¿Cuál es la magnitud de la concentración de medios en América Latina?
MB: Más de 82 por ciento de todas las actividades de información y comunicación están en manos de los cuatro primeros operadores, que, como esto es un promedio, cambian de país en país. La influencia de estos actores es desmedida.
A esto hay que agregarle que en América Latina, con la excepción a medias de (la estatal) Televisión Nacional de Chile, no hay medios públicos al estilo de la BBC. En este panorama no hay un equilibrio, una fuerza pública que pueda compensar la influencia de los grandes medios comerciales.
Esto habla mucho de las sociedades desiguales que construimos en América Latina, el subcontinente más inequitativo del planeta. Yo creo que si no estuviera tan concentrada la palabra, la situación de desigualdad de América Latina sería más cuestionada.
Usted menciona la agenda democratizadora que se discute hoy en la región...
MB: Sí, es una agenda heterogénea, porque los gobiernos y los movimientos políticos y sociales que la impulsan son distintos entre sí. La experiencia de Evo Morales en Bolivia y de Rafael Correa en Ecuador es muy distinta a la de (Luiz Inácio) Lula da Silva en Brasil y de Tabaré Vásquez (2005-2010) en Uruguay.
Pero estas cuatro experiencias, y podríamos mencionar también a la argentina, tienen en común que por primera vez en esos países se cuestiona la concentración y se plantea que los sectores sociales sin ánimo de lucro tienen el mismo derecho a poseer licencias de radio y televisión. Esta es una gran novedad.
¿Cómo analiza la situación de países como Argentina y Venezuela, cuyos gobiernos denuncian que los grandes medios actúan como verdaderos partidos de oposición?
MB: La situación es muy distinta. En Venezuela está la ley Resorte (Responsabilidad Social en Radio y Televisión) del (presidente Hugo) Chávez, con la cual estoy en desacuerdo porque se mete con los contenidos. La ley argentina, no, es muy liberal en cuanto a los contenidos, cada cual puede decir lo que quiere.
Hay muy pocos periodos en la historia argentina donde uno pueda encontrar reacciones tan duras del sistema de medios contra los presidentes. Esto significa que libertad de medios en Argentina hay.
En mi país los medios reaccionan mal, y es muy ineficaz periodísticamente porque reaccionan como partido político y rompen lo que (el intelectual argentino) Eliseo Verón llama el "contrato de lectura", la relación entre el diario y sus lectores.
jueves, 27 de mayo de 2010
"La Palabra" y desigualdes en América Latina(1)
El académico argentino Martín Becerra, quien presentó en Santiago de Chile su última investigación sobre los medios de comunicación en América Latina, dijo que “si no estuviera tan concentrada la 'palabra', la situación de desigualdad de América Latina sería más cuestionada".
"Los Dueños de la Palabra. Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXI", se titula el libro escrito por Becerra junto a su compatriota Guillermo Mastrini, publicado en 2009 en Argentina gracias al apoyo del no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima.
Ambos académicos publicaron en 2006 Periodistas y magnates, la primera parte de esta investigación que pretenden actualizar cada cuatro años sobre las llamadas industrias "infocomunicacionales": prensa, radio, televisión abierta y por cable, editorial gráfica, fonografía, cinematografía, telefonía fija y móvil e Internet. Becerra respondio algunas preguntas en relación a su obra.
¿Quiénes son los "dueños de la palabra" en América Latina?
MARTIN BECERRA: Son pocos grupos con una influencia decisiva en las actividades "infocomunicacionales". Los más importantes son Globo, Televisa, Clarín, Prisa, Cisneros y el grupo del mexicano Ángel González, con gran presencia en América Central. En telecomunicaciones están Telmex y Telefónica.
El panorama latinoamericano se reproduce a escala nacional. En Chile, por ejemplo, tienes a la familia Edwards (dueña de la cadena de diarios El Mercurio) y a Álvaro Saieh (propietario de Consorcio Periodístico de Chile).
¿Tienen algún perfil común estos grupos y magnates?
MB: El origen de muchos de ellos está ligado a una figura patriarcal, de cacique, muy al estilo de los liderazgos políticos y empresariales latinoamericanos.
La figura del "Pater familias" (padre de familia) que se abre camino con métodos no siempre muy prístinos, como queda claro en investigaciones como "Los magnates de la prensa", de la periodista chilena María Olivia Mönckeberg (2009). La acumulación de sus fortunas, en algunos casos, está ligada a negocios con gobiernos dictatoriales.
En las últimas décadas se han reconvertido y diversificado. Hoy hablamos de conglomerados que tienen desde financieras hasta radios y cadenas de televisión. Antes eran empresarios de medios, ahora son enormes grupos económicos, que, para facilitar su acción en el resto de la economía, necesitan medios de comunicación que les sirvan de poder de lobby.
¿Qué mirada está representada por estos grandes medios? Mönckeberg dice que en Chile es la derecha neoliberal ultraconservadora...
MB: En general son de derecha. Porque defienden el status quo. Estos grupos no podrían haber alcanzado el tamaño que tienen, que, dicho de paso, estaría prohibido en países desarrollados, si no fuese por la complacencia de un poder político que en algunos casos estuvo en manos de dictadores.
El poder político los ha beneficiado con unos privilegios que se terminarían con cualquier reforma que aspire a democratizar el sistema de medios, que es algo que está en la agenda latinoamericana hoy.
"Los Dueños de la Palabra. Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXI", se titula el libro escrito por Becerra junto a su compatriota Guillermo Mastrini, publicado en 2009 en Argentina gracias al apoyo del no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima.
Ambos académicos publicaron en 2006 Periodistas y magnates, la primera parte de esta investigación que pretenden actualizar cada cuatro años sobre las llamadas industrias "infocomunicacionales": prensa, radio, televisión abierta y por cable, editorial gráfica, fonografía, cinematografía, telefonía fija y móvil e Internet. Becerra respondio algunas preguntas en relación a su obra.
¿Quiénes son los "dueños de la palabra" en América Latina?
MARTIN BECERRA: Son pocos grupos con una influencia decisiva en las actividades "infocomunicacionales". Los más importantes son Globo, Televisa, Clarín, Prisa, Cisneros y el grupo del mexicano Ángel González, con gran presencia en América Central. En telecomunicaciones están Telmex y Telefónica.
El panorama latinoamericano se reproduce a escala nacional. En Chile, por ejemplo, tienes a la familia Edwards (dueña de la cadena de diarios El Mercurio) y a Álvaro Saieh (propietario de Consorcio Periodístico de Chile).
¿Tienen algún perfil común estos grupos y magnates?
MB: El origen de muchos de ellos está ligado a una figura patriarcal, de cacique, muy al estilo de los liderazgos políticos y empresariales latinoamericanos.
La figura del "Pater familias" (padre de familia) que se abre camino con métodos no siempre muy prístinos, como queda claro en investigaciones como "Los magnates de la prensa", de la periodista chilena María Olivia Mönckeberg (2009). La acumulación de sus fortunas, en algunos casos, está ligada a negocios con gobiernos dictatoriales.
En las últimas décadas se han reconvertido y diversificado. Hoy hablamos de conglomerados que tienen desde financieras hasta radios y cadenas de televisión. Antes eran empresarios de medios, ahora son enormes grupos económicos, que, para facilitar su acción en el resto de la economía, necesitan medios de comunicación que les sirvan de poder de lobby.
¿Qué mirada está representada por estos grandes medios? Mönckeberg dice que en Chile es la derecha neoliberal ultraconservadora...
MB: En general son de derecha. Porque defienden el status quo. Estos grupos no podrían haber alcanzado el tamaño que tienen, que, dicho de paso, estaría prohibido en países desarrollados, si no fuese por la complacencia de un poder político que en algunos casos estuvo en manos de dictadores.
El poder político los ha beneficiado con unos privilegios que se terminarían con cualquier reforma que aspire a democratizar el sistema de medios, que es algo que está en la agenda latinoamericana hoy.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Edificio de TV obligado a accesar a discapacitados
Un juez en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, dictaminó que el canal 7 de televisión local no permite acceso a personas discapacitadas a su edificación, donde se encuentra el centro educativo CENS 69, por lo que el gobierno de la ciudad tendrá que realizar obras de infraestructura para que dicho inmueble se convierta en un espacio accesible.
El caso incluye al demandante Fernando Maldonado, un estudiante que ha tenido que recurrir a la ayuda de amigos y personal para que lo carguen en peso, y lo suban por las escaleras que llevan a las aulas de clase del CENS 69.
El fallo, dictaminado en Marzo de este año, se encuentra firme, ya que no fue apelado.
En agosto de 2009, con el patricinio jurídico de Acceso YA, Maldonado se presentó ante la justicia para reclamarle al Gobierno de Buenos Aires la falta de accesibilidad del CENS 69 y la falta de cumplimiento de leyes y decretos que protegen a las personas con discapacidad.
Entre los mismos se encuentran el artículo 14 de la Constitución Nacional, algunos artículos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tratados internacionales como la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Convención de la ONU sobre los Derechos delas Personas con Discapacidad.
El caso de Fernando Maldonado es representativo de las dificultades e impedimentos que ofrece el entorno físico para que las personas con discapacidad y movilidad reducida, puedan estudiar, trabajar y vivir con autonomía en la vida cotidiana.
Como las clases se dictan en el primer piso del establecimiento y no hay ascensor, los compañeros alzaban a Maldonado y realizaban el ascenso por la escalera, para que pueda concurrir a clase. Esto ocasionaba un peligro inminente tanto para él como para sus compañeros, ya que podían lastimarse, tropezarse, torcerse un tobillo, o incluso caerse. Por este motivo, él debía permanecer en el aula hasta que terminara la jornada.
En otras palabras, Maldonado permanece en el aula también durante los recreos y tiempos de esparcimiento, ya que esas actividades se realizan en la planta baja del edificio.
A esto se suma la inexistencia de baño adaptado para personas con discapacidad.
Expuesto a estas condiciones, con el asesoramiento de Acceso Ya, Maldonado realizó reclamos administrativos en la escuela. Como no obtuvo respuestas, se presentó la demanda, en la cual se explicitó el obstáculo que las barreras arquitectónicas del CENS 69 implican para que las personas con discapacidad y movilidad reducida puedan ejercer su derecho a la educación.
Sin duda, el fallo a favor de Maldonado es muy importante para la remoción de las barreras arquitectónicas que impiden el desarrollo de una vida plena para las personas con discapacidades. Igualmente, también significa algo muy especial para él.
“¡Estoy muy contento! Termino este año el secundario y quisiera empezar la carrera de producción de televisión enel CENS, pero me pregunto si estará listo para el año que viene. Me gustaría ver este sueño ya realizado”.
Este caso individual tal vez sirva para tomar conciencia de la falta de accesibilidad existente en múltiples espacios, impulsando a otras personas a luchar para que se respeten sus derechos y para que esta situación de exclusión e inaccesibilidad deje de ser algo habitual.
El caso incluye al demandante Fernando Maldonado, un estudiante que ha tenido que recurrir a la ayuda de amigos y personal para que lo carguen en peso, y lo suban por las escaleras que llevan a las aulas de clase del CENS 69.
El fallo, dictaminado en Marzo de este año, se encuentra firme, ya que no fue apelado.
En agosto de 2009, con el patricinio jurídico de Acceso YA, Maldonado se presentó ante la justicia para reclamarle al Gobierno de Buenos Aires la falta de accesibilidad del CENS 69 y la falta de cumplimiento de leyes y decretos que protegen a las personas con discapacidad.
Entre los mismos se encuentran el artículo 14 de la Constitución Nacional, algunos artículos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tratados internacionales como la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Convención de la ONU sobre los Derechos delas Personas con Discapacidad.
El caso de Fernando Maldonado es representativo de las dificultades e impedimentos que ofrece el entorno físico para que las personas con discapacidad y movilidad reducida, puedan estudiar, trabajar y vivir con autonomía en la vida cotidiana.
Como las clases se dictan en el primer piso del establecimiento y no hay ascensor, los compañeros alzaban a Maldonado y realizaban el ascenso por la escalera, para que pueda concurrir a clase. Esto ocasionaba un peligro inminente tanto para él como para sus compañeros, ya que podían lastimarse, tropezarse, torcerse un tobillo, o incluso caerse. Por este motivo, él debía permanecer en el aula hasta que terminara la jornada.
En otras palabras, Maldonado permanece en el aula también durante los recreos y tiempos de esparcimiento, ya que esas actividades se realizan en la planta baja del edificio.
A esto se suma la inexistencia de baño adaptado para personas con discapacidad.
Expuesto a estas condiciones, con el asesoramiento de Acceso Ya, Maldonado realizó reclamos administrativos en la escuela. Como no obtuvo respuestas, se presentó la demanda, en la cual se explicitó el obstáculo que las barreras arquitectónicas del CENS 69 implican para que las personas con discapacidad y movilidad reducida puedan ejercer su derecho a la educación.
Sin duda, el fallo a favor de Maldonado es muy importante para la remoción de las barreras arquitectónicas que impiden el desarrollo de una vida plena para las personas con discapacidades. Igualmente, también significa algo muy especial para él.
“¡Estoy muy contento! Termino este año el secundario y quisiera empezar la carrera de producción de televisión enel CENS, pero me pregunto si estará listo para el año que viene. Me gustaría ver este sueño ya realizado”.
Este caso individual tal vez sirva para tomar conciencia de la falta de accesibilidad existente en múltiples espacios, impulsando a otras personas a luchar para que se respeten sus derechos y para que esta situación de exclusión e inaccesibilidad deje de ser algo habitual.
sábado, 22 de mayo de 2010
Televisoras aztecas harán millones con el mundial de Sudáfrica(2)
Para el campeonato mundial de la FIFA de 2002, Televisa registró ventas por 437 millones de dólares, que para la siguiente competición de Alemania en 2006 bajaron a 400 millones, según estadísticas del banco español Santander.
A su vez, TV Azteca ganó 25 millones de dólares por la transmisión del torneo escenificado en las dos naciones asiáticas, sin que haya un dato preciso para Alemania 2006.
En México, Televisa posee los equipos de fútbol América, que junto con las Chivas de la noroccidental ciudad de Guadalajara es el más popular del país, San Luis y Necaxa. Mientras, el Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, es dueño del Monarcas Morelia, de la central ciudad homónima.
Ambas empresas negocian con otros equipos la transmisión exclusiva de los juegos que se realizan en sus canchas, lo que representa ingresos millonarios para esas franquicias deportivas.
Otra señal de paga, el canal TVC Deportes, propiedad de la empresa PCTV, exhibirá 30 partidos a disputarse en Sudáfrica hasta el 11 de julio.
En México, con 107 millones de habitantes, existen más de siete millones de suscriptores a los servicios de televisión restringida, por cable y satelital, según datos de la gubernamental Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El certamen deportivo le sirve también al poder político.
Entre 59 y 63 por ciento de los votantes en una encuesta del gobierno estuvieron de acuerdo con la posibilidad de que el presidente Felipe Calderón viaje al partido inaugural de la Copa del Mundo entre la escuadra mexicana y el cuadro local, al cual ya fue invitado por su homólogo sudafricano, Jacob Zuma.
Las televisoras generan "expectativas más allá de nuestra realidad, explotando la necesidad de la sociedad de tener válvulas de escape y destellos de alegría en medio de las dificultades cotidianas" y de tener "alicientes y estímulos para compensar la adversidad", según el comentarista Carlos Treviño.
Una encuesta reciente de la firma Consulta Mitofski concluyó que 84,7% de los entrevistados cree que México hará un mundial entre regular y bueno.
"El mexicano es muy apasionado por su selección. Es una reafirmación de ser mexicano, un factor de identidad que pasa por lo histórico y lo ritual", subrayó Zavalza.
Este país norteamericano ha participado en 13 competiciones mundialistas, en las cuales nunca superó los octavos de final, pese a que en dos oportunidades fue anfitrión del torneo: en 1970 cuando triunfó Brasil y en 1986 cuando resultó campeón Argentina.
Hasta ahora, su mayor éxito en estas lides fue el primer lugar en campeonato mundial de fútbol sub-17 organizado en Perú en 2005.
A su vez, TV Azteca ganó 25 millones de dólares por la transmisión del torneo escenificado en las dos naciones asiáticas, sin que haya un dato preciso para Alemania 2006.
En México, Televisa posee los equipos de fútbol América, que junto con las Chivas de la noroccidental ciudad de Guadalajara es el más popular del país, San Luis y Necaxa. Mientras, el Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, es dueño del Monarcas Morelia, de la central ciudad homónima.
Ambas empresas negocian con otros equipos la transmisión exclusiva de los juegos que se realizan en sus canchas, lo que representa ingresos millonarios para esas franquicias deportivas.
Otra señal de paga, el canal TVC Deportes, propiedad de la empresa PCTV, exhibirá 30 partidos a disputarse en Sudáfrica hasta el 11 de julio.
En México, con 107 millones de habitantes, existen más de siete millones de suscriptores a los servicios de televisión restringida, por cable y satelital, según datos de la gubernamental Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El certamen deportivo le sirve también al poder político.
Entre 59 y 63 por ciento de los votantes en una encuesta del gobierno estuvieron de acuerdo con la posibilidad de que el presidente Felipe Calderón viaje al partido inaugural de la Copa del Mundo entre la escuadra mexicana y el cuadro local, al cual ya fue invitado por su homólogo sudafricano, Jacob Zuma.
Las televisoras generan "expectativas más allá de nuestra realidad, explotando la necesidad de la sociedad de tener válvulas de escape y destellos de alegría en medio de las dificultades cotidianas" y de tener "alicientes y estímulos para compensar la adversidad", según el comentarista Carlos Treviño.
Una encuesta reciente de la firma Consulta Mitofski concluyó que 84,7% de los entrevistados cree que México hará un mundial entre regular y bueno.
"El mexicano es muy apasionado por su selección. Es una reafirmación de ser mexicano, un factor de identidad que pasa por lo histórico y lo ritual", subrayó Zavalza.
Este país norteamericano ha participado en 13 competiciones mundialistas, en las cuales nunca superó los octavos de final, pese a que en dos oportunidades fue anfitrión del torneo: en 1970 cuando triunfó Brasil y en 1986 cuando resultó campeón Argentina.
Hasta ahora, su mayor éxito en estas lides fue el primer lugar en campeonato mundial de fútbol sub-17 organizado en Perú en 2005.
Televisoras aztecas harán millones con el mundial de Sudáfrica(1)
Al mexicano Horacio Ramos no le preocupa pagar unos 50 dólares adicionales en su cuenta de televisión por abonados para disfrutar de toda la Copa Mundial de la FIFA, que comenzará el 11 de junio en Sudáfrica.
"Quiero ver la mayoría de partidos. Voy a pedir vacaciones para esos días", relató el oficinista de 30 años.
El costo impuesto por las compañías de televisión refleja la desigualdad en el acceso al deporte más popular en este país norteamericano, ya que las cadenas privadas Televisa y TV Azteca exhibirán sólo una parte de los encuentros por su señal abierta de aire.
Este mismo mecanismo es aplicado desde hace algunos años para los torneos locales y para los juegos de equipos mexicanos en competiciones regionales, como la Copa Santander Libertadores.
"La gente no está clara sobre cuáles partidos van en señal abierta y en qué horarios. Quiere ver la mayoría de partidos, pero está consciente de que tiene que trabajar", planteó Aldo Zavalza, consultor de la firma De la Riva Group, que desde 2002 ha elaborado estudios sobre el negocio del balón en el mercado mexicano.
Televisa y TV Azteca podrían ganar unos 800 millones de dólares por la publicidad exhibida durante la Copa del Mundo, según previsiones de varias firmas de análisis financiero. Además, el torneo será un jugoso negocio para las compañías de bebidas y de entremeses, cuyos ingresos aún no han sido estimados.
En sus proyecciones publicitarias difundidas en marzo respecto al certamen que será inaugurado el 11 de junio en Johannesburgo, TV Azteca anunció ventas por 370 millones de dólares, mientras que Televisa por 1,420 millones de dólares.
El balompié en México genera más de 7,000 millones de dólares, equivalentes a 0,7 por ciento del producto interno bruto del país, según el estudio "Tendencias del futbol, su afición y consumo en México" elaborado por De la Riva Group.
En la región, sólo Brasil, cinco veces campeón de la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), supera esas cifras, basadas en el tamaño de la población de esas naciones.
Frente a la competencia de Sudáfrica, en la cual intervendrán selecciones de 32 países, entre ellos México, Televisa corre con la ventaja de operar la empresa de señal satelital Sky y el canal de paga Televisa Deportes Network, a través del cual transmitirá en exclusiva 10 de los 64 encuentros mundialistas.
La sola presencia en suelo africano del "Tri", como se conoce popularmente al seleccionado mexicano por los colores verde, blanco y rojo de su bandera nacional, implica aumentos de televidentes y de ingresos financieros para las dos cadenas privadas que monopolizan el mercado televisivo mexicano.
Para Televisa, la participación del equipo mexicano significará 30% más de audiencia, que equivalen a unos 16 millones de dólares en ventas publicitarias, según cálculos de 2009 del banco de capitales españoles BBVA Bancomer.
En el caso de TV Azteca, propiedad del Grupo Salinas, la excursión mexicana por Sudáfrica implica 15 por ciento más de televidentes o unos 12 millones de dólares.
"Quiero ver la mayoría de partidos. Voy a pedir vacaciones para esos días", relató el oficinista de 30 años.
El costo impuesto por las compañías de televisión refleja la desigualdad en el acceso al deporte más popular en este país norteamericano, ya que las cadenas privadas Televisa y TV Azteca exhibirán sólo una parte de los encuentros por su señal abierta de aire.
Este mismo mecanismo es aplicado desde hace algunos años para los torneos locales y para los juegos de equipos mexicanos en competiciones regionales, como la Copa Santander Libertadores.
"La gente no está clara sobre cuáles partidos van en señal abierta y en qué horarios. Quiere ver la mayoría de partidos, pero está consciente de que tiene que trabajar", planteó Aldo Zavalza, consultor de la firma De la Riva Group, que desde 2002 ha elaborado estudios sobre el negocio del balón en el mercado mexicano.
Televisa y TV Azteca podrían ganar unos 800 millones de dólares por la publicidad exhibida durante la Copa del Mundo, según previsiones de varias firmas de análisis financiero. Además, el torneo será un jugoso negocio para las compañías de bebidas y de entremeses, cuyos ingresos aún no han sido estimados.
En sus proyecciones publicitarias difundidas en marzo respecto al certamen que será inaugurado el 11 de junio en Johannesburgo, TV Azteca anunció ventas por 370 millones de dólares, mientras que Televisa por 1,420 millones de dólares.
El balompié en México genera más de 7,000 millones de dólares, equivalentes a 0,7 por ciento del producto interno bruto del país, según el estudio "Tendencias del futbol, su afición y consumo en México" elaborado por De la Riva Group.
En la región, sólo Brasil, cinco veces campeón de la Copa Mundial de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), supera esas cifras, basadas en el tamaño de la población de esas naciones.
Frente a la competencia de Sudáfrica, en la cual intervendrán selecciones de 32 países, entre ellos México, Televisa corre con la ventaja de operar la empresa de señal satelital Sky y el canal de paga Televisa Deportes Network, a través del cual transmitirá en exclusiva 10 de los 64 encuentros mundialistas.
La sola presencia en suelo africano del "Tri", como se conoce popularmente al seleccionado mexicano por los colores verde, blanco y rojo de su bandera nacional, implica aumentos de televidentes y de ingresos financieros para las dos cadenas privadas que monopolizan el mercado televisivo mexicano.
Para Televisa, la participación del equipo mexicano significará 30% más de audiencia, que equivalen a unos 16 millones de dólares en ventas publicitarias, según cálculos de 2009 del banco de capitales españoles BBVA Bancomer.
En el caso de TV Azteca, propiedad del Grupo Salinas, la excursión mexicana por Sudáfrica implica 15 por ciento más de televidentes o unos 12 millones de dólares.
domingo, 9 de mayo de 2010
viernes, 7 de mayo de 2010
Driving scholarship for youth with Osteogenesis Imperfecta
A scholarship worth $500 for individuals who live with Osteogenesis Imperfecta, are between 15 and 21 years of age, and want to learn how to drive, is being offered by the Shriners Hospitals for Children-Chicago, and the Osteogenesis Imperfecta (OI) Foundation.
The applicants need to live in the United States or Canada, and have a will to drive. The scholarship will pay for adapting driving evaluations, lessons or adapted equipment for his or her car.
An essay of 250 words must be included. It must state why the student qualifies to receive the scholarship, and specific goals for driving.
Applications will be ranked by the following criteria:
~Need for transportation to and from job or school. (50%).
~Financial need (25%).
~Essay (25%).
To get an application, call (301) 947-0083, or visit http://www.osteogenesis imperfecta foundation.org.
Applications are due by May 12, 2010 and winners will be notified by June 2, 2010.
Applications will be reviewed by a committee made up of representatives of the OI Foundation and Shriner Hospitals for Children-Chicago.
For review purposes all applications are “blinded”. This means that persons identifying information is not sent to reviewers. Please do not use last names when answering the essay questions.
Please send your completed application and essay to:
Osteogenesis Imperfecta Foundation (OI Foundation),
804 W. Diamond Ave, Suite 210, Gaithersburg, MD 20878.
Attention: Adapted Driving Grants. You can fax it to 301-947-0456, or e-mail it to jredding@oif.org
For further questions, contact Jennifer Redding at jredding@oif.org or call at (301) 947-0083.
The applicants need to live in the United States or Canada, and have a will to drive. The scholarship will pay for adapting driving evaluations, lessons or adapted equipment for his or her car.
An essay of 250 words must be included. It must state why the student qualifies to receive the scholarship, and specific goals for driving.
Applications will be ranked by the following criteria:
~Need for transportation to and from job or school. (50%).
~Financial need (25%).
~Essay (25%).
To get an application, call (301) 947-0083, or visit http://www.osteogenesis imperfecta foundation.org.
Applications are due by May 12, 2010 and winners will be notified by June 2, 2010.
Applications will be reviewed by a committee made up of representatives of the OI Foundation and Shriner Hospitals for Children-Chicago.
For review purposes all applications are “blinded”. This means that persons identifying information is not sent to reviewers. Please do not use last names when answering the essay questions.
Please send your completed application and essay to:
Osteogenesis Imperfecta Foundation (OI Foundation),
804 W. Diamond Ave, Suite 210, Gaithersburg, MD 20878.
Attention: Adapted Driving Grants. You can fax it to 301-947-0456, or e-mail it to jredding@oif.org
For further questions, contact Jennifer Redding at jredding@oif.org or call at (301) 947-0083.
jueves, 6 de mayo de 2010
Health and Human Services funds $6 million disabilities center
The U.S. Department of Health and Human Services Office on Disability announced the award of more than $6 million under the American Recovery and Reinvestment Act of 2009, to establish a Center of Excellence in Research on Disability Services, Care Coordination and Integration.
The contract has been awarded to Mathematica Policy Research, Inc. for two years. It is aimed at building the infrastructure necessary to support and conduct research on the effectiveness and comparative effectiveness of systems of care for people with disabilities.
“With the establishment of a Center of Excellence in Research on Disability Services, Care Coordination and Integration, we will make necessary data improvements to better understand health and support services for people with disabilities,” said HHS secretary Kathleen Sebelius. “The data collected will allow the Office on Disability and the centers for Medicare and Medicaid services to examine the effectiveness of different services and supports being provided, and in turn, improve care for people with disabilities.”
The center will identify data sources, evaluate the usability of data, conduct research, and disseminate scientifically and clinically relevant information to help patients, providers, policy makers, consumers, caregivers, and family members make decisions on health care.
One of the key components of this program is the collaboration with the Centers for Medicare and Medicaid Services’ Chronic Conditions Warehouse (CCW).
“By linking existing Medicaid data sources and other datasets relevant to disability to the CCW, the center will increase the analytic utility of CCW information for research on people with disabilities and/or chronic conditions,” said Dr. Rosaly Correa-de-Araujo, deputy director of the Office on Disability. She is the technical and scientific director of the initiative.
In addition, Medicaid data, state plan and waiver services supplied by specific states, will be assessed and used to identify and propose ways to achieve greater consistency on how services are used and provided.
“This is a unique initiative that creates a broad array of future opportunities in comparative effectiveness research in the field of disability services, including those related to rehabilitation, behavioral and psychosocial interventions. We look forward to advancing science and enhancing services and supports that benefit people with disabilities,” said Correa-de-Araujo.
The contract has been awarded to Mathematica Policy Research, Inc. for two years. It is aimed at building the infrastructure necessary to support and conduct research on the effectiveness and comparative effectiveness of systems of care for people with disabilities.
“With the establishment of a Center of Excellence in Research on Disability Services, Care Coordination and Integration, we will make necessary data improvements to better understand health and support services for people with disabilities,” said HHS secretary Kathleen Sebelius. “The data collected will allow the Office on Disability and the centers for Medicare and Medicaid services to examine the effectiveness of different services and supports being provided, and in turn, improve care for people with disabilities.”
The center will identify data sources, evaluate the usability of data, conduct research, and disseminate scientifically and clinically relevant information to help patients, providers, policy makers, consumers, caregivers, and family members make decisions on health care.
One of the key components of this program is the collaboration with the Centers for Medicare and Medicaid Services’ Chronic Conditions Warehouse (CCW).
“By linking existing Medicaid data sources and other datasets relevant to disability to the CCW, the center will increase the analytic utility of CCW information for research on people with disabilities and/or chronic conditions,” said Dr. Rosaly Correa-de-Araujo, deputy director of the Office on Disability. She is the technical and scientific director of the initiative.
In addition, Medicaid data, state plan and waiver services supplied by specific states, will be assessed and used to identify and propose ways to achieve greater consistency on how services are used and provided.
“This is a unique initiative that creates a broad array of future opportunities in comparative effectiveness research in the field of disability services, including those related to rehabilitation, behavioral and psychosocial interventions. We look forward to advancing science and enhancing services and supports that benefit people with disabilities,” said Correa-de-Araujo.
sábado, 1 de mayo de 2010
Demandan al gobierno por 'Comunidades Seguras'.(2)
Actualmente, Comunidades Seguras opera en 168 jurisdicciones de 20 estados. Se anticipan más acuerdos para los próximos días. Bridget Kessler, de la Clínica de Justicia Inmigratoria de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo, señaló que este programa es "peligroso" y que el ICE lo mantuvo en reserva desde el principio.
También destacó que se requiere más información sobre políticas, procedimientos y objetivos, impacto fiscal, datos estadísticos, antecedentes individuales y otros registros.
En febrero se presentó una petición en el marco de la Ley de Libertad de Información para obtener esos datos. Pese a la rápida expansión del programa del ICE, las agencias del gobierno aún no los difundieron.
La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo al Comité Judicial del Senado que el Departamento de Justicia evaluará la ley contra los inmigrantes aprobada en Arizona para determinar si es o no constitucional.
El presidente Barack Obama señaló que la nueva ley amenaza con "debilitar la noción básicas de justicia".
Criticada por los defensores de las libertades civiles, Napolitano defendió el programa 287(g) de su departamento, que autoriza a la policía local a aplicar las leyes federales de inmigración.
"El programa 287(g) puede ser útil" a la hora de “centrarse en delitos serios”, dijo. Sus declaraciones suscitaron el entusiasta apoyo del senador republicano Jeff Sessions, integrante del comité.
Sessions dijo que ese programa "representa una gran oportunidad de enviar un mensaje a futuros inmigrantes en cuanto a que la puerta ya no está abierta: si usted ingresa a este país ilegalmente, no conseguirá trabajo, y en cambio será deportado".
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han criticado fuertemente el 287(g). El propio inspector general del Departamento de Seguridad Interna lo hizo.
Quienes se oponen al programa sostienen que los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas no están adecuadamente capacitados para interpretar las complejas leyes de inmigración.
El senador republicano John McCain, de Arizona, defendió la ley aprobada en su estado.
Mientras, en Washington, muchos congresistas dicen que esa norma crea el "imperativo moral y político de que el gobierno federal actúe rápidamente en una reforma inmigratoria exhaustiva".
Rinku Sen, directora ejecutiva del Applied Research Centre (Centro de Investigaciones Aplicadas), una organización sin fines de lucro, dijo que la nueva ley "le compra una falsa comodidad a un estado que está al borde del colapso económico", a cambio de la seguridad de las comunidades de inmigrantes.
También destacó que se requiere más información sobre políticas, procedimientos y objetivos, impacto fiscal, datos estadísticos, antecedentes individuales y otros registros.
En febrero se presentó una petición en el marco de la Ley de Libertad de Información para obtener esos datos. Pese a la rápida expansión del programa del ICE, las agencias del gobierno aún no los difundieron.
La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, dijo al Comité Judicial del Senado que el Departamento de Justicia evaluará la ley contra los inmigrantes aprobada en Arizona para determinar si es o no constitucional.
El presidente Barack Obama señaló que la nueva ley amenaza con "debilitar la noción básicas de justicia".
Criticada por los defensores de las libertades civiles, Napolitano defendió el programa 287(g) de su departamento, que autoriza a la policía local a aplicar las leyes federales de inmigración.
"El programa 287(g) puede ser útil" a la hora de “centrarse en delitos serios”, dijo. Sus declaraciones suscitaron el entusiasta apoyo del senador republicano Jeff Sessions, integrante del comité.
Sessions dijo que ese programa "representa una gran oportunidad de enviar un mensaje a futuros inmigrantes en cuanto a que la puerta ya no está abierta: si usted ingresa a este país ilegalmente, no conseguirá trabajo, y en cambio será deportado".
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han criticado fuertemente el 287(g). El propio inspector general del Departamento de Seguridad Interna lo hizo.
Quienes se oponen al programa sostienen que los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas no están adecuadamente capacitados para interpretar las complejas leyes de inmigración.
El senador republicano John McCain, de Arizona, defendió la ley aprobada en su estado.
Mientras, en Washington, muchos congresistas dicen que esa norma crea el "imperativo moral y político de que el gobierno federal actúe rápidamente en una reforma inmigratoria exhaustiva".
Rinku Sen, directora ejecutiva del Applied Research Centre (Centro de Investigaciones Aplicadas), una organización sin fines de lucro, dijo que la nueva ley "le compra una falsa comodidad a un estado que está al borde del colapso económico", a cambio de la seguridad de las comunidades de inmigrantes.
Demandan al gobierno por 'Comunidades Seguras'.(1)
Tres organizaciones por los derechos civiles litigan al gobierno de Estados Unidos para que divulgue los alcances del programa Comunidades Seguras, bajo el cual policías locales y estaduales participan en operativos federales vinculados al control de inmigrantes.
Las demandas fueron presentadas por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia Inmigratoria de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo.
Esto fue consecuencia de una campaña nacional titulada "Develando la verdad", en la que, durante una semana, una serie de acciones coordinadas en más de 10 ciudades buscaron poner fin a la colaboración policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
"La aprobación de (la ley) SB 1070 en Arizona debería ser prueba suficiente de la naturaleza peligrosa y desastrosa de los programas de colaboración entre el ICE y la policía, como el llamado Comunidades Seguras", dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras.
La gobernadora republicana Jan Brewer promulgó el día 23 de abril la ley SB 1070, que convierte al sudoccidental estado de Arizona en el primero de Estados Unidos que considera delincuente a un inmigrante indocumentado.
"El presidente debería seguir su propio consejo y actuar responsablemente, reclamando la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes nacionales de inmigración", señaló Alvarado.
"En un momento en que la policía y las asociaciones del ICE claramente han fracasado, el ICE pasa rápidamente a implementar el programa de Comunidades Seguras en cada cárcel estadounidense para 2013", dijo la abogada Sunita Patel, del Centro por los Derechos Constitucionales.
"Contrariamente a lo que su nombre indica, este último programa del ICE le brinda menos seguridad al público. No hay dudas de que continuará profundizando el temor y la desconfianza hacia la policía en nuestras comunidades", agregó.
Sobre el programa Comunidades Seguras se sabe relativamente poco. Los críticos sostienen que requiere que la policía local y estadual incluya las huellas digitales de los individuos en múltiples bases de datos al momento del arresto, aunque no se hayan presentado cargos e independientemente de la seriedad de los mismos.
Activistas y abogados señalan que, además de que esas bases de datos pueden contener información imprecisa y errónea, el programa funciona como poco más que un operativo de perfiles raciales para derivar más gente al ya sobrecargado y mal administrado sistema de detenciones del ICE.
Las demandas fueron presentadas por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia Inmigratoria de la Escuela de Leyes Benjamín N. Cardozo.
Esto fue consecuencia de una campaña nacional titulada "Develando la verdad", en la que, durante una semana, una serie de acciones coordinadas en más de 10 ciudades buscaron poner fin a la colaboración policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
"La aprobación de (la ley) SB 1070 en Arizona debería ser prueba suficiente de la naturaleza peligrosa y desastrosa de los programas de colaboración entre el ICE y la policía, como el llamado Comunidades Seguras", dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras.
La gobernadora republicana Jan Brewer promulgó el día 23 de abril la ley SB 1070, que convierte al sudoccidental estado de Arizona en el primero de Estados Unidos que considera delincuente a un inmigrante indocumentado.
"El presidente debería seguir su propio consejo y actuar responsablemente, reclamando la autoridad exclusiva del gobierno federal sobre las leyes nacionales de inmigración", señaló Alvarado.
"En un momento en que la policía y las asociaciones del ICE claramente han fracasado, el ICE pasa rápidamente a implementar el programa de Comunidades Seguras en cada cárcel estadounidense para 2013", dijo la abogada Sunita Patel, del Centro por los Derechos Constitucionales.
"Contrariamente a lo que su nombre indica, este último programa del ICE le brinda menos seguridad al público. No hay dudas de que continuará profundizando el temor y la desconfianza hacia la policía en nuestras comunidades", agregó.
Sobre el programa Comunidades Seguras se sabe relativamente poco. Los críticos sostienen que requiere que la policía local y estadual incluya las huellas digitales de los individuos en múltiples bases de datos al momento del arresto, aunque no se hayan presentado cargos e independientemente de la seriedad de los mismos.
Activistas y abogados señalan que, además de que esas bases de datos pueden contener información imprecisa y errónea, el programa funciona como poco más que un operativo de perfiles raciales para derivar más gente al ya sobrecargado y mal administrado sistema de detenciones del ICE.
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