Demandan al gobierno por 'Comunidades Seguras'.(2)

Actualmente, Comunidades Seguras opera en 168 jurisdicciones de 20 estados. Se anticipan más acuerdos para los próximos días. Bridget Kessler, de la Clínica de Justicia Inmigratoria de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo, señaló que este programa es "peligroso" y que el ICE lo mantuvo en reserva desde el principio.

También destacó que se requiere más información sobre políticas, procedimientos y objetivos, impacto fiscal, datos estadísticos, antecedentes individuales y otros registros.

En febrero se presentó una petición en el marco de la Ley de Libertad de Información para obtener esos datos. Pese a la rápida expansión del programa del ICE, las agencias del gobierno aún no los difundieron.

La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo al Comité Judicial del Senado que el Departamento de Justicia evaluará la ley contra los inmigrantes aprobada en Arizona para determinar si es o no constitucional.

El presidente Barack Obama señaló que la nueva ley amenaza con "debilitar la noción básicas de justicia".

Criticada por los defensores de las libertades civiles, Napolitano defendió el programa 287(g) de su departamento, que autoriza a la policía local a aplicar las leyes federales de inmigración.

"El programa 287(g) puede ser útil" a la hora de “centrarse en delitos serios”, dijo. Sus declaraciones suscitaron el entusiasta apoyo del senador republicano Jeff Sessions, integrante del comité.

Sessions dijo que ese programa "representa una gran oportunidad de enviar un mensaje a futuros inmigrantes en cuanto a que la puerta ya no está abierta: si usted ingresa a este país ilegalmente, no conseguirá trabajo, y en cambio será deportado".

Organizaciones defensoras de los derechos civiles han criticado fuertemente el 287(g). El propio inspector general del Departamento de Seguridad Interna lo hizo.

Quienes se oponen al programa sostienen que los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas no están adecuadamente capacitados para interpretar las complejas leyes de inmigración.

El senador republicano John McCain, de Arizona, defendió la ley aprobada en su estado.

Mientras, en Washington, muchos congresistas dicen que esa norma crea el "imperativo moral y político de que el gobierno federal actúe rápidamente en una reforma inmigratoria exhaustiva".

Rinku Sen, directora ejecutiva del Applied Research Centre (Centro de Investigaciones Aplicadas), una organización sin fines de lucro, dijo que la nueva ley "le compra una falsa comodidad a un estado que está al borde del colapso económico", a cambio de la seguridad de las comunidades de inmigrantes.