AMIA, Parte 2
"Argentina
está jugando una carta frente a la nada. No conozco una alternativa para que
esta causa avance", sostuvo Jorge, director en esa universidad del centro
de Transparencia y Control de la Corrupción en el que se estudian y elaboran
propuestas de asistencia jurídica internacional para el esclarecimiento de
crímenes que involucran a más de un país.
El experto recordó el caso por el atentado que mató en 1974 en Buenos Aires al ex-jefe del ejército chileno Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert. La jueza María Servini, a cargo de esa investigación, viajó al exterior para reunir pruebas e indagar a los sospechosos de ser los responsables del crimen.
La acción de Servini en Chile y en Estados Unidos contribuyó a comprobar que el ataque fue ordenado por oficiales de la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) y ejecutado por el agente estadounidense Michael Townley, según él mismo confesó bajo condición de testigo protegido en su país.
Últimamente, el juez Ariel Lijo viajó a Alemania para reunir pruebas en una causa contra empresarios de la firma transnacional Siemens, acusados de pagar sobornos a funcionarios argentinos para la aprobación en 1998 de un contrato millonario de confección de documentos de identidad.
En base a la información obtenida en una causa mayor que la justicia alemana realizó sobre la empresa en diversos países por el mismo delito, Lijo pidió la captura de un grupo de directivos de la firma. Alemania negó la extradición, pero el juez se dispone a viajar para tomar allí las indagatorias.
Según la evaluación de Jorge, la controversia en el caso del atentado a la AMIA surge porque, mientras que para la justicia argentina las evidencias acumuladas en el proceso son suficientes para indagar a los sospechosos, para Irán son débiles e insuficientes.
El gobierno de Irán sostiene que la evidencia se basa en informes de inteligencia provenientes de otros países y en testimonios de presuntos arrepentidos. De ahí el rechazo a los pedidos de extradición. No obstante, aceptó el memorando que introduce un nuevo actor en la controversia, que es la Comisión de la Verdad.
"Aun cuando el juez argentino pueda ignorar sus conclusiones, la comisión de expertos puede opinar que las pruebas son suficientes y sólidas, y eso tendrá un peso político. Luego, el tribunal correspondiente evaluará las declaraciones y podrá definir si los procesa o no. Sería un avance procesal", analizó.
Pero otro escenario posible, dijo, es que la comisión rechace las pruebas. "Hay juristas que detestan evidencias basadas en informes de inteligencia que responden a intereses políticos", advirtió Jorge. En este punto, Argentina tiene un antecedente que quiza no cumpla con sus expectativas.
En 2003, uno de los sospechosos iraníes, Hadi Soleimanpour, fue detenido en la Universidad de Durham, en el nordeste de Inglaterra, para su eventual extradición a Argentina, debido a una orden de captura en su contra dictada por Interpol. El detenido había sido embajador de su país en Buenos Aires cuando se perpetró el atentado a la AMIA.
Pero luego de analizar los elementos de la causa argentina, Soleimanpour fue liberado por la justicia británica por falta, según el juez actuante, de evidencia clara sobre su implicación en el atentado. Este es un elemento de la causa que es reivindicado por Irán como presunta muestra de que el proceso está viciado.
Interpol cesó la búsqueda del diplomático tras su breve detención en Londres.
Sin embargo, Argentina argumenta que desde aquel momento hubo avances en la prueba recolectada. Además, entonces el juez a cargo era Juan José Galeano, quien fue luego destituido de su puesto por graves irregularidades cometidas en la investigación de la conexión local del ataque.
El experto recordó el caso por el atentado que mató en 1974 en Buenos Aires al ex-jefe del ejército chileno Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert. La jueza María Servini, a cargo de esa investigación, viajó al exterior para reunir pruebas e indagar a los sospechosos de ser los responsables del crimen.
La acción de Servini en Chile y en Estados Unidos contribuyó a comprobar que el ataque fue ordenado por oficiales de la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) y ejecutado por el agente estadounidense Michael Townley, según él mismo confesó bajo condición de testigo protegido en su país.
Últimamente, el juez Ariel Lijo viajó a Alemania para reunir pruebas en una causa contra empresarios de la firma transnacional Siemens, acusados de pagar sobornos a funcionarios argentinos para la aprobación en 1998 de un contrato millonario de confección de documentos de identidad.
En base a la información obtenida en una causa mayor que la justicia alemana realizó sobre la empresa en diversos países por el mismo delito, Lijo pidió la captura de un grupo de directivos de la firma. Alemania negó la extradición, pero el juez se dispone a viajar para tomar allí las indagatorias.
Según la evaluación de Jorge, la controversia en el caso del atentado a la AMIA surge porque, mientras que para la justicia argentina las evidencias acumuladas en el proceso son suficientes para indagar a los sospechosos, para Irán son débiles e insuficientes.
El gobierno de Irán sostiene que la evidencia se basa en informes de inteligencia provenientes de otros países y en testimonios de presuntos arrepentidos. De ahí el rechazo a los pedidos de extradición. No obstante, aceptó el memorando que introduce un nuevo actor en la controversia, que es la Comisión de la Verdad.
"Aun cuando el juez argentino pueda ignorar sus conclusiones, la comisión de expertos puede opinar que las pruebas son suficientes y sólidas, y eso tendrá un peso político. Luego, el tribunal correspondiente evaluará las declaraciones y podrá definir si los procesa o no. Sería un avance procesal", analizó.
Pero otro escenario posible, dijo, es que la comisión rechace las pruebas. "Hay juristas que detestan evidencias basadas en informes de inteligencia que responden a intereses políticos", advirtió Jorge. En este punto, Argentina tiene un antecedente que quiza no cumpla con sus expectativas.
En 2003, uno de los sospechosos iraníes, Hadi Soleimanpour, fue detenido en la Universidad de Durham, en el nordeste de Inglaterra, para su eventual extradición a Argentina, debido a una orden de captura en su contra dictada por Interpol. El detenido había sido embajador de su país en Buenos Aires cuando se perpetró el atentado a la AMIA.
Pero luego de analizar los elementos de la causa argentina, Soleimanpour fue liberado por la justicia británica por falta, según el juez actuante, de evidencia clara sobre su implicación en el atentado. Este es un elemento de la causa que es reivindicado por Irán como presunta muestra de que el proceso está viciado.
Interpol cesó la búsqueda del diplomático tras su breve detención en Londres.
Sin embargo, Argentina argumenta que desde aquel momento hubo avances en la prueba recolectada. Además, entonces el juez a cargo era Juan José Galeano, quien fue luego destituido de su puesto por graves irregularidades cometidas en la investigación de la conexión local del ataque.
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