La ley incluye la protección
jurídica y psicológica, indemnizaciones y servicios de salud, vivienda y
educación, además de un elemento fundamental para las víctimas: la declaratoria
de ausencia.
Eso permitirá, por ejemplo, a abuelos tener la patria potestad de sus nietos, mientras el Estado sigue obligado a buscar a los padres desaparecidos, porque oficialmente no se reconoce su muerte.
La norma implica una reingeniería de la aplicación de justicia, mediante un Sistema Nacional de Víctimas, y ha sido duramente criticada por organizaciones cercanas al expresidente Calderón, y también por la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sus propios promotores admiten que la nueva legislación tiene errores derivados de la urgencia, que deberá corregir el Senado para lo que tiene potestad al reglamentar la norma.
"La ley tiene que perfeccionarse, salió muy rápido porque la prioridad era que el Estado reconozca la tragedia, pero ya estamos haciendo las adecuaciones", dijo la recién nombrada coordinadora de asesores en derechos humanos de la Procuraduría (fiscalía) General, Eliana García, una promotora de la norma.
"Establece un esquema de justicia restaurativa, con cuatro ejes: el derecho de las víctimas a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Es una ley inédita", insistió García.
Sus detractores alertan sobre su peso en el presupuesto, pues la ley obliga al Estado a asumir los costos por daños físicos, mentales, materiales, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, sin importar quién fue el victimario ni cuándo ocurrió la agresión.
Esto amplía la protección a las víctimas de la llamada "guerra sucia" de la década de los 1970s.
El artículo 71 establece que cuando el autor del delito no pueda resarcir el daño, porque se fugó, murió o esté desaparecido, el Estado, como responsable subsidiario, deberá hacerse cargo de la reparación hasta el equivalente a 78,600 dólares.
"Fue un error dejar tan abierta la subsidiaridad compensatoria, en las correcciones que trabajamos ya la acotamos solo para delitos graves, que atenten contra la vida, la libertad y la integridad física", explicó García.
También se modificará la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en que la ley incorpora a casi 4,000 funcionarios de todos los ministerios del país y de los estados, así como el capítulo de competencias, que solo involucra al gobierno nacional.
Lo que no se aclara todavía es cómo se obligará a las autoridades regionales y municipales a cumplir la ley, y son ellas las más señaladas de los delitos por víctimas y familiares.
Tampoco se identifican las nuevas instancias que se harán cargo de las víctimas atendidas actualmente por la Procuraduría Social creada en septiembre de 2011, que será reemplazada por el nuevo sistema.
El Movimiento de víctimas prepara ya talleres y grupos de lectura de la ley para promoverla en los 31 estados del país. Ese fue uno de los acuerdos de un encuentro realizado en la capital mexicana del 25 al 27 de enero, en el que participaron también organizaciones de Estados Unidos y Canadá.
"Nos queda claro que después de la ley, todavía hay mucho por hacer. Nos llevamos una gran agenda", dijo el activista Ted Lewis, director del programa de derechos humanos de Global Exchange, una de las organizaciones que financiaron la caravana que recorrió Estados Unidos y llegó a Washington en septiembre de 2012.
Eso permitirá, por ejemplo, a abuelos tener la patria potestad de sus nietos, mientras el Estado sigue obligado a buscar a los padres desaparecidos, porque oficialmente no se reconoce su muerte.
La norma implica una reingeniería de la aplicación de justicia, mediante un Sistema Nacional de Víctimas, y ha sido duramente criticada por organizaciones cercanas al expresidente Calderón, y también por la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sus propios promotores admiten que la nueva legislación tiene errores derivados de la urgencia, que deberá corregir el Senado para lo que tiene potestad al reglamentar la norma.
"La ley tiene que perfeccionarse, salió muy rápido porque la prioridad era que el Estado reconozca la tragedia, pero ya estamos haciendo las adecuaciones", dijo la recién nombrada coordinadora de asesores en derechos humanos de la Procuraduría (fiscalía) General, Eliana García, una promotora de la norma.
"Establece un esquema de justicia restaurativa, con cuatro ejes: el derecho de las víctimas a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Es una ley inédita", insistió García.
Sus detractores alertan sobre su peso en el presupuesto, pues la ley obliga al Estado a asumir los costos por daños físicos, mentales, materiales, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, sin importar quién fue el victimario ni cuándo ocurrió la agresión.
Esto amplía la protección a las víctimas de la llamada "guerra sucia" de la década de los 1970s.
El artículo 71 establece que cuando el autor del delito no pueda resarcir el daño, porque se fugó, murió o esté desaparecido, el Estado, como responsable subsidiario, deberá hacerse cargo de la reparación hasta el equivalente a 78,600 dólares.
"Fue un error dejar tan abierta la subsidiaridad compensatoria, en las correcciones que trabajamos ya la acotamos solo para delitos graves, que atenten contra la vida, la libertad y la integridad física", explicó García.
También se modificará la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en que la ley incorpora a casi 4,000 funcionarios de todos los ministerios del país y de los estados, así como el capítulo de competencias, que solo involucra al gobierno nacional.
Lo que no se aclara todavía es cómo se obligará a las autoridades regionales y municipales a cumplir la ley, y son ellas las más señaladas de los delitos por víctimas y familiares.
Tampoco se identifican las nuevas instancias que se harán cargo de las víctimas atendidas actualmente por la Procuraduría Social creada en septiembre de 2011, que será reemplazada por el nuevo sistema.
El Movimiento de víctimas prepara ya talleres y grupos de lectura de la ley para promoverla en los 31 estados del país. Ese fue uno de los acuerdos de un encuentro realizado en la capital mexicana del 25 al 27 de enero, en el que participaron también organizaciones de Estados Unidos y Canadá.
"Nos queda claro que después de la ley, todavía hay mucho por hacer. Nos llevamos una gran agenda", dijo el activista Ted Lewis, director del programa de derechos humanos de Global Exchange, una de las organizaciones que financiaron la caravana que recorrió Estados Unidos y llegó a Washington en septiembre de 2012.
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