Dentro de los siete ejes del TPP se ubica el de las migraciones, refugio y desplazamiento forzado.
Este año se efectuarán talleres en Arizona y en al menos seis estados mexicanos que presentan fuertes fenómenos migratorios, mientras que se proyectan tres audiencias para 2012 y cuatro para el año siguiente. El proceso del TPP concluiría con una sentencia en 2013 o 2014.
En San Fernando sólo sobrevivió el ecuatoriano Freddy Lala, quien vive oculto bajo protección del gobierno de su país.
"Hemos documentado casos de ecuatorianos que han recibido malos tratos en México. Pero las familias están amenazadas y el gobierno no activa su diplomacia para la investigación", denunció Flor Haro, directora ejecutiva del Centro Familiar de Ayuda a Migrantes en Quito.
Las condiciones en que debe vivir Lala y la falta de justicia de su caso en México fueron denunciadas por Haro en su participación en el seminario "Los pueblos en movimiento: tribunales de conciencia, migración y derechos humanos", realizado en noviembre en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde 1994, cuando empezó el Programa Guardíán a cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, han muerto 5,747 personas en la línea divisoria de ese país con México, en su intento por cruzarla, según datos de organizaciones de derechos humanos.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México calcula que 2,949 emigrantes de este país fallecieron desde 2004, de los cuales 955 no han sido aún identificados.
En su informe de septiembre titulado "Una cultura de crueldad. Abuso e impunidad en custodia de corto plazo de la Patrulla Fronteriza", la organización no gubernamental No Más Muertes indicó que entre 2009 y 2010 al menos 253 personas murieron en su intento de ingresar a Estados Unidos por Arizona.
Esa organización atribuyó las muertes a prácticas como la guía intencional de inmigrantes hacia regiones sin posibilidad de supervivencia y la dispersión grupal como táctica de detención, el bloqueo de esfuerzos de búsqueda y rescate y la destrucción de ayudas, como botellas de agua, comida y sábanas, que ubican grupos humanitarios en las habituales rutas de indocumentados.
Por eso, organizaciones de familiares de inmigrantes desaparecidos solicitaron que México elabore bases de datos, con material genético, sobre los indocumentados perdidos.
De hecho, la Cruz Roja propuso un protocolo común entre México, América Central y Estados Unidos para facilitar la identificación de las víctimas.
"Queremos un único registro regional con la base genética. Después de la comparación, queremos seguir en la búsqueda en otras morgues, no sólo en Arizona", enfatizó De Acevedo.
La mayoría de las desapariciones de hondureños "pudieron ocurrir en la frontera con Arizona, pues las últimas llamadas a familiares salieron de ahí", lo cual no exime de responsabilidad a México, según De Souza. La red de Comités de Migrantes y Familiares, que reúne a más de 30 organizaciones, maneja 300 casos comprobados y otros 300 están incompletos.
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