El golpe de Estado perpetrado en Honduras el 28 de junio muestra que la democracia recuperada en 1982 aún sigue cercada por la alianza militar con el poder económico-político tradicional, según analistas. Las condenas y rechazos al derrocamiento de Manuel Zelaya parten desde todo el continente americano.
"La época de inestabilidad de los años 70 y 80 con regímenes militares parece no haber sido superada como pensamos, al ser nuevamente una alianza cívico-militar la responsable de este retroceso democrático con la salida del presidente Zelaya", dijo el historiador Rolando Sierra, de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
La historia de los golpes militares en Honduras ha estado marcada por la connivencia de sectores políticos vinculados a los históricos partidos Liberal y Nacional, con más de un siglo de existencia.
El golpe se ejecutó el mismo día en que se debía realizar una consulta popular informal para que la ciudadanía hondureña respondiera si estaba a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente para reformar la ley fundamental de elecciones presidenciales, y que, en caso de ganar, su integración se elegiría en simultáneo a las elecciones generales que estaban previstas para noviembre.
El Congreso legislativo, opositor en casi su totalidad, declaró que la convocatoria violaba la Constitución y sostuvo que Zelaya quería la reforma para poder aspirar a la reelección, hoy vedada. También la justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República habían dictaminado en igual sentido.
Zelaya, quien asumió el gobierno en 2006 como líder del Partido Liberal pero a poco de andar se enemistó con sus correligionarios y quedó apoyado por izquierdistas y organizaciones sociales y de derechos humanos, fue sacado de su casa en la madrugada del domingo por un centenar de efectivos militares y puesto en un avión de la fuerza aérea rumbo a Costa Rica.
Tras la expulsión de Zelaya del país, el Poder Legislativo lo sustituyó por quien hasta ese momento era el presidente del cuerpo y por tal el siguiente en el orden de reemplazos, Roberto Micheletti, también liberal pero enfrentado al mandatario derrocado.
"Parece que no fuimos capaces de llegar a otros estadios de mayor democracia, se tuvo que llegar al golpe de Estado y ello demuestra que seguimos siendo una democracia frágil y lo que estamos viendo es que estamos volviendo al pasado", apuntó Sierra.
El ambiente se caldeo cuando Zelaya removió de su cargo a un alto jefe militar, quien se nego a formar parte del dispositivo de seguridad y supervisión de la consulta popular. La Suprema Corte de Honduras le ordenó a Zelaya no removerlo de su puesto, lo que Zelaya ignoró.
A su vez, la socióloga Mirna Flores, comentó que "no se le puede dar salida a un conflicto político con las armas, esas eran las salidas del autoritarismo". "Estamos frente a una crisis del sistema de partidos políticos, donde los dirigentes no aceptan la más mínima apertura a la ampliación de espacios democráticos", añadió.
Honduras es visto hoy como la "antidemocracia de la región, porque lo acontecido revive la historia de los tristemente golpes militares en América Latina", acotó Flores.
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