Tres miradas sobre la política de drogas de EU(1)

Mapa de las ciudades en Estados Unidos por donde ha pasado la Caravana por la Paz y la Justicia. 

Todos los días, en la capital de Estados Unidos, se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas en la región. Aquí están, por ejemplo, las oficinas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Americanos. 

Washington ha sido clave en la historia de América Latina, desde las intervenciones militares que patrocina hasta su aval para salvar economías en riesgo. Pero poco se habla de su responsabilidad directa en dos de los mayores problemas de la región:

Uno, el flujo de migrantes que abandonaron sus países cuando la Casa Blanca y el Kremlin jugaron a la Guerra Fría en América Central. Y dos, la penalización de las drogas.

El presidente Richard Nixon (1969-1974) sentó las bases de la actual política persecutoria después que el nivel de consumo en los estadounidenses se elevó exponencialmente en los años 60.

Lo que nunca se ha reconocido es que el número de adictos a las drogas ilegales creció por el apoyo de la Casa Blanca a los productores de opiáceos, como la entonces Vietnam del Sur, ni tampoco la promoción directa del consumo que hizo entre sus soldados para resistir el infierno de la guerra que perdieron.

Tampoco se habla del beneficio económico que deja el combate al narcotráfico para los fabricantes de armas, ni del presupuesto millonario asignado a la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Después de recorrer 8.000 kilómetros desde América Central, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia llegó a esta ciudad, que alberga la Casa Blanca, sede de la Presidencia, y el Parque Lincoln, testigo de muchas manifestaciones por los derechos civiles y donde Marthin Luther King dio su emblemático discurso por el trabajo y la libertad en 1963.

Los activistas promueven el cambio de enfoque en la política de drogas. Las posturas son diversas, pero todos coinciden en la importancia de abrir la discusión.

Aquí, tres posturas que apuestan a un cambio de paradigma para las comunidades que sufren las consecuencias de esta política.

1) Con reservas, la legalización para la población blanca de clase media

En Estados Unidos, las víctimas invisibles de la guerra contra las drogas son los afroamericanos y los latinos, dice el activista Marco Castillo.

Entonces comienza a lanzar una serie de cifras que lo explican: 37 por ciento de las personas presas en cárceles federales son latinos por delitos no violentos vinculados a las drogas; 20 por ciento de los presos en prisiones generales son latinos, siendo ellos el grupo étnico migrante más bajo, con 17 por ciento.

 “Discriminación, marginación económica, social y política, eso es lo que vemos. El tráfico de drogas, de armas, de personas, encuentra en las comunidades latinoamericanas condiciones para arraigarse porque la gente busca desesperadamente trabajo, tiene intereses de desarrollo y las opciones que el Estado provee no son suficientes”, dice Castillo.

“Por ahí es por donde se ha ido desarrollando esta industria, en las comunidades más pobres de Estados Unidos y América Latina, entonces se fortalece el estereotipo de que los latinos son traficantes, ‘gangueros’ o miembros de bandas delictivas y una vez más, se desarrollan políticas públicas de criminalización y persecución”, añade.

El activista mexicano, director de Asociación de Apoyo a las Familias Migrantes (Apofam) celebra las recientes legalizaciones del consumo de drogas que se han dado en distintos estados de Estados Unidos, como Colorado, Oregón, Washington y Alaska.

Lea Narcóticos, Página 2.