Demandan al gobierno por 'Comunidades Seguras'.(1)

Tres organizaciones por los derechos civiles litigan al gobierno de Estados Unidos para que divulgue los alcances del programa Comunidades Seguras, bajo el cual policías locales y estaduales participan en operativos federales vinculados al control de inmigrantes.

Las demandas fueron presentadas por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia Inmigratoria de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo.

Esto fue consecuencia de una campaña nacional titulada "Develando la verdad", en la que, durante una semana, una serie de acciones coordinadas en más de 10 ciudades buscaron poner fin a la colaboración policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

"La aprobación de (la ley) SB 1070 en Arizona debería ser prueba suficiente de la naturaleza peligrosa y desastrosa de los programas de colaboración entre el ICE y la policía, como el llamado Comunidades Seguras", dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras.

La gobernadora republicana Jan Brewer promulgó el día 23 de abril la ley SB 1070, que convierte al sudoccidental estado de Arizona en el primero de Estados Unidos que considera delincuente a un inmigrante indocumentado.

"El presidente debería seguir su propio consejo y actuar responsablemente, reclamando la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes nacionales de inmigración", señaló Alvarado.

"En un momento en que la policía y las asociaciones del ICE claramente han fracasado, el ICE pasa rápidamente a implementar el programa de Comunidades Seguras en cada cárcel estadounidense para 2013", dijo la abogada Sunita Patel, del Centro por los Derechos Constitucionales.

"Contrariamente a lo que su nombre indica, este último programa del ICE le brinda menos seguridad al público. No hay dudas de que continuará profundizando el temor y la desconfianza hacia la policía en nuestras comunidades", agregó.

Sobre el programa Comunidades Seguras se sabe relativamente poco. Los críticos sostienen que requiere que la policía local y estadual incluya las huellas digitales de los individuos en múltiples bases de datos al momento del arresto, aunque no se hayan presentado cargos e independientemente de la seriedad de los mismos.

Activistas y abogados señalan que, además de que esas bases de datos pueden contener información imprecisa y errónea, el programa funciona como poco más que un operativo de perfiles raciales para derivar más gente al ya sobrecargado y mal administrado sistema de detenciones del ICE.