Los granos de maíz transgénico en México serán respaldados por 12 proyectos de compañías transnacionales, que apoyaran la producción de estas especies con presupuestos de 382 millones de dólares hasta el 2012.
El gobierno de Felipe Calderón terminó la veda impuesta en 1999 a los granos experimentales transgénicos en terreno mexicano la primer semana de marzo. Muchos activistas y agricultores se mostraron indignados y molestos por esta decisión.
Este grupo indicó que la medida proveerá a las compañías transnacionales con el control mayoritario de la producción del grano, y pone en riesgo la riqueza genética de la graminea criolla, cultivada en México desde hace más de 9,000 años, y cuidada por campesinos y labriegos, quienes la consideran sagrada.
“Los activistas querían decidir por todos los agricultores mexicanos al rechazar la experimentación", dijo Fabrice Salamanca, director de Agrobio México, que representa a las transnacionales de la biotecnología Bayer, DuPont, Monsanto, Syngenta y Dow. Estas compañías llevan a cabo negocios agrícolas en este país. “Esperamos que en agosto se den las primeras aprobaciones para arrancar en campo”.
“Ningún pedido de experimentación es para los estados del sur, donde se cultiva maíz para autoconsumo con las variedades criollas, y donde está la riqueza genética tradicional”, dijo Salamanca.
Las 12 solicitudes para experimentar corresponden a estados del norte de México, donde se concentra el cultivo agroindustrial de maíz, con semillas comerciales híbridas o mejoradas a través de cruzas.
La normativa indica que las parcelas experimentales no podrán exceder las dos hectáreas de superficie, deberán estar a una distancia mínima de 200 metros de otros cultivos y tener barreras naturales, como árboles, en sus perímetros.
Además, se eliminarán de cada planta las espigas para evitar que el polen vuele. Al final, y luego de realizar una evaluación científica del cultivo y la cosecha, el grano resultante deberá ser quemado.
El gobierno publicó el 6 de marzo un decreto que reformó y adicionó disposiciones al reglamento de la Ley de Bioseguridad, aprobada en 2005. La nueva normativa permite siembras experimentales de maíz transgénico con autorización previa de los planes.
El gobierno de Calderón “hizo una interpretación amañada de la ley para permitir la experimentación, todo por presiones de las transnacionales”, dijo Silvia Ribeiro, vocera del no gubernamental Grupo de Accion sobre Erosion, Tecnologia y Concentracion.
La Ley de Bioseguridad, reglamentada apenas en 2008, establece que las autoridades definirán un régimen especial para el caso de los cultivos de maíz. Pero en lugar de eso, “emitieron unas disposiciones reglamentarias de menor nivel que no cumplirá nadie”, dijo Ribeiro.
A pesar de que estaba prohibido sembrar maíz transgénico, desde 2001 se detectan periódicamente trazas de esas variedades en cultivos de algunas parcelas, incluso en el sur donde se plantan semillas no comerciales.
Grandes productores del norte, reunidos en organizaciones como Agrodinámica Nacional, venían demandando autorizaciones para cultivar maíz transgénico con el argumento de que así podrían producir más y mejor.
México tiene una producción anual de 21 millones de toneladas de maíz sobre una superficie de unas 8,5 millones de hectáreas. Más de tres millones de campesinos, la mayoría pobres, se dedican a su siembra con semillas criollas o mejoradas con métodos tradicionales, pero también hay grandes empresas cultivadoras del grano.
Hay ejemplos documentados de transgénicos potencialmente peligrosos. En Estados Unidos, la variedad Starlink fue retirada del mercado en 2000, tras registrarse casos de alergias en consumidores.
Y la variedad transgénica MON-863, patentada por Monsanto, provocó daños en ratas durante experimentos.
Pero no hay datos concluyentes. Connotados científicos apoyan los cultivos transgénicos, mientras otros los rechazan.
Greenpeace, organizaciones campesinas y un conjunto de investigadores nacionales de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad realizaron en los últimos años numerosas movilizaciones y debates para oponerse al maíz transgénico.
Las transnacionales someten a los agricultores a un tipo de esclavismo, pues los obligan por contrato a cultivar sólo sus semillas originales y les prohíben guardar los mejores ejemplares de una cosecha para la próxima siembra, práctica ancestral de mejoramiento en la agricultura humana, afirman.
Pero lo que más preocupa es que las variedades transgénicas, al ser liberadas al ambiente, podrían acabar con la diversidad biológica del maíz criollo, e incluso podrían llegar a alterar toda la alta biodiversidad del país.
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