Uno de los demandantes es Darío Rivas, de 91 años, quien denunció el asesinato de su padre, Severino Rivas, supuestamente cometido en 1936 por miembros de la ultraderechista Falange Española.
Severino Rivas era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando fue apresado y fusilado. Permaneció como desaparecido durante décadas hasta que, a instancias de su hijo, sus restos fueron hallados en una fosa común. Darío los recuperó en 2005.
"El señor Severino Rivas y los familiares de (otra querellante) Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ a los fusilamientos por la espalda", dice la denuncia.
Holgado es sobrina nieta de Elías García Holgado, quien era alcalde del poblado de Lumbrales y diputado de la occidental provincia de Salamanca. También detenido en 1936, murió ejecutado un año después de su arresto.
Estas circunstancias "son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes", sostiene la querella.
En su presentación, los juristas recordaron que los tribunales españoles ejercieron activamente la jurisdicción universal en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Chile y Guatemala.
El objetivo no es cuestionar la vigencia de la ley de amnistía española, ratificada recientemente ante un intento de derogarla, sino ejercer la jurisdicción argentina respecto de crímenes "que ofenden y lesionan a la humanidad y que permanecen impunes", remarcaron los abogados.
Organizaciones de derechos humanos estiman en 113,000 la cantidad de personas desaparecidas en la guerra civil y el régimen de Franco, muchas supuestamente enterradas en unas 2,500 fosas comunes. Pero habría además unos 30,000 casos de menores supuestamente sustraídos de sus familias y apropiados ilegalmente.
Esas personas habrían sufrido la ocultación de su identidad y permanecen sin conocer su historia familiar y personal, sin que haya causa abierta por esos delitos en España, señalan activistas.
En solidaridad con estos casos, se sumó como querellante la organización Abuelas de Plaza de Mayo,dedicada a la busca de hijos de desaparecidos argentinos que sufrieron secuestro y pérdida de identidad a manos de agentes de la dictadura de este país.
Por eso Szmukler y demás abogados sostienen que la demanda "no se conforma" con una declaración de reconocimiento del genocidio y de compromiso de indagar en la verdad de los hechos.
Ese antecedente existe en Argentina, donde descendientes de armenios muertos en una operación ejecutada por el Estado turco entre 1915 y 1923, lograron que la justicia de este país sudamericano reconociera ese genocidio en una sentencia sin carácter punitivo, emitida en abril.
"En el caso de España, cuando presentamos la querella había al menos 13 militares vivos, y además están los casos de 30.000 personas que desconocen su verdadera identidad", dijo el abogado.
"Queremos una investigación a fondo, que se determine la verdad y se establezcan las responsabilidades. Si no lo hace España, lo haremos acá. Ojalá que haya colaboración", agregó.
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