Atentado judio en Argentina pone a Irán a prueba(1)

El acuerdo alcanzado entre Argentina e Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la mutual judía AMIA, perpetrado en 1994 en Buenos Aires, pondrá a prueba la solidez de una investigación judicial estancada por la falta de cooperación de Teherán.

El Memorando de Entendimiento suscrito entre los dos países, que la semana próxima discutirá la Cámara de Diputados tras ser aprobado este jueves 21 por escaso margen en el Senado, prevé que los ciudadanos iraníes sospechosos de participar en el ataque puedan ser interrogados en su país por la justicia federal argentina. 

En caso de concretarse el convenio, no será la primera vez que jueces argentinos se trasladen a otro país para indagar a acusados que no pueden ser extraditados. Pero esta causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral, es la que está requiriendo mayores garantías para evitar que, lo que busca ser un atajo contra la impunidad, se transforme en un callejón sin salida. 

El acuerdo a ratificar por el parlamento argentino prevé además la creación de una llamada Comisión de la Verdad, para lo cual se convocará a juristas internacionales, que se pronunciarán sobre la legitimidad del proceso judicial, aunque sus conclusiones no serán vinculantes. 

Las investigaciones realizadas hasta ahora por la justicia argentina apuntan a que el atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que destruyó su sede, mató a 85 personas e hirió a más de 300, habría sido planificado por servidores públicos de Teherán y ejecutado por un miembro del grupo chiíta libanés Hezbolá (Partido de Dios), que habría actuado con financiación iraní. 

La Asamblea General de Interpol (Policía Internacional) aprobó en noviembre de 2007, con calificación de "índice rojo", el pedido de captura internacional elevado por Argentina contra los iraníes Ali Fallahijan, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari. También estaba incluido el ciudadano libanés Imad Fayez Mughniyah, quien fue asesinado en 2008 en Siria. 

Vahidi es en la actualidad el ministro de Defensa de Irán y Rezai es candidato a la Presidencia para las elecciones de junio. 

Irán se ha negado persistentemente a extraditar a los acusados. Tampoco aceptó una anterior propuesta argentina de realizar un juicio en un tercer país, como ocurrió con los libios acusados de derribar en 1988 un avión de pasajeros de la hoy desaparecida aerolínea estadounidense Pan Am sobre la localidad de Lockerbie, Escocia, quienes enfrentaron un tribunal en Holanda. 

Frente a la falta de colaboración de Irán, denunciada reiteradamente por Argentina en sucesivas asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Cristina Fernández selló este acuerdo bilateral. 

Fernández, quien trasladó la iniciativa al Congreso Nacional legislativo el 8 de este mes, dijo que el memorando es "un paso muy importante para destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada, sin posibilidad alguna de interrogar a quienes la justicia argentina ha inculpado". 

El acuerdo es rechazado por la mayoría de los partidos de oposición y por algunas organizaciones de la colectividad judía de Argentina, que temen una trampa de parte de Irán que haga retroceder lo poco que se avanzó en la justicia, mientras que familiares de las víctimas y Amnistía Internacional respaldaron este camino seguido ahora por Buenos Aires. 

Amnistía, la organización humanitaria con sede en Londres, indicó en un comunicado emitido este jueves 21 que el memorando es "una oportunidad para alcanzar justicia y reparación para las víctimas del atentado de la AMIA". "Tanto Irán como Argentina deben garantizar que las reglas de procedimiento de la Comisión de la Verdad sean públicas y cumplan con los estándares internacionales", advirtió. 

El capítulo más discutido por la oposición al acuerdo es el que crea una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas, que no podrán ser de los países parte del acuerdo, cuyo pronunciamiento no será vinculante, pero que someterá a examen las evidencias que hay en el proceso contra los imputados. 

"Hay antecedentes de jueces argentinos que viajaron al exterior para tomar indagatorias, pero este no es un caso más, porque aquí habrá una comisión que va a opinar acerca de si las pruebas que tiene la justicia argentina son o no relevantes", dijo el abogado y académico Guillermo Jorge, profesor de la Universidad de San Andrés. 

Por favor lea AMIA, Parte 2

Atentado judio en Argentina pone a Irán a prueba(2)

AMIA, Parte 2

"Argentina está jugando una carta frente a la nada. No conozco una alternativa para que esta causa avance", sostuvo Jorge, director en esa universidad del centro de Transparencia y Control de la Corrupción en el que se estudian y elaboran propuestas de asistencia jurídica internacional para el esclarecimiento de crímenes que involucran a más de un país. 

El experto recordó el caso por el atentado que mató en 1974 en Buenos Aires al ex-jefe del ejército chileno Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert. La jueza María Servini, a cargo de esa investigación, viajó al exterior para reunir pruebas e indagar a los sospechosos de ser los responsables del crimen. 

La acción de Servini en Chile y en Estados Unidos contribuyó a comprobar que el ataque fue ordenado por oficiales de la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) y ejecutado por el agente estadounidense Michael Townley, según él mismo confesó bajo condición de testigo protegido en su país. 

Últimamente, el juez Ariel Lijo viajó a Alemania para reunir pruebas en una causa contra empresarios de la firma transnacional Siemens, acusados de pagar sobornos a funcionarios argentinos para la aprobación en 1998 de un contrato millonario de confección de documentos de identidad. 

En base a la información obtenida en una causa mayor que la justicia alemana realizó sobre la empresa en diversos países por el mismo delito, Lijo pidió la captura de un grupo de directivos de la firma. Alemania negó la extradición, pero el juez se dispone a viajar para tomar allí las indagatorias. 

Según la evaluación de Jorge, la controversia en el caso del atentado a la AMIA surge porque, mientras que para la justicia argentina las evidencias acumuladas en el proceso son suficientes para indagar a los sospechosos, para Irán son débiles e insuficientes. 

El gobierno de Irán sostiene que la evidencia se basa en informes de inteligencia provenientes de otros países y en testimonios de presuntos arrepentidos. De ahí el rechazo a los pedidos de extradición. No obstante, aceptó el memorando que introduce un nuevo actor en la controversia, que es la Comisión de la Verdad. 

"Aun cuando el juez argentino pueda ignorar sus conclusiones, la comisión de expertos puede opinar que las pruebas son suficientes y sólidas, y eso tendrá un peso político. Luego, el tribunal correspondiente evaluará las declaraciones y podrá definir si los procesa o no. Sería un avance procesal", analizó. 

Pero otro escenario posible, dijo, es que la comisión rechace las pruebas. "Hay juristas que detestan evidencias basadas en informes de inteligencia que responden a intereses políticos", advirtió Jorge. En este punto, Argentina tiene un antecedente que quiza no cumpla con sus expectativas.

En 2003, uno de los sospechosos iraníes, Hadi Soleimanpour, fue detenido en la Universidad de Durham, en el nordeste de Inglaterra, para su eventual extradición a Argentina, debido a una orden de captura en su contra dictada por Interpol. El detenido había sido embajador de su país en Buenos Aires cuando se perpetró el atentado a la AMIA. 

Pero luego de analizar los elementos de la causa argentina, Soleimanpour fue liberado por la justicia británica por falta, según el juez actuante, de evidencia clara sobre su implicación en el atentado. Este es un elemento de la causa que es reivindicado por Irán como presunta muestra de que el proceso está viciado. 

Interpol cesó la búsqueda del diplomático tras su breve detención en Londres. 

Sin embargo, Argentina argumenta que desde aquel momento hubo avances en la prueba recolectada. Además, entonces el juez a cargo era Juan José Galeano, quien fue luego destituido de su puesto por graves irregularidades cometidas en la investigación de la conexión local del ataque.

Healthcare law may cripple California's safety net

http://www.latimes.com/health/la-me-left-uninsured-20130226,0,3348028.story

Human rights group rebukes Mexico

http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-mexico-human-rights-20130221,0,5483212.story

U.S ruling bars certification in jobs for disabled(1)

The U.S Office of Personnel Management issued a ruling which permits people with disabilities forego medical certification that showed employers they were able to perform the job they applied for beyond their cognitive or physical problems.

This office  issued final regulations pertaining to a special hiring authority for the appointment of persons with certain disabilities.  The final rule for “Excepted Service : Appointment of Persons with Intellectual Disabilities, Severe Physical Disabilities, and Psychiatric Disabilities,” also known as “Schedule A Hiring Authority,” simplifies the hiring process for job applicants with disabilities who have work, educational, or other relevant experience, by relieving them of the burden of procuring “certificates of readiness” as a condition of  appointment.

The new regulations are consistent with the Obama administration’s policy of removing barriers and encouraging the employment of individuals with disabilities in the federal workforce, as expressed in Executive Order 13548, Increasing Federal Employment of Individuals With Disabilities.

“We deliver the best results to the American people when we include all parts of our society in our workforce, and take full advantage of their skills and perspectives,” said OPM director John Berry. “It’s important to recruit, hire, develop and retain a competitive and diverse workforce, so that we tap the potential of all groups , including Americans with disabilities.”

Previously, an individual with a disability who wanted  to be appointed under the Schedule A authority was required not only to establish that he or she had a qualifying disability but also to submit a “certification of job readiness,” essentially a formal written assessment, by a medical professional, vocational rehabilitation specialist, or disability benefit agency, that the applicant could reasonably be expected to perform in a particular work environment. This final rule removes the requirement for a certification of job readiness.  Now an applicant will only need to establish that he or she has a qualifying disability.    

Schedule A Hiring Authority for persons with disabilities is one of the tools the federal government uses to accomplish the goals of Executive Order 13548. In 2011, people with disabilities represented 7.96 percent of all new hires. When veterans who are 30 percent or more disabled are included, people with disabilities represent 14.7 percent of all new hires or 18,738 people.

Ecobici, a greener transport in Mexico City(1)

Juan Longueira, 56, uses the bicycles of the Ecobici system three times a day, to commute to and from work and to exercise along the Paseo de la Reforma, a central Mexico City avenue.

“I think it’s a good service,” said Longeira, who works for the Ministry of Public Education and in September signed up for the Ecobici Individual Transport System, which the city government launched in 2010. “I use it in the morning and in the afternoon to go to and from the office, and at noon to get exercise.”

There are 32,500 users of the system, who have used the bicycles some 4.7 million times so far. In September 2012, the left-wing city government expanded the system to Polanco, a neighborhood on the west side of the city. Ecobici now has 168 stations and 2,380 bicycles in the central and western parts of the capital.

But the program still faces many challenges, to reach lower-income parts of the city and increase the promotion of the bicycle as a healthy, environmentally friendly means of transport.

Ecobici “has helped change the way people see bicycles; that has been very important,” said Areli Carreón, the president of the non-government Bicitekas.  “We have to see if it expands to lower-income areas.”

 Members register with Ecobici and pay an annual fee equivalent to 30 dollars. That gives users the unlimited right to use the bicycles for 45 minutes at a time as many times as they like year-round. If the user does not return the bike within 45 minutes, they pay between 70 cents and two dollars.

One reason Ecobici has grown is the government subsidy it receives, of around seven million dollars.

Ecobici was launched in February 2010, after a year of planning together with the Institute for Transporation and Development Policy (ITDP), a U.S.-based international non-governmental organization that promotes sustainable and equitable transportation and has been working with the Mexico City government on other transportation initiatives as well.

The Mexican branch of the U.S. company Clear Channel Outdoor has the concession to offer the service, with its Smartbike line of bicycles.

Please read Ecobici, Part 2

Ecobici, a greener transport in Mexico City(2)

Ecobici, Part 2

In that city of 675,733 people, there are 9,000 people who get around by bicycle, and the municipal government plans to build 30 kms of bike paths. “It is a growing alternative form of transport,” said Rojo, director general of the Ciclos Urbanos association.

Since 2009, Ciclos Urbanos has organized the Ciclonoche on the first Tuesday of every month, a seven-kilometer one-hour night-time ride in which 14,000 people from Culiacán have taken part.

Ciclos Urbanos estimates that 8,000 liters of gasoline were saved and 21 fewer tons of carbon dioxide were emitted as a result of those rides.

An assessment by the Mexican Center for Sustainable Transport (CTSEMBARQ) found that Ecobici users were more likely to leave their cars at home, and that the means of transport that was most replaced by the bicycle was the microbus, one of the six kinds of public transport in the city.

This NGO will study the impact of Ecobici on air quality, because increased bicycle use implies a reduction in the use of polluting means of transport.

What is needed is “an integrated system of transport, with different modalities and sustainable parking stations,” said Hilda Martínez, manager of air quality and climate change in CTSEMBARQ, which is linked to Washington’s World Resources Institute (WRI).

The Ministry of the Environment and the Center for Mexican and Central American Studies organized a survey among 1,000 users of Ecobici, whose results will be published in November 2013.

“It must be evaluated whether Ecobici is the best way to promote the use of bicycles. What we say is that it is not the only option to promote urban cycling. Infrastructure on every street, or exclusive bike lanes, are not indispensable,” Carreón said.

The government wants to expand the program this year to 4,000 bicycles, 275 stations and 87,000 users, as well as 42 kms of bike paths.

By 2013, the aim is to add another 35 kms of paths, with the expansion in neighborhoods far from the center, in the southern and eastern parts of the city.

Some, like Rojo, suggest adopting a system of public bicycles, with the payment of fees for individual trips, which would become a form of individual public transport.

Martínez said “the ideal would be to invite another partner to finance the program, because it could become self-financing.”

As a user, Longueira says better promotion of the system is needed. “There are people who work with me who don’t even know about it,” he said, while returning the bicycle.

Doctors who cook give better nutrition advice

http://www.latimes.com/health/boostershots/la-heb-doctors-who-cook-say-they-give-better-nutrition-advice-20130218,0,5323180.story

Aprueban ley mexicana de indemnizaciones(1)

Araceli Rodríguez, madre de un joven policía federal de México desaparecido con otras siete personas en el occidental estado de Michoacán el 16 de noviembre de 2009 dijo no cesará de luchar hasta encontrarlo.

"No vamos a dejar de pelear hasta que haya justicia para nuestros hijos", aseguró Rodríguez, madre de Luis Angel León.

Ella forma parte de las decenas de miles de familiares de muertos, desaparecidos y desplazados internos por la violencia mexicana, y espera encontrar apoyo en la Ley General de Víctimas que entró en vigor el 9 de febrero del 2013. 

"Si es verdad que está muerto, quiero encontrar sus cenizas. Si es verdad que lo incineraron,quiero encontrar sus dientes. Y no voy a descansar hasta que todos los responsables de su muerte estén en la cárcel y su nombre esté limpio de cualquier sospecha", dijo Rodríguez.

Rodríguez participa desde hace dos años en el ciudadano Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, creado por el poeta Javier Sicilia. 

Han pasado 20 meses desde que el Movimiento demandó en la norteña Ciudad Juárez una ley para atender a los deudos dejados por la violencia en México. La ley es avalada por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y fue promulgada el 9 de enero del 2013. 

Nace con un gran reto: que se ejecute y brinde resultados, coinciden unos y otros. 

"Es una ley que no debió existir, porque es la consecuencia de la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la justicia de los ciudadanos y de una guerra que nunca debió haber sucedido", dijo Sicilia el día de su promulgación. 

Desde que su hijo Juan Francisco fue asesinado, en marzo de 2011, el poeta recorrió el país y tocó las puertas del gobierno, acompañado de cientos de víctimas y ciudadanos solidarios, que buscan detener la política de seguridad y virulencia que dejó el gobierno de Felipe Calderón. 

En diciembre de 2006, al comenzar el mandato que concluyó el 1 de diciembre pasado, Calderón declaró una guerra contra los carteles del tráfico de drogas, militarizó la seguridad pública y dio atribuciones extraordinarias a la policía federal, que desde entonces sextuplicó su personal y aumentó su presupuesto de 800 a 3,000 millones de dólares. 

La estrategia dejó 60,000 personas asesinadas y 25,000 desaparecidas, según datos oficiales, aunque las organizaciones de la sociedad civil suman cifras muy superiores. Además, ha habido 250,000 desplazados y una cantidad incuantificable de deudos, que en la búsqueda de justicia perdieron todos sus bienes o también fueron asesinados. 

En junio de 2011, en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, y después de recorrer 3,400 kilómetros en caravana por los estados más violentos del país, el Movimiento propuso por primera vez, una ley de víctimas. 

El proyecto recorrió un tortuoso camino y la ley, una vez aprobada por el Congreso, fue vetada por Calderón. Pero su sucesor, Enrique Peña Nieto, la promulgó en un acto solemne, donde aseguró: "era urgente contar con un marco legal que protegiera desde ya a las víctimas". 

"Es un triunfo del Movimiento, algo que beneficiará a mucha gente, pero para que funcione todavía va para largo" dijo Margarita López, otra madre cuya hija de 16 años desapareció y presumiblemente fue asesinada en el sureño estado de Oaxaca. 

El 19 de enero, López sufrió un atentado en Ciudad de México, cuando iba a encontrarse con un equipo de forenses argentinos para tomar muestras del ADN del esqueleto que las autoridades dicen es de su hija. 

"Estoy cansada de pelear contra todos porque las autoridades son parte del problema. A veces pienso en irme del país, pero si me voy ¿quién va a buscar a mi hija?", dijo López. 

Aprueban ley mexicana de indemnizaciones(2)

La ley incluye la protección jurídica y psicológica, indemnizaciones y servicios de salud, vivienda y educación, además de un elemento fundamental para las víctimas: la declaratoria de ausencia. 

Eso permitirá, por ejemplo, a abuelos tener la patria potestad de sus nietos, mientras el Estado sigue obligado a buscar a los padres desaparecidos, porque oficialmente no se reconoce su muerte. 

La norma implica una reingeniería de la aplicación de justicia, mediante un Sistema Nacional de Víctimas, y ha sido duramente criticada por organizaciones cercanas al expresidente Calderón, y también por la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Sus propios promotores admiten que la nueva legislación tiene errores derivados de la urgencia, que deberá corregir el Senado para lo que tiene potestad al reglamentar la norma. 

"La ley tiene que perfeccionarse, salió muy rápido porque la prioridad era que el Estado reconozca la tragedia, pero ya estamos haciendo las adecuaciones", dijo la recién nombrada coordinadora de asesores en derechos humanos de la Procuraduría (fiscalía) General, Eliana García, una promotora de la norma. 

"Establece un esquema de justicia restaurativa, con cuatro ejes: el derecho de las víctimas a la verdad, el derecho a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Es una ley inédita", insistió García.

Sus detractores alertan sobre su peso en el presupuesto, pues la ley obliga al Estado a asumir los costos por daños físicos, mentales, materiales, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, sin importar quién fue el victimario ni cuándo ocurrió la agresión. 

Esto amplía la protección a las víctimas de la llamada "guerra sucia" de la década de los 1970s. 

El artículo 71 establece que cuando el autor del delito no pueda resarcir el daño, porque se fugó, murió o esté desaparecido, el Estado, como responsable subsidiario, deberá hacerse cargo de la reparación hasta el equivalente a 78,600 dólares. 

"Fue un error dejar tan abierta la subsidiaridad compensatoria, en las correcciones que trabajamos ya la acotamos solo para delitos graves, que atenten contra la vida, la libertad y la integridad física", explicó García. 

También se modificará la conformación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en que la ley incorpora a casi 4,000 funcionarios de todos los ministerios del país y de los estados, así como el capítulo de competencias, que solo involucra al gobierno nacional. 

Lo que no se aclara todavía es cómo se obligará a las autoridades regionales y municipales a cumplir la ley, y son ellas las más señaladas de los delitos por víctimas y familiares. 

Tampoco se identifican las nuevas instancias que se harán cargo de las víctimas atendidas actualmente por la Procuraduría Social creada en septiembre de 2011, que será reemplazada por el nuevo sistema. 

El Movimiento de víctimas prepara ya talleres y grupos de lectura de la ley para promoverla en los 31 estados del país. Ese fue uno de los acuerdos de un encuentro realizado en la capital mexicana del 25 al 27 de enero, en el que participaron también organizaciones de Estados Unidos y Canadá. 

"Nos queda claro que después de la ley, todavía hay mucho por hacer. Nos llevamos una gran agenda", dijo el activista Ted Lewis, director del programa de derechos humanos de Global Exchange, una de las organizaciones que financiaron la caravana que recorrió Estados Unidos y llegó a Washington en septiembre de 2012.

Revistas alternativas surgen en Argentina(1)

Sostenidas por editores y lectores convencidos de que otra comunicación es posible, las revistas independientes crecen y se fortalecen en Argentina de la mano de un enfoque diferenciado a los grandes medios en coberturas políticas, del quehacer cultural y en la defensa de derechos diversos. 

A la sombra de más de 450 revistas pertenecientes a 40 grandes consorcios editoriales, varios de ellos multimediáticos, circulan en Argentina otras 241 publicaciones dedicadas a la literatura, cine, filosofía, humor, a la discusión ideológica y partidaria, historia, música, artes visuales, artes escénicas, diseño o género. 

No se trata de emprendimientos vocacionales, que avanzan en los ratos libres del editor, sino de un sector económico pujante, con un número estimado total de 1,4 millones de lectores mensuales, que brinda empleo a pequeñas imprentas de todo el país. 

Publicaciones como THC, Alternativa Teatral, El Ojo del Músico, Haciendo cine, La Garganta Poderosa, Clítoris, El Teje y Diario de Poesía son solo una pequeña muestra de la diversidad de la oferta. 

No reciben subsidios estatales o del mundo empresarial y tienen poca publicidad. Prácticamente viven de la venta de cada ejemplar, un recurso olvidado por las revistas comerciales, devenidas en catálogos publicitarios que se contentan con ser exhibidos o con solo circular entre el público lector. 

Desde 2011, la gran mayoría de estos medios están unidos en la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (Arecia) y reclaman discutir un proyecto de ley que contribuya a fortalecerlos como un sector sin fines de lucro pero sustentable. 

"El propósito de la Asociación es mostrar que somos un sector económicamente activo, que ofrece condiciones dignas de empleo, que vive de la venta y paga en efectivo", dijo la periodista Claudia Acuña, presidenta de Arecia. 

Acuña es editora de la revista independiente Mu, nacida al calor de la crisis económico-social de fines de 2001 en el marco de la cooperativa La Vaca, que hoy impulsa otros proyectos de comunicación alternativa. 

La cooperativa brinda además cursos de capacitación en proyectos de autogestión, un servicio que no se brinda en las carreras de formación de periodista y que, según Acuña, representa un vacío en los programas de estudio. 

Un censo realizado por Arecia en octubre indicó que existen en Argentina 241 revistas culturales independientes, 95 por ciento de las cuales se publican en papel y el resto solo en Internet. 

El fenómeno no está acotado a Buenos Aires, tanto es así que 48 por ciento de las publicaciones surgieron en el interior del país y responden a intereses locales. 

Los editores reunidos en Arecia lograron suscribir convenios con el correo postal para la distribución y resistieron múltiples intentos de las revistas comerciales por eliminarlos de los canales de distribución y de venta, fijándoles nuevos costos. 

Revistas alternativas surgen en Argentina(2)

Acosta señaló particularmente al grupo empresarial Clarín y también a La Nación. Entre ambos manejan 60 por ciento del mercado de la gráfica, dijo, y son dueños de redes de distribución y de bocas de venta. 

"Hay mucha concentración y las revistas comerciales ya no venden ejemplares. Viven de la pauta publicitaria oficial y privada. Son casi catálogos de avisos que ganan sólo con exhibirse, aunque no se vendan", explicó Acuña. 

"Ese sector fue perdiendo credibilidad ante los lectores. Ellos mismos lo admiten. En cambio, nosotros somos un mercado sostenido por los lectores, un mercado disperso, de muchos títulos. Somos algo diferente y estamos creciendo", aseguró. 

La presidenta de Arecia cree que contar con una ley puede ayudar a fortalecer proyectos y a hacer surgir nuevos. "No queremos prebendas", remarcó, sino "igualdad de trato, sin discriminaciones", aclaró. La iniciativa, que comenzaría a discutirse en marzo, reclama beneficios impositivos, mejor acceso al financiamiento, bonificación de tasas de interés y cupo del Estado para compras que se reparten entre más de 3,000 bibliotecas públicas del país. 

En sus fundamentos, el proyecto sostiene que una nueva norma serviría para saldar la deuda que tiene con el sector la Ley de Servicios Audiovisuales, sancionada en 2008 y cuya aplicación es resistida por el grupo Clarín a través de trabas, o chicanas varias ante la justicia. 

La norma democratiza espacios televisivos y radiales, "pero ha omitido a las publicaciones gráficas y de Internet, independientes y autogestionadas, sin las cuales esa ley no hubiese contado con canales de debate y difusión", reclaman. 

El texto sostiene que fortalecer a estas revistas es un modo de "dar una batalla contra la monopolización, no solo de productos sino de contenidos" y es además una manera de "consagrar socialmente la idea de que otra comunicación es posible". 

Una comunicación "que no aliente la competencia sino la convivencia de distintos modos de percibir y expresar la vida”.