Ellas no pidieron una guerra, pero igual les alcanzó: Griselda y Yosmireli, de cuatro y dos años, murieron con el cráneo perforado por las balas de los soldados. La muerte agarró también a su madre, su tía y un hermano de siete años, en un camino rural del noroeste de México.
Griselda Galaviz, la madre, y Gloria Alicia Esparza, la tía, eran maestras en una remota aldea del estado de Sinaloa, en la costa del Pacífico, y se desplazaban en el vehículo rústico familiar cuando éste fue abaleado por un regimiento militar. Solo sobrevivieron otras dos maestras y Adán Esparza, esposo, hermano y padre de las cinco víctimas.
Era el 1 de julio de 2007 y la matanza se convirtió en el primer caso conocido de civiles asesinados por soldados dentro de la "guerra" emprendida por el gobierno del conservador Felipe Calderón contra los carteles del tráfico de drogas, que empujó al país a una espiral imparable de violencia.
Oficialmente se reconocen 30,000 víctimas mortales en casi cuatro años de militarización del combate contra los narcos. Pero falta sumar una cantidad no cuantificada de personas huérfanas, viudas, mutiladas, exiliadas y desplazadas.
La estrategia gubernamental incluye la participación activa de las fuerzas militares y ha provocado distintos efectos en la población mexicana, de 108 millones.
Uno, muy claro, es la "invisibilización de la violencia contra las mujeres", dijo David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del Campo Algodonero por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, en que el Estado mexicano fue condenado como responsable.
"Es tal la cantidad de muertos, que no hay una diferenciación entre hombres y mujeres. Y aún peor, no hay distinción entre los motivos de los asesinatos", explicó.
"Si una muchacha es encontrada muerta en la calle con signos de violencia, pero tiene un balazo, está atada o hay a su lado un hombre muerto, entra en el cajón (rubro) de la delincuencia organizada", detalló el letrado. Un ejemplo de este fenómeno es Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, conocida mundialmente por la cadena de feminicidios iniciada en 1993.
El número de mujeres asesinadas en los últimos tres años superó el total de feminicidios de los 13 años anteriores: 575. En lo que va de 2010, los asesinatos por violencia machista suman ya 288.
"Al entrar en el gran cajón de la delincuencia organizada, las familias ya no tienen acceso al expediente ni pueden presionar a las autoridades para que se esclarezca el crimen", explicó Peña. Aseguró, además, que en estos cuatro años "se fueron para abajo" los avances que había logrado la sociedad civil en derechos humanos.
El fenómeno se extiende en todo el país. Un informe de abril de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados indica que desde 2007 se registraron 1,756 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados. De ellos tan solo en tres por ciento de los casos hay sentencia, sin que esté detallado si hubo condenados o no en ellas.
"No hay registros y los que hay son insuficientes", sintetizó la presidenta de la comisión, la diputada Teresa Incháustegui, del opositor Partido de la Revolución Democrática, o PRD.
"Pero el problema no solo son las mujeres muertas o el aumento de su número", dijo Sara Lovera, pionera en México del periodismo con enfoque de género. "Está constatado históricamente: siempre que hay una guerra las mujeres son las víctimas", planteó.
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