En México, militares incrementan violencia femenil(1)

Ellas no pidieron una guerra, pero igual les alcanzó: Griselda y Yosmireli, de cuatro y dos años, murieron con el cráneo perforado por las balas de los soldados. La muerte agarró también a su madre, su tía y un hermano de siete años, en un camino rural del noroeste de México.

Griselda Galaviz, la madre, y Gloria Alicia Esparza, la tía, eran maestras en una remota aldea del estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico, y se desplazaban en el vehículo rústico familiar cuando éste fue abaleado por un regimiento militar. Solo sobrevivieron otras dos maestras y Adán Esparza, esposo, hermano y padre de las cinco víctimas.

Era el 1 de julio de 2007 y la matanza se convirtió en el primer caso conocido de civiles asesinados por soldados dentro de la "guerra" emprendida por el gobierno del conservador Felipe Calderón contra los carteles del tráfico de drogas, que empujó al país a una espiral imparable de violencia.

Oficialmente se reconocen 30,000 víctimas mortales en casi cuatro años de militarización del combate contra los narcos. Pero falta sumar una cantidad no cuantificada de personas huérfanas, viudas, mutiladas, exiliadas y desplazadas.

La estrategia gubernamental incluye la participación activa de las fuerzas militares y ha provocado distintos efectos en la población mexicana, de 108 millones.

Uno, muy claro, es la "invisibilización de la violencia contra las mujeres", dijo David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del Campo Algodonero por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, en que el Estado mexicano fue condenado como responsable.

"Es tal la cantidad de muertos, que no hay una diferenciación entre hombres y mujeres. Y aún peor, no hay distinción entre los motivos de los asesinatos", explicó.

"Si una muchacha es encontrada muerta en la calle con signos de violencia, pero tiene un balazo, está atada o hay a su lado un hombre muerto, entra en el cajón (rubro) de la delincuencia organizada", detalló el letrado. Un ejemplo de este fenómeno es Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, conocida mundialmente por la cadena de feminicidios iniciada en 1993.

El número de mujeres asesinadas en los últimos tres años superó el total de feminicidios de los 13 años anteriores: 575. En lo que va de 2010, los asesinatos por violencia machista suman ya 288.

"Al entrar en el gran cajón de la delincuencia organizada, las familias ya no tienen acceso al expediente ni pueden presionar a las autoridades para que se esclarezca el crimen", explicó Peña. Aseguró, además, que en estos cuatro años "se fueron para abajo" los avances que había logrado la sociedad civil en derechos humanos.

El fenómeno se extiende en todo el país. Un informe de abril de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados indica que desde 2007 se registraron 1,756 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados. De ellos tan solo en tres por ciento de los casos hay sentencia, sin que esté detallado si hubo condenados o no en ellas.

"No hay registros y los que hay son insuficientes", sintetizó la presidenta de la comisión, la diputada Teresa Incháustegui, del opositor Partido de la Revolución Democrática, o PRD.

"Pero el problema no solo son las mujeres muertas o el aumento de su número", dijo Sara Lovera, pionera en México del periodismo con enfoque de género. "Está constatado históricamente: siempre que hay una guerra las mujeres son las víctimas", planteó.

En México, militares incrementan violencia femenil(2)

"La presencia de los militares en las calles aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, las pone en riesgo, genera miedo y sobre todo, no rinden cuentas de sus abusos", explicó.

Lovera puso como ejemplo el caso de Castaños, localidad del norteño estado de Coahuila, donde en julio de 2006 fueron violadas 13 bailarinas en un centro nocturno por un grupo de soldados. De los inculpados, 80 por ciento están libres, recordó.

México es la más reciente expresión en América Latina de la vinculación entre militarismo y violencia de género, el tema que centra los 16 días de activismo contra el maltrato sexista que inicio internacionalmente este jueves 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"En cualquier circunstancia en donde participa activamente el ejército, las mujeres se convierten en botín de guerra y son las más vulnerables a las agresiones", dijo Blanca Rico, directora ejecutiva de la no gubernamental Semillas, promotora de los derechos de la mujer.

El problema, explicó, es que de parte del Estado no hay mecanismo alguno de contención o reparación del daño. Y aún las propias organizaciones están teniendo que replantear sus metas para hacer el diagnóstico que el gobierno no quiere aceptar.

"Es un fenómeno de rebase total. Semillas no había tenido nunca como tema central a las defensoras de derechos humanos porque no había pasado esto que está pasando hoy: un aumento brutal de amenazas, que es constante. Todas se están viendo acosadas, amenazadas", contó.

Los "daños colaterales" de la violencia generalizada en el país todavía no pueden cuantificarse, pero son un poliedro de muchas caras, indican los expertos.

Están, por ejemplo, los casos de encarceladas bajo la acusación de ser "mujeres de narcos", sin que haya pruebas de su participación en algún delito. O el aumento de la prostitución en lugares donde hay campamentos militares. "Es el uso y abuso de las mujeres. Algo que pasaba en regiones muy específicas donde había presencia militar, pero ahora se ha extendido", dijo Lovera.

La organización independiente internacional Human Rigths Watch (HRW) criticó al gobierno por su propuesta de reforma del sistema de justicia militar y de su fuero especial. Este martes 23 demandó que se excluya de la jurisdicción castrense delitos de agresión sexual y violación de los derechos humanos, entre otros.

El Código de Justicia Militar, que data de 1933, actúa para delitos cometidos por personal castrense activo en el desempeño de sus funciones, así estén establecidos en leyes penales ordinarias. Además, no contempla delitos perpetrados por uniformados a civiles, al estar pensado para una situación de guerra. El caso de la familia Esparza es un ejemplo. Cuando ocurrieron los hechos, las mujeres de la ranchería (aldea) Sinaloa de Leyva, donde enseñaban las maestras asesinadas, aprovecharon la llegada de periodistas a cubrir el caso, para congregarse y demandar al presidente Calderón el esclarecimiento de la matanza.

Más de tres años después, la familia no ha recibido una disculpa pública, ni siquiera un mensaje de condolencias. No hay información oficial del juicio militar contra los 19 soldados involucrados.

"Las pruebas existentes indican que los soldados dispararon sin justificación" contra el vehículo donde viajaban las cinco personas muertas y los tres sobrevivientes, asegura el informe "Impunidad uniformada", publicado en 2009 por HRW, basada en Washington.

Migrantes buscan cambios políticos en sus naciones(1)

El mexicano Pablo Rodríguez, que reside en Estados Unidos, ocupa un escaño del parlamento del estado de Zacatecas, en el centro de su país, gracias al trabajo de organizaciones de emigrantes que han luchado por años para recuperar los derechos políticos perdidos al cruzar la frontera.

La conquista de Rodríguez, en las elecciones generales de julio en Zacatecas, conforma un esquema que se repite en otros estados mexicanos, como Michoacán y el Congreso legislativo federal.

"Los emigrantes han logrado una acción más social y política de presencia en sus comunidades, donde son un interlocutor ante los poderes locales. Eso lleva a que puedan incidir en otro tipo de políticas públicas", explicó Alejandro Canales, profesor de la estatal Universidad de Guadalajara.

El fortalecimiento de las organizaciones de inmigrantes y el análisis de su impacto en sus comunidades de origen formaron parte de la agenda de la Acción Global de los Pueblos (AGP) sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Este foro fue llevado a cabo en la Ciudad de México este Noviembre en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La AGP, que reúne a unos 1,500 representantes de entre 120 y 150 organizaciones de todo el planeta, abordó también temas como indicadores estratégicos sobre las migraciones, derechos humanos, cambio climático, políticas públicas y redes y organizaciones.

Las agrupaciones de inmigrantes han ejercido influencia para que los gobiernos de sus respectivas naciones presten más atención a quienes se trasladan, especialmente sin documentos, a otros países.

En el mundo había a fines de 2009 unos 214 millones de emigrantes que ese año enviaron 414,000 millones de dólares a sus países de origen, según estadísticas de la ONU. Una tercera parte se ha desplazado de países del sur a naciones industrializadas.

"Están interesados en aportar para fortalecer las organizaciones en sus comunidades y fomentar sus derechos sociales y políticos", dijo la nicaragüense Lis-Marie Alvarado, coordinadora de Jóvenes en la no gubernamental We Count (Nosotros Contamos), con sede en el sudoriental estado estadounidense de Florida.

We Count aboga por los derechos de los inmigrantes y pertenece a la Florida Immigrant Coalition, que aglutina a más de 10 organizaciones dedicadas a esa misma labor.

Pero en otros países no se ha avanzado tanto. En Nicaragua no se puede sufragar desde el extranjero ni los emigrantes pueden ser elegidos, mientras que los dominicanos sí pueden votar en el exterior.

"No se ha conseguido mucho, salvo el voto en el exterior. Hay interés de los emigrantes, pero no se ha logrado una organización fuerte", indicó Magaly Troncoso, representante del Dominican Development Center, con sede en la oriental ciudad estadounidense de Boston, y también asistente al foro global.

En Estados Unidos viven unos tres millones de dominicanos, especialmente en las ciudades de Nueva York y Boston.

Migrantes buscan cambios políticos en sus naciones(2)

"Se tiene que afinar la agenda migratoria, tratar que el gobierno se comprometa más a ayudar a los que emigran y a los que regresan a República Dominicana", propuso, a su vez, Troncoso.

El Congreso legislativo de ese país caribeño aprobó este año una reforma legal para que cuatro emigrantes asuman escaños. Por eso, los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano mantienen oficinas en los estados del este de Estados Unidos para captar votantes y candidatos.

La AGP ocurrió días antes del IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, una actividad fuera del seno de la ONU que se llevó a cabo del 8 al 11 de este mes en la localidad turística de Puerto Vallarta, 890 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México.

Presidido por México, el Foro surgió en 2006 de una recomendación del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, a cargo de la Asamblea General de la ONU.

"La organización no es suficiente, se necesitan más recursos. El Estado no sabe cómo abordar la emigración, no tiene una política social", refirió Canales, quien está presente en la AGP.

Desde sus escaños, los legisladores emigrantes mexicanos luchan en temas como la asignación presupuestaria para sus comunidades, redes de protección social para los que tuvieron que salir del país en busca de un futuro mejor y apoyo consular ante violaciones a derechos humanos.

En Estados Unidos viven unos 12 millones de latinoamericanos indocumentados, la mitad de los cuales son de origen mexicano.

"El reto es motivar a los emigrantes a formar organizaciones. También luchar contra la discriminación y lograr el acceso a la protección social", planteó Sana.

Working disabilities workshop in Long Beach(1)

By Alfredo Santana

A special workshop that focused on the personal and social benefits of hiring people with disabilities, social programs and regulation that support employment of these individuals, and the type of documents and information needed to clinch a job was conducted on Oct. 30 at the Self-Determination Conference, organized at the Westin hotel in Long Beach.

Michele Mar, an employment specialist with the Harbor Regional Center, said a paid job gives those with disabilities, and people in general, freedom and independence, promotes self-esteem, and turns individuals as contributing members of a community. Jobs also get people out of dependency, and poverty.

Mar said only about 25% of people who live with either a cognitive, or physical disability, have a full, or a part-time job. She said that some regional businesses have embraced a program whereby three, or four people with disabilities are hired, and provided support and on-site coaching with 100% supervision while getting trained to do their job.

Another type of on-site training occurs when an individual is told to stick to a supervisor, usually for three months to get direct coaching. If a bit of extra time is needed, special arrangements can be made, Mar explained.

“Some of these companies are located here in the Long Beach area, such as Mattel, Toyota, Nissan, Costco, and others,” Mar said. “The condition is that these individuals hired receiving minimum wages, or higher.”

Mar explained that after these employees with special abilities become part of any company’s payroll, internal competition from non-disabled employees tends to grow. Therefore, she said it’s important people with disabilities be highly motivated to both hold the job, and endure certain type of internal pressures.

Arthur Kerschner, chief of child labor and special employment enforcement division, with the Department of Labor, said his agency is in charge to enforce federal laws that mandate payment of at least minimum hourly wages for people with disabilities. Currently, the minimum hourly wage in the United States in $7.25 per hour.

He said Section 14 [c] of the U.S. Labor Code helps workers with any disability to get a foot in the workplace. It also provides terminology for what constitutes “real work,” and offers legal guidance on how to forge vocational training for individuals with disabilities. He added his agency conducts “customized jobs” programs, whereby companies work together with the Labor Department, to provide coaching and support for prospective employees, in order to match jobs that meet the employers’ criteria. They help individuals with disabilities to hold paid, productive positions.

Working disabilities workshop in Long Beach(2)

Kerschner said statistical research shows that about 70% of employed workers with disabilities perform at 70% or higher capacity compared to non-disabled employees. However, many work at higher levels of productivity, because in many cases their disabilities are not directly linked to their duties, or abilities required at work. He said he looks forward to continue working with new and current companies who support these kind of rules, laws and programs.

Cassandra Folan, a human resources specialist at Nordstrom, said that after five years of being a recruiter there, she noticed that applicants with disabilities sometimes forget, or fail to provide resumes and cover letters when applying for job positions. She stressed the importance to submit these documents when someone applies for a job.

Folan, who lives with cerebral palsy, indicated sometimes interviews are conducted on the phone, particularly when the job environment is tech-oriented. She suggested all applicants must research the company, find out what market the company conducts business, public deals the company may have clinched, the type of customers, or clientele the company may have, and other items, before setting a job interview.

Folan said “it’s always important to proofread everything, all paperwork before it’s submitted to human resources.”

She advised to look for specific job positions, particularly those where the applicants have experience at other jobs, or have been trained for. Some companies have set up e-profiles, where prospective employees file, and store applications. It’s good to periodically update, and change those profiles, to keep them fresh, Folan said.

In addition, Folan advised to doublecheck the workplace’s correct address, and ensure reliable transportation to get there on time. This is true mainly when an appointment date is set for a job interview. Folan, who works at a Northern California recruitment facility, said it’s smart to check traffic and weather conditions before going to the interview.

“Have a plan B. Being on time to these appointments matter,” she said. Folan added job seekers must check with the interviewer about the dress code for the interview. And ask for a business card. Afterwards, it’s good to send a thank you note via e-mail.

Aside from skills needed to hold a job, the interviews, she said, may focus on how the prospective employee may be able to endure the company’s philosophy, and values. Applicants must make sure they answer these questions as precise as possible.

Given these tough economic times, Folan said, jobs are often scarce, or may not be suited to the job seekers’ skills. Folan said in case applicants are not offered the positions, they must regroup, and continue searching for jobs, until they clinch one.

The self-Determination Conference was sponsored by the Asian and Pacific Islanders with Disabilities of California.

En Argentina, surgen fábricas de solidaridad(1)

El colapso financiero y político de 2001 multiplicó en Argentina la cantidad de empresas abandonadas en un mar de deudas por sus dueños, muchas de las cuales luego fueron reactivadas por sus trabajadores. Hoy, con la economía ya en expansión, la autogestión se afianza como alternativa.

Las empresas recuperadas por el sistema de autogestión ya suman 205 y sus trabajadores son 9,362, según un estudio publicado este mes. Datos que revelan un notable crecimiento respecto de 2004, cuando sumaban 161 las unidades con 6,900 operarios.

¿Cómo es que un fenómeno que emergió como una tabla de salvación tras el colapso económico de 2001, en lugar de apagarse crece y se afianza en épocas de bonanza?", se le preguntó al coordinador de esta investigación, Andrés Ruggeri.

"Los trabajadores aprendieron que la autogestión es una alternativa posible para poner la empresa a producir. Eso antes era impensable, pero ahora la experiencia se incorporó a su caja de herramientas como una salida viable", respondió.

La investigación, titulada "Las Empresas Recuperadas en la Argentina. 2010", fue realizada por un vasto equipo de estudiantes voluntarios del Programa Facultad Abierta de la estatal Universidad de Buenos Aires coordinados por Ruggeri.

El objetivo fue aportar datos para la elaboración de políticas que consoliden y mejoren la autogestión de los trabajadores, se explica en el propio trabajo, que consistió en un profundo cuestionario en las empresas gestionadas colectivamente.

Si bien en la historia argentina hay antecedentes de empresas quebradas que fueron luego reabiertas por los operarios, eran casos aislados. Pero con la crisis económica, que tuvo su punto más crítico a fines de 2001, se propagaron en los más diversos rubros.

En ese crecimiento de las empresas autogestionadas aparece una gran variedad de actividades, como fábricas de alimentos, metalúrgicas, textiles, frigoríficos, fábricas de calzado, de plástico, de cerámica, vidrio, caucho, empresas gráficas, de transporte, gastronómicas, de salud y hasta un hotel deluxe.

Son producto de la fuga de empresarios que desaparecían de la noche a la mañana dejando tras de sí cuantiosas deudas y fábricas vaciadas, en muchos casos en forma fraudulenta. Muchas de esas empresas ahora volvieron a producir y hasta lograr exportar de la mano de los trabajadores que habían quedado sin empleo y con decena de salarios impagos.

Los trabajadores, en su mayoría, forman cooperativas y deciden en asambleas el destino y la gestión de las firmas, mientras reciben asesoramiento y apoyo de otras empresas recuperadas y también del Estado. Otros países latinoamericanos viven experiencias similares. Según el programa, hay 69 fábricas recuperadas en Brasil, una treintena en Uruguay, 20 en Paraguay y cada vez más en Venezuela. Algunas empiezan a verse en España.

Los investigadores señalan que en el contexto de la recuperación económica muchos creyeron que estas unidades habían mermado y que sólo sobrevivían como testimonio de una época. "Nada más lejos de la realidad", advirtió Ruggeri.

En Argentina, surgen fábricas de solidaridad(2)

Aun en un contexto de crecimiento, hay numerosas empresas que siguen cayendo en la quiebra, a veces como un recurso para empezar un nuevo proyecto en otro lado. Pero los empleados quedan varados y muchos ya no son tan jóvenes como para ser absorbidos por el mercado laboral, explicó.

"Las empresas recuperadas son una realidad consolidada del panorama laboral, económico y social del país y han llegado para quedarse y seguir creciendo", concluye el estudio. Tienen dificultades, pero sus potencialidades son enormes.

Un caso ilustrativo no relacionado con la crisis de 2001 es el de la empresa Global, de productos de látex, principalmente globos de cotillón, que se declaró en quiebra en 2004. Sus dueños se llevaron las máquinas y se desentendieron de sus 80 empleados.

Para 2005, muy rápidamente, Global se había transformado en "La Nueva Esperanza", una cooperativa donde trabajan 32 operarios. Uno de ellos es Domingo Palomeque, de 50 años, quien hace 26 trabaja en esta fábrica de la oriental provincia de Buenos Aires. Pero ahora lo hace como socio de sus compañeros de labor.

"Primero formamos la cooperativa y después recuperamos las máquinas que se las habían robado", contó Palomeque.

En el informe, los problemas mencionados por estas empresas es la falta de financiamiento para adquirir materias básicas, maquinaria o incorporar personal especializado. También se mencionan problemas de inserción en el mercado.

La Nueva Esperanza no es la excepción. "Crédito", dice concluyente Palomeque cuando se le pregunta qué les hace falta. "Necesitamos comprar máquinas automáticas, no para reemplazar gente sino para ser más competitivos", explicó.

Los productos de esta cooperativa compiten hoy en desventaja en el mercado local con los que se importan de Malasia o Singapur. "Antes eran más baratos, pero últimamente ya no", advirtió.

A pesar de estas dificultades, encontraron el modo de mantener su inserción en el mercado doméstico y también exportar. Según el informe, 15% de las firmas recuperadas colocan parte de su producción en mercados externos y 60% de ellas se cree que también podrían hacerlo.

La cooperativa La Nueva Esperanza encontró un atajo propio. "Es algo que inventamos nosotros, le vendemos a Brasil, a Paraguay, a Chile y a Uruguay, pero no exportamos sino que los clientes fijan un domicilio en provincias argentinas vecinas a sus países".

Para este trabajador, no hay vuelta atrás. Al contrario, tienen miras. "Nuestra meta es avanzar, incorporar nuevas máquinas, personal y seguir creciendo", declara.

Las empresas recuperadas tienen distintos tamaños. Así, 75% de ellas ocupan menos de 50 trabajadores, son escasas las que ocupan más de 100 y apenas 2.3% son las que superan los 200 operarios.

La investigación reclama una política coherente que las apoye. El Estado debería de respaldar estas actividades, pero actúa de manera errática porque tiene una concepción errónea de que esto es un fenómeno transitorio, señaló Palomeque.

"Debe fortalecerlas porque son unidades productivas que crecen, con fuentes de trabajo genuinas, no precarias ni informales. Se trata de trabajadores que se reacomodan por su propia cuenta", remarcó.

En los últimos años, el Estado dio algunos pasos a favor de estas unidades. A través del Ministerio de Trabajo otorgó más de un millón de dólares en subsidios, pero no se trata de una financiación sistemática. Sin eso, las empresas recuperadas "están condenadas a mantenerse en un umbral de subsistencia", concluyó el informe.