domingo, 22 de agosto de 2010

Critican a "Comunidades Seguras" por deportaciones(1)

Un programa gubernamental diseñado para detener peligrosos criminales es usado para deportar a personas que reciben multas de tránsito o cometen delitos menores, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones señalaron que 79% de las personas deportadas a través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) no son criminales o fueron detenidas por delitos leves, como violaciones de tráfico o travesuras juveniles.

De las aproximadamente 47,000 personas deportadas a través del programa, desde su entrada en vigor en octubre de 2008 hasta junio de 2010, sólo 20% fueron formalmente acusadas o condenadas por delitos graves de "nivel uno", como agresión sexual o tráfico de drogas.

Los activistas también señalaron que el programa "sirve como una pantalla de humo para el prejuicio racial, permitiéndole a los oficiales de policía detener a personas basándose en su apariencia y a no ciudadanos sabiendo que serán deportados, aun si son erróneamente arrestados o nunca son condenados".

Las críticas contra el programa proceden fundamentalmente de la Red Organizadora del Día Nacional del Trabajador (NDLON, por sus siglas en inglés), el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia para la Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo.

Las organizaciones dijeron que documentos oficiales obtenidos gracias a la ley de Libertad de Información "revelan un patrón de deshonestidad" en la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que implementa el S-Comm.

El programa promueve la cooperación entre las autoridades migratorias nacionales y la policía del estado respectivo. Los agentes locales pueden aplicar leyes federales deteniendo a inmigrantes indocumentados que comentan delitos para luego derivarlos a la ICE.

Funcionarios de la ICE declararon su intención de expandir el S-Comm a todas las jurisdicciones del país para 2013. Actualmente funciona en 544 jurisdicciones de 27 estados. El programa administra información de huellas digitales a través de la base de datos de las autoridades migratorias.

Los activistas señalaron que la ICE "ha sido deshonesta con el público y con las agencias del orden público locales sobre la verdadera misión y el impacto del S-Comm".

"Aunque la ICE considera al S-Comm una herramienta eficiente y bien confeccionada contra inmigrantes que constituyen una ‘importante amenaza’, en los hechos funciona como un sistema de redadas", añadieron.

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