Argentina: deuda odiosa o mala gestión(2)

El juez neoyorquinoThomas Griesa. 

Fondos, parte 2. 

Y en un nivel más fundamental, la culpa recae en un plan monetario mundial cuya base es la deuda y que obliga a la quiebra de algunos países como una necesidad matemática. Como en el juego de las sillas musicales, algunos jugadores deben quedar afuera.

La mayor parte del dinero actual entra en circulación como crédito o deuda bancaria. La deuda con intereses siempre crece más rápidamente que la oferta de dinero, ya que siempre se debe devolver más de lo que el préstamo original había generado. Nunca hay dinero suficiente para todos, a menos que se acreciente lo adeudado.

Como señala el economista Michael Hudson, el sobreendeudamiento crece exponencialmente hasta que el pago se hace imposible. El país se ve obligado al default.

¿Mala gestión fiscal o deuda odiosa?

Además de la imposibilidad del cumplimiento, existe otra defensa que Argentina podría argumentar ante la corte internacional: la “deuda odiosa”.

También denominada deuda ilegítima o execrable, esta teoría jurídica sostiene que la devolución de la deuda externa que un gobierno contrajo contra los intereses del país no debe ser exigible.

Varios países emplearon con éxito ese argumento, entre ellos Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa declaró en diciembre de 2008 que la deuda ecuatoriana había sido contraída en el pasado por gobiernos corruptos y despóticos. El argumento de la deuda odiosa permitió que el país sudamericano redujera la suma adeudada en 70 por ciento.

En un artículo publicado en Global Research en noviembre de 2006, Adrián Salbuchi realizó una defensa similar de Argentina. Rastreó el origen de los problemas del país a 1976, cuando su deuda externa era un poco menos de 6,000 millones de dólares y representaba una pequeña parte del producto interno bruto (PIB).

El 24 de marzo de ese año una dictadura cívico-militar derrocó al gobierno elegido constitucionalmente de la presidenta María Estela (Isabel) Martínez de Perón y nombró ministro de Economía a José Martínez de Hoz, que tenía estrechos vínculos con poderosos intereses de la banca privada internacional.

Con el respaldo de la dictadura, Martínez de Hoz aplicó sistemáticamente políticas y leyes económicas y financieras de alto poder destructivo, especulativas, ilegítimas e incluso ilegales, que multiplicaron la deuda pública casi por ocho a 46.000 millones de dólares en unos pocos años.

Todo esto estuvo íntimamente vinculado a los intereses de los grandes círculos bancarios y petroleros internacionales que, en ese momento, necesitaban con urgencia reciclar enormes volúmenes de “petrodólares” generados por las crisis petroleras de 1973 y 1979.

Esos capitales no se invirtieron en la producción ni en la infraestructura industrial, sino que alimentaron la especulación en el mercado financiero argentino de los bancos y corredores locales e internacionales que aprovecharon las altísimas tasas de interés en pesos argentinos ligadas a un tipo de cambio del dólar a medio plazo estable y poco realista.

Salbuchi describe la posterior caída de Argentina en lo que se convirtió en una trampa de deuda por 200,000 millones de dólares, de la cual gran parte era “deuda odiosa” y no debería pagarse.

“Hacer que el Estado argentino – es decir, el pueblo de Argentina – soporte todo el peso de esta tormenta equivale al genocidio y el terrorismo financiero”, según Salbuchi.

“Argentina experimenta actualmente graves dificultades, con más de 50 por ciento de la población sumergida en la pobreza”, añade.

“El Derecho universal básico le otorga al pueblo argentino el derecho de defender legítimamente sus intereses frente a los diversos actores multinacionales y supranacionales que, abusando del enorme poder que ejercen, directa y/o indirectamente impusieron complejas acciones y estrategias que condujeron al problema de la deuda pública”, sostiene.