martes, 3 de enero de 2012
domingo, 1 de enero de 2012
Argentina investiga crímenes de dictadura española(1)
Cobró impulso en Argentina una causa judicial sobre graves delitos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco (1936-1975).
La jueza federal argentina María Servini de Cubría abrió este mes una investigación a raíz de la querella presentadaen abril de 2010 por abogados humanitarios de Argentina en nombre de familiares de víctimas del régimen franquista.
La magistrada reclamó a España nombres de militares involucrados en aquella dictadura (1939-1975), listas de desaparecidos, de fusilados y de niños apropiados, así como la identificación de empresas supuestamente beneficiadas por el trabajo forzado de detenidos, entre otras medidas de prueba.
La jueza había archivado inicialmente la denuncia por considerar que había investigaciones abiertas en España. Pero la Cámara Federal, un tribunal penal de segunda instancia, le ordenó indagar "si efectivamente" la justicia de ese país europeo estaba actuando.
Así, la denuncia volvió a manos de Servini que, en ejercicio del principio de la jurisdicción universal, liberó este mes el exhorto solicitando gran cantidad de material probatorio, como el domicilio de agentes del régimen que aún viven y certificados de defunción de los que fallecieron.
Para reforzar el pedido, los abogados querellantes presentaron a Servini un nuevo documento en el que subrayan que, luego de 36 años de dictadura y otros tantos de democracia en España, "no sólo no existe ni siquiera una Comisión de la Verdad, sino que no hay un solo niño al que se le haya restituido su identidad".
"La causa fue iniciada en Argentina porque todo evidenciaba que ni con un gobierno socialista había voluntad de que prosperara allí", explicó uno de los letrados argentinos, Beinusz Szmukler, en referencia a la última administración del Partido Socialista Obrero Español, que se extendió desde 2004 hasta el 21 de este mes.
Como señal de ausencia de esa voluntad, el abogado recordó el proceso que se sigue en España al juez de la Audiencia Nacional de ese país, Baltasar Garzón,(mostrado en la foto), suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco.
Garzón había aplicado el principio de jurisdicción universal para entender en delitos cometidos por la dictadura de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990) cuando distintas normas nacionales impedían esos juicios en los dos países sudamericanos.
Pero cuando Garzón intentó indagar en crímenes de su país, extinguidos por una amnistía adoptada en 1977, "fue desplazado y ahora corre el riesgo de perder su condición de juez", recordó Szmukler.
A raíz de ese desplazamiento, la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y una decena de organizaciones de derechos humanos de Argentina respaldaron la querella en Buenos Aires de familiares de víctimas del franquismo.
Con base en muchos de los argumentos de Garzón, los abogados presentaron el pedido de investigación ante tribunales argentinos a nombre de seis descendientes de víctimas que viven en este país. El grupo de querellantes se ampliará en los próximos meses, ya que se están presentando nuevos casos de familiares, dijo Szmukler.
Argentina investiga crímenes de dictadura española(2)
Uno de los demandantes es Darío Rivas, de 91 años, quien denunció el asesinato de su padre, Severino Rivas, supuestamente cometido en 1936 por miembros de la ultraderechista Falange Española.
Severino Rivas era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando fue apresado y fusilado. Permaneció como desaparecido durante décadas hasta que, a instancias de su hijo, sus restos fueron hallados en una fosa común. Darío los recuperó en 2005.
"El señor Severino Rivas y los familiares de (otra querellante) Inés García Holgado fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba ‘paseos’ a los fusilamientos por la espalda", dice la denuncia.
Holgado es sobrina nieta de Elías García Holgado, quien era alcalde del poblado de Lumbrales y diputado de la occidental provincia de Salamanca. También detenido en 1936, murió ejecutado un año después de su arresto.
Estas circunstancias "son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes", sostiene la querella.
En su presentación, los juristas recordaron que los tribunales españoles ejercieron activamente la jurisdicción universal en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, Chile y Guatemala.
El objetivo no es cuestionar la vigencia de la ley de amnistía española, ratificada recientemente ante un intento de derogarla, sino ejercer la jurisdicción argentina respecto de crímenes "que ofenden y lesionan a la humanidad y que permanecen impunes", remarcaron los abogados.
Organizaciones de derechos humanos estiman en 113,000 la cantidad de personas desaparecidas en la guerra civil y el régimen de Franco, muchas supuestamente enterradas en unas 2,500 fosas comunes. Pero habría además unos 30,000 casos de menores supuestamente sustraídos de sus familias y apropiados ilegalmente.
Esas personas habrían sufrido la ocultación de su identidad y permanecen sin conocer su historia familiar y personal, sin que haya causa abierta por esos delitos en España, señalan activistas.
En solidaridad con estos casos, se sumó como querellante la organización Abuelas de Plaza de Mayo,dedicada a la busca de hijos de desaparecidos argentinos que sufrieron secuestro y pérdida de identidad a manos de agentes de la dictadura de este país.
Por eso Szmukler y demás abogados sostienen que la demanda "no se conforma" con una declaración de reconocimiento del genocidio y de compromiso de indagar en la verdad de los hechos.
Ese antecedente existe en Argentina, donde descendientes de armenios muertos en una operación ejecutada por el Estado turco entre 1915 y 1923, lograron que la justicia de este país sudamericano reconociera ese genocidio en una sentencia sin carácter punitivo, emitida en abril.
"En el caso de España, cuando presentamos la querella había al menos 13 militares vivos, y además están los casos de 30.000 personas que desconocen su verdadera identidad", dijo el abogado.
"Queremos una investigación a fondo, que se determine la verdad y se establezcan las responsabilidades. Si no lo hace España, lo haremos acá. Ojalá que haya colaboración", agregó.
Banco genético busca restos de migrantes(1)
Examen de muestras genéticas, tribunales éticos y presión diplomática son las nuevas herramientas que organizaciones de inmigrantes quieren usar para combatir los abusos que padecen los indocumentados en México y Estados Unidos.
El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide) logró estructurar un banco de datos de emigrantes desaparecidos, con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el gobierno de esa nación centroamericana.
El banco "tiene una gran utilidad, pues facilita la labor de identificación y así crece la esperanza de los familiares de encontrar a los emigrantes desaparecidos", dijo la secretaria general y fundadora de Cofamide, Lucy de Acevedo.
"Era nuestro sueño más grande por la gran cantidad de casos y sin mucha información", añadió.
Desde 2010 se reunieron 143 muestras que se analizan y guardan en el estado estadounidense de Arizona, fronterizo con México, que ha permitido la identificación de dos hombres y dos mujeres salvadoreñas.
Por su labor iniciada en 2006, el Comité ha logrado desde entonces conocer la identidad de 59 personas.
En la localidad de Pima, en Arizona, yacen 500 restos de inmigrantes no identificados, contra los cuales se comparan las muestras tomadas.
Miles de centroamericanos atraviesan cada año México, por su cuenta o guiados por traficantes de personas o "coyotes", para ingresar a Estados Unidos sin la documentación requerida. En su camino sufren robos, secuestros, maltratos o directamente son asesinados a manos de policías mexicanos o criminales, que usualmente trabajan en contubernio.
Al menos 130,000 centroamericanos indocumentados cruzaron México en 2010 y lograron cruzar hacia Estados Unidos, desde donde luego fueron deportados, según el Instituto Nacional de Migración de este país.
En Honduras avanza también la creación del banco genético, cuyos primeros pasos datan de enero de este año.
"Estamos recogiendo testimonios y documentos de casos. Esperamos que se empiecen a tomar muestras este mismo mes", declare la coordinadora de la Pastoral de la Movilidad Humana de Honduras, Lidia de Souza.
Este ente trabaja con la Asociación Red de Comités de Migrantes y Familiares de Honduras, el Foro Nacional de Migraciones y el EAAF.
De Souza integra la Caravana de Madres Buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito, compuesta de parientes de hondureños y nicaragüenses perdidos en México, que partió el 29 de octubre de suelo centroamericano y que recorre nueve estados de este país para promover su búsqueda y alertar de los abusos contra los indocumentados.
En Honduras, el material genético será recolectado de 100 familias para cotejarlos con los datos de Arizona.
La desaparición de inmigrantes se agravó desde 2000 debido a la intensificación de la vigilancia fronteriza en Estados Unidos y el aumento de la actividad de los grupos criminales en México.
Tragedias como la matanza del 23 de agosto de 2010 de 72 indocumentados en la localidad de San Fernando, en el nororiental estado mexicano de Tamaulipas, han aguzado los temores de los parientes de los inmigrantes desaparecidos.
Esa masacre fue uno de los casos emblemáticos abordados por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que efectuó una audiencia en octubre de 2010 en Ecuador y otra al mes siguiente en México, y que serán la base de la mesa migratoria del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
"Queremos que los casos emblemáticos sean analizados dentro del Tribunal Permanente", indicó el coordinador del Tribunal de Conciencia y académico de la estatal Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Camilo Pérez.
"Con el Tribunal de Conciencia posicionamos el tema de la migración y los derechos humanos", señaló.
Banco genético busca restos de migrantes(2)
Dentro de los siete ejes del TPP se ubica el de las migraciones, refugio y desplazamiento forzado.
Este año se efectuarán talleres en Arizona y en al menos seis estados mexicanos que presentan fuertes fenómenos migratorios, mientras que se proyectan tres audiencias para 2012 y cuatro para el año siguiente. El proceso del TPP concluiría con una sentencia en 2013 o 2014.
En San Fernando sólo sobrevivió el ecuatoriano Freddy Lala, quien vive oculto bajo protección del gobierno de su país.
"Hemos documentado casos de ecuatorianos que han recibido malos tratos en México. Pero las familias están amenazadas y el gobierno no activa su diplomacia para la investigación", denunció Flor Haro, directora ejecutiva del Centro Familiar de Ayuda a Migrantes en Quito.
Las condiciones en que debe vivir Lala y la falta de justicia de su caso en México fueron denunciadas por Haro en su participación en el seminario "Los pueblos en movimiento: tribunales de conciencia, migración y derechos humanos", realizado en noviembre en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Desde 1994, cuando empezó el Programa Guardíán a cargo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, han muerto 5,747 personas en la línea divisoria de ese país con México, en su intento por cruzarla, según datos de organizaciones de derechos humanos.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores de México calcula que 2,949 emigrantes de este país fallecieron desde 2004, de los cuales 955 no han sido aún identificados.
En su informe de septiembre titulado "Una cultura de crueldad. Abuso e impunidad en custodia de corto plazo de la Patrulla Fronteriza", la organización no gubernamental No Más Muertes indicó que entre 2009 y 2010 al menos 253 personas murieron en su intento de ingresar a Estados Unidos por Arizona.
Esa organización atribuyó las muertes a prácticas como la guía intencional de inmigrantes hacia regiones sin posibilidad de supervivencia y la dispersión grupal como táctica de detención, el bloqueo de esfuerzos de búsqueda y rescate y la destrucción de ayudas, como botellas de agua, comida y sábanas, que ubican grupos humanitarios en las habituales rutas de indocumentados.
Por eso, organizaciones de familiares de inmigrantes desaparecidos solicitaron que México elabore bases de datos, con material genético, sobre los indocumentados perdidos.
De hecho, la Cruz Roja propuso un protocolo común entre México, América Central y Estados Unidos para facilitar la identificación de las víctimas.
"Queremos un único registro regional con la base genética. Después de la comparación, queremos seguir en la búsqueda en otras morgues, no sólo en Arizona", enfatizó De Acevedo.
La mayoría de las desapariciones de hondureños "pudieron ocurrir en la frontera con Arizona, pues las últimas llamadas a familiares salieron de ahí", lo cual no exime de responsabilidad a México, según De Souza. La red de Comités de Migrantes y Familiares, que reúne a más de 30 organizaciones, maneja 300 casos comprobados y otros 300 están incompletos.
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