Acosta
señaló particularmente al grupo empresarial Clarín y también a La Nación. Entre
ambos manejan 60 por ciento del mercado de la gráfica, dijo, y son dueños de
redes de distribución y de bocas de venta.
"Hay mucha concentración y las revistas comerciales ya no venden ejemplares. Viven de la pauta publicitaria oficial y privada. Son casi catálogos de avisos que ganan sólo con exhibirse, aunque no se vendan", explicó Acuña.
"Ese sector fue perdiendo credibilidad ante los lectores. Ellos mismos lo admiten. En cambio, nosotros somos un mercado sostenido por los lectores, un mercado disperso, de muchos títulos. Somos algo diferente y estamos creciendo", aseguró.
La presidenta de Arecia cree que contar con una ley puede ayudar a fortalecer proyectos y a hacer surgir nuevos. "No queremos prebendas", remarcó, sino "igualdad de trato, sin discriminaciones", aclaró. La iniciativa, que comenzaría a discutirse en marzo, reclama beneficios impositivos, mejor acceso al financiamiento, bonificación de tasas de interés y cupo del Estado para compras que se reparten entre más de 3,000 bibliotecas públicas del país.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene que una nueva norma serviría para saldar la deuda que tiene con el sector la Ley de Servicios Audiovisuales, sancionada en 2008 y cuya aplicación es resistida por el grupo Clarín a través de trabas, o chicanas varias ante la justicia.
La norma democratiza espacios televisivos y radiales, "pero ha omitido a las publicaciones gráficas y de Internet, independientes y autogestionadas, sin las cuales esa ley no hubiese contado con canales de debate y difusión", reclaman.
El texto sostiene que fortalecer a estas revistas es un modo de "dar una batalla contra la monopolización, no solo de productos sino de contenidos" y es además una manera de "consagrar socialmente la idea de que otra comunicación es posible".
Una comunicación "que no aliente la competencia sino la convivencia de distintos modos de percibir y expresar la vida”.
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