Aprueban ley mexicana de indemnizaciones(1)

Araceli Rodríguez, madre de un joven policía federal de México desaparecido con otras siete personas en el occidental estado de Michoacán el 16 de noviembre de 2009 dijo no cesará de luchar hasta encontrarlo.

"No vamos a dejar de pelear hasta que haya justicia para nuestros hijos", aseguró Rodríguez, madre de Luis Angel León.

Ella forma parte de las decenas de miles de familiares de muertos, desaparecidos y desplazados internos por la violencia mexicana, y espera encontrar apoyo en la Ley General de Víctimas que entró en vigor el 9 de febrero del 2013. 

"Si es verdad que está muerto, quiero encontrar sus cenizas. Si es verdad que lo incineraron,quiero encontrar sus dientes. Y no voy a descansar hasta que todos los responsables de su muerte estén en la cárcel y su nombre esté limpio de cualquier sospecha", dijo Rodríguez.

Rodríguez participa desde hace dos años en el ciudadano Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, creado por el poeta Javier Sicilia. 

Han pasado 20 meses desde que el Movimiento demandó en la norteña Ciudad Juárez una ley para atender a los deudos dejados por la violencia en México. La ley es avalada por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y fue promulgada el 9 de enero del 2013. 

Nace con un gran reto: que se ejecute y brinde resultados, coinciden unos y otros. 

"Es una ley que no debió existir, porque es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos y de una guerra que nunca debió haber sucedido", dijo Sicilia el día de su promulgación. 

Desde que su hijo Juan Francisco fue asesinado, en marzo de 2011, el poeta recorrió el país y tocó las puertas del gobierno, acompañado de cientos de víctimas y ciudadanos solidarios, que buscan detener la política de seguridad y virulencia que dejó el gobierno de Felipe Calderón. 

En diciembre de 2006, al comenzar el mandato que concluyó el 1 de diciembre pasado, Calderón declaró una guerra contra los carteles del tráfico de drogas, militarizó la seguridad pública y dio atribuciones extraordinarias a la policía federal, que desde entonces sextuplicó su personal y aumentó su presupuesto de 800 a 3,000 millones de dólares. 

La estrategia dejó 60,000 personas asesinadas y 25,000 desaparecidas, según datos oficiales, aunque las organizaciones de la sociedad civil suman cifras muy superiores. Además, ha habido 250,000 desplazados y una cantidad incuantificable de deudos, que en la búsqueda de justicia perdieron todos sus bienes o también fueron asesinados. 

En junio de 2011, en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, y después de recorrer 3,400 kilómetros en caravana por los estados más violentos del país, el Movimiento propuso por primera vez, una ley de víctimas. 

El proyecto recorrió un tortuoso camino y la ley, una vez aprobada por el Congreso, fue vetada por Calderón. Pero su sucesor, Enrique Peña Nieto, la promulgó en un acto solemne, donde aseguró: "era urgente contar con un marco legal que protegiera desde ya a las víctimas". 

"Es un triunfo del Movimiento, algo que beneficiará a mucha gente, pero para que funcione todavía va para largo" dijo Margarita López, otra madre cuya hija de 16 años desapareció y presumiblemente fue asesinada en el sureño estado de Oaxaca. 

El 19 de enero, López sufrió un atentado en Ciudad de México, cuando iba a encontrarse con un equipo de forenses argentinos para tomar muestras del ADN del esqueleto que las autoridades dicen es de su hija. 

"Estoy cansada de pelear contra todos porque las autoridades son parte del problema. A veces pienso en irme del país, pero si me voy ¿quién va a buscar a mi hija?", dijo López.