Yasuní enfrenta a ciudadanía y gobierno de Ecuador(2)

Yasuní, Parte 2.

El Fondo estableció ya una secretaría en Corea del Sur y entraría en operaciones a fines de 2014, pero la recaudación de recursos va extremadamente lenta y la mayoría de los aportes se han gastado en la puesta a punto de la iniciativa. 

Aun así, algunos mantienen la esperanza de que se concreten aportes significativos a fines de año, durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Más allá de los cuestionables aspectos financieros, "extraer crudo del Yasuní será una bofetada a los movimientos sociales y ecologistas de Ecuador y del mundo que promovieron la iniciativa", agregó Orenstein.

Para Lema, lo principal será la adecuación de las plataformas que ya existen en el parque y la manera de introducir los equipos para la instalación. Luego vendrá la perforación de los pozos y la construcción de la tubería.

“Hay que considerar que todo proyecto tiene una alteración, el objetivo es reducirla al máximo con el uso de la mejor tecnología”, dijo.

Wilson Pástor, exministro de Recursos no Renovables del gobierno izquierdista moderado de Correa, en el poder desde 2007, cree que la alarma es infundada porque ya existe explotación de crudo en el parque.

“El bloque 31 fue explorado por (la compañía brasileña) Petrobras, hoy es de Petroamazonas y está dentro del parque”, comentó.

Además, en Pañacocha se producen unos 18,000 barriles diarios, pero el crudo no se procesa ni se toca dentro del área, recordó.

“Igual se va a hacer con el ITT, primero porque ya hay siete plataformas realizadas”, y se perforarán pozos por racimos. “Antes se hacía un pozo por plataforma, ahora se hace 25 pozos en cada lugar, de manera que no se ocupa más espacio”, argumentó.

Lo más contaminante son las instalaciones de tratamiento y separación del agua, el gas y del petróleo, lo que implicaría “prácticamente hacer una refinería y esa refinería no se va a hacer en el ITT”, por lo que “la afectación total de la intervención será de 190 hectáreas”, aseveró.

Tampoco se va a generar electricidad en el campo y el oleoducto pasará “totalmente” al margen del parque, en un sendero de tres metros de ancho con material biodegradable para enterrar la tubería.

El exministro asegura que la explotación tendrá un beneficio adicional para el parque. “Hoy el Yasuní no tiene instituciones fuertes que controlen el acceso al parque, pero si Petroamazonas entra habrá recursos para protegerlo”.

El gobierno prevé que el campo Tiputini produzca sus primeros barriles en dos años, Tambococha, 12 meses después e Ishpingo otro año más tarde.

Pero a los colectivos sociales no compran los argumentos de Correa y su gobierno.

María Paula Romo, exconstituyente del partido Ruptura 25, aseguró que el gobierno dejó de lado el artículo 57 de la Constitución, que prohíbe los procesos extractivistas en zonas donde vivan pueblos aislados.

Ese artículo indica que “los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”.

Y añade que “la violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

Por eso, dijo Romo, “antes de hablar de las especificaciones de los pozos, lo primero es preguntarse cómo se va a justificar frente a la Constitución entrar en un territorio vedado”.

El ministro de Justicia, Lenín Lara, aseguró que no existen pueblos aislados en los campos donde se pretende extraer el crudo, pero ambientalistas y antropólogos lo desmintieron.

“Los taromenanes están siendo cercados por todas partes y, aunque los trabajos se hagan con la mejor tecnología, van a generar presión en esos pueblos”, diojo el periodista y cineasta Carlos Andrés Vera.

Correa decidió archivar su Iniciativa ITT porque de los 3,600 millones de dólares previstos desde su apertura en 2007 se recolectaron apenas 13,3 millones de empresas, personas y países en un fideicomiso administrado por la Organización de las Naciones Unidas.