El acuerdo alcanzado entre Argentina e Irán para avanzar en el
esclarecimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, perpetrado en 1994 en
Buenos Aires, pondrá a prueba la solidez de una investigación judicial
estancada por la falta de cooperación de Teherán.
El
Memorando de Entendimiento suscrito entre los dos países, que la semana próxima
discutirá la Cámara de Diputados tras ser aprobado este jueves 21 por escaso
margen en el Senado, prevé que los ciudadanos iraníes sospechosos de participar
en el ataque puedan ser interrogados en su país por la justicia federal
argentina.
En caso de concretarse el convenio, no será la primera vez que jueces argentinos se trasladen a otro país para indagar a acusados que no pueden ser extraditados. Pero esta causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, es la que está requiriendo mayores garantías para evitar que, lo que busca ser un atajo contra la impunidad, se transforme en un callejón sin salida.
El acuerdo a ratificar por el parlamento argentino prevé además la creación de una llamada Comisión de la Verdad, para lo cual se convocará a juristas internacionales, que se pronunciarán sobre la legitimidad del proceso judicial, aunque sus conclusiones no serán vinculantes.
Las investigaciones realizadas hasta ahora por la justicia argentina apuntan a que el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que destruyó su sede, mató a 85 personas e hirió a más de 300, habría sido planificado por servidores públicos de Teherán y ejecutado por un miembro del grupo chiíta libanés Hezbolá (Partido de Dios), que habría actuado con financiación iraní.
La Asamblea General de Interpol (Policía Internacional) aprobó en noviembre de 2007, con calificación de "índice rojo", el pedido de captura internacional elevado por Argentina contra los iraníes Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari. También estaba incluido el ciudadano libanés Imad Fayez Mughniyah, quien fue asesinado en 2008 en Siria.
Vahidi es en la actualidad el ministro de Defensa de Irán y Rezai es candidato a la Presidencia para las elecciones de junio.
Irán se ha negado persistentemente a extraditar a los acusados. Tampoco aceptó una anterior propuesta argentina de realizar un juicio en un tercer país, como ocurrió con los libios acusados de derribar en 1988 un avión de pasajeros de la hoy desaparecida aerolínea estadounidense Pan Am sobre la localidad de Lockerbie, Escocia, quienes enfrentaron un tribunal en Holanda.
Frente a la falta de colaboración de Irán, denunciada reiteradamente por Argentina en sucesivas asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Cristina Fernández selló este acuerdo bilateral.
Fernández, quien trasladó la iniciativa al Congreso Nacional legislativo el 8 de este mes, dijo que el memorando es "un paso muy importante para destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada, sin posibilidad alguna de interrogar a quienes la justicia argentina ha inculpado".
El acuerdo es rechazado por la mayoría de los partidos de oposición y por algunas organizaciones de la colectividad judía de Argentina, que temen una trampa de parte de Irán que haga retroceder lo poco que se avanzó en la justicia, mientras que familiares de las víctimas y Amnistía Internacional respaldaron este camino seguido ahora por Buenos Aires.
Amnistía, la organización humanitaria con sede en Londres, indicó en un comunicado emitido este jueves 21 que el memorando es "una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas del atentado de la AMIA". "Tanto Irán como Argentina deben garantizar que las reglas de procedimiento de la Comisión de la Verdad sean públicas y cumplan con los estándares internacionales", advirtió.
El capítulo más discutido por la oposición al acuerdo es el que crea una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas, que no podrán ser de los países parte del acuerdo, cuyo pronunciamiento no será vinculante, pero que someterá a examen las evidencias que hay en el proceso contra los imputados.
"Hay antecedentes de jueces argentinos que viajaron al exterior para tomar indagatorias, pero este no es un caso más, porque aquí habrá una comisión que va a opinar acerca de si las pruebas que tiene la justicia argentina son o no relevantes", dijo el abogado y académico Guillermo Jorge, profesor de la Universidad de San Andrés.
Por favor lea AMIA, Parte 2
En caso de concretarse el convenio, no será la primera vez que jueces argentinos se trasladen a otro país para indagar a acusados que no pueden ser extraditados. Pero esta causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, es la que está requiriendo mayores garantías para evitar que, lo que busca ser un atajo contra la impunidad, se transforme en un callejón sin salida.
El acuerdo a ratificar por el parlamento argentino prevé además la creación de una llamada Comisión de la Verdad, para lo cual se convocará a juristas internacionales, que se pronunciarán sobre la legitimidad del proceso judicial, aunque sus conclusiones no serán vinculantes.
Las investigaciones realizadas hasta ahora por la justicia argentina apuntan a que el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que destruyó su sede, mató a 85 personas e hirió a más de 300, habría sido planificado por servidores públicos de Teherán y ejecutado por un miembro del grupo chiíta libanés Hezbolá (Partido de Dios), que habría actuado con financiación iraní.
La Asamblea General de Interpol (Policía Internacional) aprobó en noviembre de 2007, con calificación de "índice rojo", el pedido de captura internacional elevado por Argentina contra los iraníes Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari. También estaba incluido el ciudadano libanés Imad Fayez Mughniyah, quien fue asesinado en 2008 en Siria.
Vahidi es en la actualidad el ministro de Defensa de Irán y Rezai es candidato a la Presidencia para las elecciones de junio.
Irán se ha negado persistentemente a extraditar a los acusados. Tampoco aceptó una anterior propuesta argentina de realizar un juicio en un tercer país, como ocurrió con los libios acusados de derribar en 1988 un avión de pasajeros de la hoy desaparecida aerolínea estadounidense Pan Am sobre la localidad de Lockerbie, Escocia, quienes enfrentaron un tribunal en Holanda.
Frente a la falta de colaboración de Irán, denunciada reiteradamente por Argentina en sucesivas asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Cristina Fernández selló este acuerdo bilateral.
Fernández, quien trasladó la iniciativa al Congreso Nacional legislativo el 8 de este mes, dijo que el memorando es "un paso muy importante para destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada, sin posibilidad alguna de interrogar a quienes la justicia argentina ha inculpado".
El acuerdo es rechazado por la mayoría de los partidos de oposición y por algunas organizaciones de la colectividad judía de Argentina, que temen una trampa de parte de Irán que haga retroceder lo poco que se avanzó en la justicia, mientras que familiares de las víctimas y Amnistía Internacional respaldaron este camino seguido ahora por Buenos Aires.
Amnistía, la organización humanitaria con sede en Londres, indicó en un comunicado emitido este jueves 21 que el memorando es "una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas del atentado de la AMIA". "Tanto Irán como Argentina deben garantizar que las reglas de procedimiento de la Comisión de la Verdad sean públicas y cumplan con los estándares internacionales", advirtió.
El capítulo más discutido por la oposición al acuerdo es el que crea una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas, que no podrán ser de los países parte del acuerdo, cuyo pronunciamiento no será vinculante, pero que someterá a examen las evidencias que hay en el proceso contra los imputados.
"Hay antecedentes de jueces argentinos que viajaron al exterior para tomar indagatorias, pero este no es un caso más, porque aquí habrá una comisión que va a opinar acerca de si las pruebas que tiene la justicia argentina son o no relevantes", dijo el abogado y académico Guillermo Jorge, profesor de la Universidad de San Andrés.
Por favor lea AMIA, Parte 2
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