miércoles, 30 de noviembre de 2011

Feminicidio se incorpora a códigos penales(2)


En la discusión convocada por Cladem en Buenos Aires y publicada en octubre con el título "Contribuciones al Debate sobre la Tipificación Penal del Feminicidio", algunas sostenían que la figura puede ayudar a crear conciencia entre los jueces.

Los funcionarios aún hoy consideran que los celos pueden ser un atenuante en estos casos, y se siguen utilizando conceptos como el de "crimen pasional", la "provocación" de la mujer o la "emoción violenta" para justificar la barbarie, recordaron.

No obstante, la mayoría de las expertas descree de esta vía. La viceministra de la Mujer de Perú, Rocío Villanueva, analizó en el debate la experiencia de su país, donde no existe el feminicidio pero se trabaja con eficacia para prevenirlo.

Perú creó un observatorio dependiente del Ministerio Público que registra cada año los homicidios por violencia sexista y detalla el proceso previo de denuncias de la víctima para identificar las fallas del Estado en la prevención.

Algunas expertas, por ejemplo, propusieron medidas alternativas como la de arrestar al agresor por desacato, si incumple la orden de exclusión del hogar dictada por la justicia luego de un primer ataque.

En cambio, entre los países que incorporaron el feminicidio, los resultados no son alentadores. Uno de los pioneros fue Guatemala donde organismos internacionales alertan de una epidemia de asesinatos por desigualdad de género.

De 2000 a 2010 más de 5,200 mujeres fueron asesinadas en ese país, según la policía. No obstante, desde que en 2008 se incorporó el feminicidio, el crimen persiste y la figura no parece efectiva ni para prevenir ni para sancionar.

"La mayoría de los agresores en Guatemala son condenados por homicidio agravado, porque es difícil probar el feminicidio que exige mostrar las relaciones desiguales de poder, la misoginia, o el odio de género", advirtió Chiarotti.

Familiares de las víctimas saben de estas dificultades. En julio, Cristina Siekavizza, una administradora de empresas, desapareció de su casa.

Un mes después, su esposo, Roberto Barreda, huyó con los dos hijos de ambos y se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de su mujer. Una empleada del hogar familiar atestiguó entonces que el hombre había golpeado a la mujer hasta matarla.

"La justicia de este país se mueve lenta cuando se mueve", dijo Juan Siekavizza, padre de la mujer presuntamente asesinada cuyo cuerpo aún no apareció. "Llevamos meses y seguimos igual", se quejó el hombre.

La madre de Barreda, Beatriz de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, está ahora presa por obstrucción de la justicia, por haber movido sus influencias para impedir la captura de su hijo y la ubicación de los nietos, en otro ejemplo de actuación del Estado contra las víctimas de delitos sexistas.

Siekavizza reconoció que Guatemala cuenta con una ley progresista que condena el feminicidio "pero que se aplique es otra cosa", ironizó.

¿Cómo se explica que, pese a las leyes contra la violencia en todos los países siga habiendo tantos hombres que golpean a las mujeres hasta desfigurarlas y las ultimen con cuchillos, armas de fuego, con sus propias manos o quemándolas con alcohol?

La argentina Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, intentó dar una respuesta. "Las leyes, en las que se avanzó mucho en América Latina, no son la respuesta a los problemas".

"Está claro que los estados no son indiferentes a esta forma extrema de violencia y que hay una condena bastante homogénea en la región, pero hay deudas pendientes que no pasan por el plano normativo", remarcó.

Gherardi mencionó la necesidad de contar con estadísticas sobre violencia. Hoy, salvo contados países, la mayoría de los registros de feminicidios están bajo responsabilidad de organizaciones de mujeres que recogen los casos que se publican en diarios.

"Una mejor información nos permitiría mejores políticas", concluyó.

También señaló que hay una segunda deuda del Estado con las mujeres que es el de garantizarles el acceso a la justicia. "La ley penal no es para prevenir; el derecho tiene que dar otras respuestas para que las muertes no sigan ocurriendo", advirtió.

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