 10 alcaldes del estado central de Michoacán y 17 funcionarios, claves en temas de seguridad del gobierno de ese distrito, por sus presuntos vínculos con las mafias.
Los alcaldes detenidos militan en los tres principales partidos mexicanos: el gobernante Acción Nacional (PAN) y los ya conocidos el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
En cuanto a los funcionarios del gobierno estadual, entre los detenidos están una ex secretaria de Seguridad que fungía como asesora del gobernador Leonel Godoy, quien milita en el PRD, un fiscal de alto rango, el comandante de la llamada Policía Ministerial, el director del Instituto Estatal de Formación Policial y el subsecretario de Seguridad Pública.
Las aprehensiones de las últimas horas constituyen una acción policial inédita por la cantidad de involucrados, pero el resultado "no me sorprende demasiado", dijo Javier Santiago Castillo, politólogo y maestro universitario de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La relación entre narcotráfico y política, "está cada vez más clara", sostuvo Santiago Castillo.
Las detenciones en Michoacán, realizadas por la policía federal, se registraron horas después de que autoridades del gobierno de Felipe Calderón informaran que se capturaron a miembros de un grupo de narcotraficantes y secuestradores denominado "La Familia", que opera en ese estado y el de México, vecino a la capital del país.
El politólogo de la UAM advirtió que es muy posible que entre los más de 6,000 candidatos a las elecciones del 5 de julio existan personas vinculadas con el narcotráfico al igual que lo estuvieron al parecer los alcaldes detenidos en los dos últimos días. "Es muy difícil evitar la contaminación de la política", cuando los vendedores de drogas en México tienen tanta fuerza y dinero, consideró Javier Santiago.
Desde el inicio de la administración del presidente Calderón, en diciembre de 2006, una ola de violencia ligada al narcotráfico cubre a México. Sólo de enero a marzo se registraron 1,600 asesinatos vinculadas a la lucha entre y contra las mafias.
Además, han quedado expuesta la corrupción de numerosos funcionarios. En 2008 un promedio mensual de 426 policías de diferentes rangos fueron destituidos o arrestados por sus nexos con el crimen organizado, entre ellos el ex jefe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el jefe en México de la Interpol (Policía Internacional) y el coordinador de la Policía Federal.
Las dirigencias de los partidos políticos niegan tener cualquier vínculo con los narcotraficantes y aseguran haber sometido a todos sus candidatos a un estricto examen.
En julio se elegirán 500 diputados nacionales y a otras 1,128 autoridades en 13 estados entre ellos gobernadores, alcaldes y legisladores locales.
Entre los candidatos a los diferentes cargos hay varios que tienen antecedentes de corrupción y otros que llegaron a postularse por el hecho de tener vínculos familiares con viejos dirigentes políticos o con ex funcionarios.
El historiador Lorenzo Meyer, del Colegio de México, considera que el crecimiento del crimen organizado y la contaminación de la política con esos grupos tienen origen en los gobiernos del PRI, que gobernó México de 1929 a 2000 y que a su entender toleró el crecimiento de los narcotraficantes.
En los últimos 20 años, bajo gobiernos del PRI y del PAN, las detenciones de figuras importantes del poder político o empresarial por delitos de corrupción o de cuello blanco han sido hechos excepcionales.
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