Examen de muestras genéticas, tribunales éticos y presión diplomática son las nuevas herramientas que organizaciones de inmigrantes quieren usar para combatir los abusos que padecen los indocumentados en México y Estados Unidos.
El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) logró estructurar un banco de datos de emigrantes desaparecidos, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el gobierno de esa nación centroamericana.
El banco "tiene una gran utilidad, pues facilita la labor de identificación y así crece la esperanza de los familiares de encontrar a los emigrantes desaparecidos", dijo la secretaria general y fundadora de Cofamide, Lucy de Acevedo.
"Era nuestro sueño más grande por la gran cantidad de casos y sin mucha información", añadió.
Desde 2010 se reunieron 143 muestras que se analizan y guardan en el estado estadounidense de Arizona, fronterizo con México, que ha permitido la identificación de dos hombres y dos mujeres salvadoreñas.
Por su labor iniciada en 2006, el Comité ha logrado desde entonces conocer la identidad de 59 personas.
En la localidad de Pima, en Arizona, yacen 500 restos de inmigrantes no identificados, contra los cuales se comparan las muestras tomadas.
Miles de centroamericanos atraviesan cada año México, por su cuenta o guiados por traficantes de personas o "coyotes", para ingresar a Estados Unidos sin la documentación requerida. En su camino sufren robos, secuestros, maltratos o directamente son asesinados a manos de policías mexicanos o criminales, que usualmente trabajan en contubernio.
Al menos 130,000 centroamericanos indocumentados cruzaron México en 2010 y lograron cruzar hacia Estados Unidos, desde donde luego fueron deportados, según el Instituto Nacional de Migración de este país.
En Honduras avanza también la creación del banco genético, cuyos primeros pasos datan de enero de este año.
"Estamos recogiendo testimonios y documentos de casos. Esperamos que se empiecen a tomar muestras este mismo mes", declare la coordinadora de la Pastoral de la Movilidad Humana de Honduras, Lidia de Souza.
Este ente trabaja con la Asociación Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras, el Foro Nacional de Migraciones y el EAAF.
De Souza integra la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito, compuesta de parientes de hondureños y nicaragüenses perdidos en México, que partió el 29 de octubre de suelo centroamericano y que recorre nueve estados de este país para promover su búsqueda y alertar de los abusos contra los indocumentados.
En Honduras, el material genético será recolectado de 100 familias para cotejarlos con los datos de Arizona.
La desaparición de inmigrantes se agravó desde 2000 debido a la intensificación de la vigilancia fronteriza en Estados Unidos y el aumento de la actividad de los grupos criminales en México.
Tragedias como la matanza del 23 de agosto de 2010 de 72 indocumentados en la localidad de San Fernando, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, han aguzado los temores de los parientes de los inmigrantes desaparecidos.
Esa masacre fue uno de los casos emblemáticos abordados por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que efectuó una audiencia en octubre de 2010 en Ecuador y otra al mes siguiente en México, y que serán la base de la mesa migratoria del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
"Queremos que los casos emblemáticos sean analizados dentro del Tribunal Permanente", indicó el coordinador del Tribunal de Conciencia y académico de la estatal Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Camilo Pérez.
"Con el Tribunal de Conciencia posicionamos el tema de la migración y los derechos humanos", señaló.
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