La decisión del gobierno de Ecuador de iniciar los pasos para
explotar parte del petróleo de una de las zonas más biodiversas del planeta, el
Parque Nacional Yasuní, desencadenó alarma general entre ambientalistas e
indígenas, que demandan realizar un referendo al respecto.
El president Rafael Correa ordenó archivar el 15 de agosto la Iniciativa Yasuní-ITT, destinada a dejar en el subsuelo la riqueza
hidrocarburífera del parque amazónico a cambio de una compensación económica
internacional, por la falta de aportes al fideicomiso abierto con ese fin.
La decisión da luz verde a la empresa estatal
Petroamazonas para que comience operaciones exploratorias en el parque, según
el decreto que pone fin a la iniciativa.
Los opositores a la explotación alertan de la
afectación que sufriría la fauna, la flora y los pueblos en aislamiento
voluntario (tagaeri y taromenane) si se concreta la incursión petrolera en el
área protegida más grande del Ecuador, con 982,000 hectáreas.
Por ello, el 22 de agosto, la Confederacion de Nacionalidades Indigenas
(Conaie), (Conaie), la
Confederación Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), y la Confederación de Estudiantes
Universitarios y Acción Ecológica, entre otras organizaciones, presentaron ante
la Corte Constitucional su propuesta de referendo que, para ser aceptada, requiere
el respaldo de 584,116 firmas, cinco por ciento del padrón electoral.
La pregunta que se plantearía a la ciudadanía
es “¿Está usted de acuerdo que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del
ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo suelo?”
Correa instó a la ciudadanía a recoger las
firmas y dijo tener la seguridad de que su propuesta de extraer el crudo del
Yasuní, con el propósito de incrementar la obra pública con esos fondos,
resultaría vencedora.
El
gobierno asegura que solo se intervendrá una extensión de menos de uno por mil
de Yasuní, situado en el norte del país, y que no incidirá en la vida de los
pueblos aislados, ya que los campos que se explotarían (Ishpingo, Tambococha y
Tiputini, ITT) están alejados de la llamada zona intangible, donde habitan esas
nacionalidades.
José Lema, presidente del Colegio de
Ingenieros Geólogos del Ecuador, dijo que es posible que la extracción se
produzca como lo plantea el gobierno.
Como antecedente, citó los trabajos que Petroamazonas realiza en el campo Pañacocha, ubicado en otra
norteña reserva natural, que ha recibido reconocimientos internacionales por
sus buenas prácticas ambientales.
“Petroamazonas viene desarrollando trabajos
similares en esa área, donde existe una afectación temporal, mientras se
realiza el oleoducto solamente” afirmó.
El experto considera que lo primero que se
debe realizar es una nueva evaluación de la zona para rediseñar el plan de
explotación.
“Puede cambiar, porque la metodología que se
uso en un principio (1993) fue una sísmica 2D”, que “determinó un nivel de
reservas de 920 millones de barriles” de crudo, analizó.
“Pero cuando se tenga una información más a
detalle, con una valoración volumétrica, se conocerá un volumen más real y, con
toda seguridad, será mayor a lo identificado”, adelantó.
"No sorprende"
que países ricos no hayan cumplido su parte en esta iniciativa, dijo la
analista de política internacional de Amigos de la Tierra, Karen Orenstein.
"No se precisa más que mirar las arcas casi vacías del Fondo Verde para el
Clima para notar que los Estados industriales no cumplen lo que prometen cuando
se trata de dinero para que las naciones en desarrollo hagan frente a la crisis
climática que ellos crearon", añadió.
"Esto es especialmente cierto para Estados Unidos, históricamente el principal contaminador del clima, pero miserable cuando se trata de finanzas climáticas internacionales", dijo Orenstein.
Las potencias industriales aceptaron dotar 100,000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, creado en 2010 por las Naciones Unidas para ayudar a los países pobres a mitigar y adaptarse al cambio climático.
"Esto es especialmente cierto para Estados Unidos, históricamente el principal contaminador del clima, pero miserable cuando se trata de finanzas climáticas internacionales", dijo Orenstein.
Las potencias industriales aceptaron dotar 100,000 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, creado en 2010 por las Naciones Unidas para ayudar a los países pobres a mitigar y adaptarse al cambio climático.
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