Cobró impulso en Argentina una causa judicial sobre graves delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco (1936-1975).
La jueza federal argentina María Servini de Cubría abrió este mes una investigación a raíz de la querella presentadaen abril de 2010 por abogados humanitarios de Argentina en nombre de familiares de víctimas del régimen franquista.
La magistrada reclamó a España nombres de militares involucrados en aquella dictadura (1939-1975), listas de desaparecidos, de fusilados y de niños apropiados, así como la identificación de empresas supuestamente beneficiadas por el trabajo forzado de detenidos, entre otras medidas de prueba.
La jueza había archivado inicialmente la denuncia por considerar que había investigaciones abiertas en España. Pero la Cámara Federal, un tribunal penal de segunda instancia, le ordenó indagar "si efectivamente" la justicia de ese país europeo estaba actuando.
Así, la denuncia volvió a manos de Servini que, en ejercicio del principio de la jurisdicción universal, liberó este mes el exhorto solicitando gran cantidad de material probatorio, como el domicilio de agentes del régimen que aún viven y certificados de defunción de los que fallecieron.
Para reforzar el pedido, los abogados querellantes presentaron a Servini un nuevo documento en el que subrayan que, luego de 36 años de dictadura y otros tantos de democracia en España, "no sólo no existe ni siquiera una Comisión de la Verdad, sino que no hay un solo niño al que se le haya restituido su identidad".
"La causa fue iniciada en Argentina porque todo evidenciaba que ni con un gobierno socialista había voluntad de que prosperara allí", explicó uno de los letrados argentinos, Beinusz Szmukler, en referencia a la última administración del Partido Socialista Obrero Español, que se extendió desde 2004 hasta el 21 de este mes.
Como señal de ausencia de esa voluntad, el abogado recordó el proceso que se sigue en España al juez de la Audiencia Nacional de ese país, Baltasar Garzón,(mostrado en la foto), suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco.
Garzón había aplicado el principio de jurisdicción universal para entender en delitos cometidos por la dictadura de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990) cuando distintas normas nacionales impedían esos juicios en los dos países sudamericanos.
Pero cuando Garzón intentó indagar en crímenes de su país, extinguidos por una amnistía adoptada en 1977, "fue desplazado y ahora corre el riesgo de perder su condición de juez", recordó Szmukler.
A raíz de ese desplazamiento, la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y una decena de organizaciones de derechos humanos de Argentina respaldaron la querella en Buenos Aires de familiares de víctimas del franquismo.
Con base en muchos de los argumentos de Garzón, los abogados presentaron el pedido de investigación ante tribunales argentinos a nombre de seis descendientes de víctimas que viven en este país. El grupo de querellantes se ampliará en los próximos meses, ya que se están presentando nuevos casos de familiares, dijo Szmukler.
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