Laberinto por busca de migrantes desaparecidos(2)

Vía Crucis

Para las madres y esposas es muy complicado desplazarse, pues en general la última comunicación entre ellas y los migrantes ocurrió desde estados norteños como Tamaulipas.

Por ejemplo, la Fundación para la Justicia tiene documentadas 30 desapariciones en Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, de migrantes provenientes del Bajío, una región que se extiende por varios estados mexicanos.

Las madres y esposas que llegan a los estados norteños fronterizos se topan con autoridades estatales que se deslindan de su responsabilidad.

Lo mismo sucede con la Procuraduría General de la República, la cual les dice "que no tiene competencia aunque haya elementos para justificar su intervención, ya que detrás de estos crímenes está la delincuencia organizada", recalca Delgadillo.

Así, ellas van de "oficina en oficina, buscando a alguien que les dé respuesta y ninguna se las da. Ésa es la realidad de las madres mexicanas y centroamericanas". Estas últimas "van a sus consulados y a las instancias de procuración de justicia de sus países sin tener éxito".

Otra dificultad es que tampoco hay coordinación entre las autoridades de los países centroamericanos y de México.

"El país les cierra las puertas, ni siquiera les dan información, pero esas naciones tampoco han hecho una alianza contundente contra México para exigir que intervenga y defienda a sus connacionales", subraya.

Simulación

¿A qué se debe la falta de resultados si en México hay instituciones y leyes en la materia?

México tiene una estructura sobrecargada; es especialista en crear instituciones que no sirven para nada. Ciudad Juárez es un ejemplo claro, es el lugar donde más se ha invertido en fiscalías, instituciones, comisiones, pero las madres y familiares de las víctimas están en total abandono.

¿Las autoridades se quedan en la simulación?

El Estado mexicano tiene el interés de dar una buena cara a nivel internacional para no tener tanta presión por lo que está sucediendo.

"En las audiencias de la Comisión Interamericana o ante la ONU (Organización de Naciones Unidas), habla de todas las instituciones y programas que trabaja para defender los derechos de las personas migrantes. Lo que hace es simular".

Al desinterés y ausencia de voluntad política para esclarecer los crímenes se suma la falta de protocolos de investigación para encontrar a las personas desaparecidas y para identificar sus restos en caso de ser asesinadas, observa la abogada.

Plantea que la FJEDD, junto con grupos civiles en México y Centro América, trabaja en el diseño de un mecanismo regional que garantice el acceso a la justicia para las y los migrantes y sus familiares.

Visa humanitaria

También considera que de entrar en vigor, la visa humanitaria para migrantes víctimas de algún delito en México, estipulada en la recién aprobada Ley de Migración, sería insuficiente para garantizar que las y los centroamericanos denuncien crímenes en su contra.

Eso por carecer de empleo, vivienda y condiciones de seguridad para permanecer en el país hasta que culmine el proceso penal.

Por ello es necesario crear un mecanismo regional de acceso a la justicia para mujeres y hombres migrantes en tránsito, que permita la continuación del procedimiento sin que las personas tengan que permanecer en México, señaló Delgadillo.

La activista, quien actualmente documenta la desaparición masiva de mujeres y hombres migrantes en el país, refirió que sin la garantía de condiciones de vida digna para quienes han sufrido algún delito, "la visa humanitaria no va a tener impacto en el aumento de denuncias".

Se proyectaba que la visa humanitaria para migrantes entraria en vigor el 21 de noviembre del 2011, fecha de publicación del Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley de Migración en México.