En Argentina, contratos laborales débiles promueven despidos(2)

Trabajadores estatales protestan en las afueras del Ministerio del Trabajo en Buenos Aires.  

Empleo, Página 2. 

Argentina, la tercera economía latinoamericana, cuenta con 43.4 millones de personas y una población económicamente activa de 19 millones, con una desocupación que según datos oficiales se situaba en el último trimestre de 2015 en seis por ciento, en una cifra considerada insuficiente por los especialistas.

Según Fuentes, del total de 3.9 millones de empleados dependientes del Estado,  600,000 aproximadamente son eventuales, regidos bajo diversas formas de contrato y muchos sin protección social alguna.

De estos 600,000 empleados, 90,000 corresponden a la administración nacional y 510,000 a las provincias y municipios, sin sumar los servicios tercerizados, “otra forma de burlar los mecanismos del empleo público”, sostuvo.

Otro argumento del gobierno para justificar las cesantías es el crecimiento del Estado.

Un estudio de CIPPEC, todavía sin publicar, indica que entre 2003 y 2015 los empleados públicos aumentaron en 55 por ciento, incluyendo la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas.

En ese período se crearon  seis ministerios, 14 organismos descentralizados, 15 nuevas universidades y 10 nuevas empresas estatales.

“Creció el empleo público porque también creció el Estado, y su estructura organizacional. El Estado hoy brinda una cantidad de bienes y servicios que antes no brindaba”, rebatió Diéguez

Aun así, Fuentes opinó que la recuperación del empleo público fue “absolutamente insuficiente”, después del “desmantelamiento” estatal iniciado por el presidente Carlos Menem (1989-1999), durante un profundo proceso de privatización.

“No hay un número excesivo de empleados públicos. Faltan empleados públicos, enfermeros, profesionales en todas las áreas”, aseguró el dirigente sindical.

Pero, a su juicio, el nuevo gobierno argentino considera que hay exceso de empleo público porque “cree en un discurso en el que ya nadie cree, que el mercado va a regular las actividades y administrar un país”.

Para Fuentes, lo que se recuperó en la década pasada fue “el empleo de buena calidad prestacional pero de baja calidad contractual”.

El problema, expresó, es que la gestión pública se basó crecientemente en trabajadores con contratos flexibles, “fácilmente despedibles”, que los convierte en “rehenes políticos”.

En la última década, se crearon unos seis millones de puestos de trabajo, 19 por ciento de ellos en el sector público y el resto en el área privada, donde desde diciembre también se han producido unos 10.000 despidos, según fuentes sindicales.

También cayó el empleo informal, no registrado o negro, como se le llama en Argentina, que pasó de 50 por ciento a 35 por ciento, según los últimos datos, pero todavía afecta a unos cuatro millones de personas, especialmente jóvenes.

“Más allá de la naturaleza de la decisión política de gobierno, de si decide o no renovar contratos, lo que está como cuestión de fondo es la vigencia de la informalidad en el empleo público”, destacó Diéguez.

Eso, dijo, agravado por los criterios de reclutamiento y selección de personal, no basados en concursos públicos, y si en contratos que dependen de “cambios de color político partidarios”.

Para el especialista el gobierno anterior avanzó en la formalización del empleo público.

Pero la gran cuenta pendiente, concluyó,  es que no se repitan casos como los despidos masivos cuando h ay cambios en el poder y que cuando comience una nueva gestión en Argentina, en 2019 “no se tenga que rever contratos, o que si se hace no se asemeje a una caza de brujas”.