viernes, 10 de septiembre de 2010
México en deuda con los discapacitados(1)
El mexicano Ángel Valencia ingresó hace cuatro años en un hospital psiquiátrico a causa de un trastorno bipolar. Hoy, tratamiento mediante, se ha reintegrado a la sociedad y es activista de la estadounidense Disability Rights International, con sede en Washington. Pero Valencia es una excepción en materia de atención a personas con diferentes alteraciones psicosociales, asunto que una vasta coalición de organizaciones no gubernamentales incluyó en un severo informe sobre el cumplimiento de México de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
"La convención no ha implicado cambios en México, pues debieron haber cambiado leyes y garantizado acceso a servicios, y eso no ha ocurrido", dijo el presidente de la organización no gubernamental Libre Acceso, Federico Fleischmann, que se dedica a promover derechos de las personas con discapacidad.
La convención entró en vigor en 2008 y en mayo de este año el Estado mexicano debió haber enviado al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad un reporte sobre el cumplimiento de este instrumento internacional, aunque se espera que lo haga en lo que resta de año.
En México, país latinoamericano de más de 107 millones de habitants, hay al menos 10 millones de personas con discapacidad: 53% padecen algún problema motriz, 20% intelectual, 18% auditivo y el resto visual, según datos de la no gubernamental Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual.
Además, unos cuatro millones de personas están expuestas a discriminación por esta causa, según la estatal pero autónoma Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana.
A la clasificación se agregó la categoría de la discapacidad psicosocial, que abarca padecimientos como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos bipolar, obseso-compulsivo y limítrofe de la personalidad.
Al menos 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad mental en México, según datos de la Secretaría (ministerio) de Salud Pública. Unos 500,000 mexicanos y mexicanas padecen de esquizofrenia.
La población de los 31 hospitales psiquiátricos gubernamentales asciende a unos 7,000 internos.
"Con el informe se visualiza la situación. Hay deficiencias, lagunas e irregularidades legales que contravienen los derechos humanos", señaló a la activista Ana Yeli Pérez, de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
México en deuda con los discapacitados(2)
En México, nunca organizaciones de personas con discapacidad y de defensa de los derechos humanos se habían unido para analizar la situación. Más de 100 entidades no gubernamentales trabajaron en la elaboración del informe y lo harán en la difusión de sus resultados. "Tuvo que haber reformas a las leyes del trabajo, de educación, de salud y nada de eso ha ocurrido. Confiamos en que el Estado va a cumplir con su obligación de presentar el informe", enfatizó Fleishmann, quien se desplaza en una silla de ruedas motorizada.
Desde 2005 está en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad y el año pasado el gobierno presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012.
Este programa consta de nueve objetivos para articular las políticas públicas en educación, salud y deporte, además de armonizar el marco jurídico en torno a la discapacidad, reducir la discriminación y garantizar el acceso a espacios, bienes y servicios.
Para el informe alternativo, las organizaciones de la sociedad civil levantaron una encuesta nacional sobre el estado de este sector de población. Además, el censo nacional recogido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre mayo y junio incluyó cuatro preguntas sobre el tema.
Las precarias condiciones en que operan los centros psiquiátricos llama la atención de organizaciones mexicanas y extranjeras. En 2000, Disability Rights International publicó el informe "Derechos humanos y salud mental: México", donde se detallan las insuficiencias.
Privación de la libertad, tratos "indignos", deterioro de la infraestructura y falta de personal especializado componen el diagnóstico que realizó en 2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en seis de los siete hospitales manejados por el poder federal.
"No deben construirse más hospitales psiquiátricos en el país, hay que descentralizar la atención psiquiátrica para que en cada dispensario o centro de salud se dé atención", planteó Valencia.
En la época colonial, México fue de los primeros territorios con una instalación sanitaria para el cuidado de los enfermos mentales, el Hospital de San Hipólito, fundado en 1556 por el español Bernardino Álvarez.
"Que las personas estén ingresadas en un psiquiátrico es una violación a todos los derechos, pues no tienen rehabilitación y acceso a la salud", resaltó Pérez.
El estado de esos centros quedó expuesto en las páginas del libro "Los manicomios del poder: corrupción y tráfico de influencias en el sector salud", del periodista Jaime Avilés, publicado en 2007.
Un mexicano, Carlos Ríos, fue elegido para integrar el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad para el periodo 2011-2014, junto a otros 17 expertos, en la Tercera Conferencia de los Estados Parte de la Convención, realizada del 1 al 3 de Septiembre del 2010 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
martes, 7 de septiembre de 2010
lunes, 6 de septiembre de 2010
domingo, 5 de septiembre de 2010
En Colombia piden mejora en derechos humanos(2)
Más de 62 fiscales están a cargo de 1,273 procesos por las muertes de 2,077 colombianos, que tuvieron lugar desde 2002, año en que Uribe asumió el gobierno. Pero los resultados son lentos, según las organizaciones. En respuesta al escándalo de los falsos positivos, 27 efectivos militares fueron destituidos en 2008, pero ninguno fue acusado por los crímenes, señalan.
Los activistas también escriben que 31 sindicalistas, siete líderes comunitarios y uno indígena fueron asesinados en lo que va del 2010, y que hubo "un aumento exponencial en las amenazas contra los defensores por correo electrónico desde abril del 2010".
Destacan además las operaciones expandidas de organizaciones delictivas y paramilitares, así como las evidencias de la cooperación entre militares y paramilitares.
Seis de las entidades que firman la declaración, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro para la Política Internacional (CIP), Human Rights First, Latin America Working Group, Lutheran World Relief y la U.S. Office on Colombia, enviaron el 19 de agosto una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton. Allí pidieron a Estados Unidos que presionara para lograr una reforma en estas áreas y para proteger a los defensores de los derechos humanos.
Ahora esperan que el nuevo gobierno colombiano le dé una oportunidad a esa reforma.
El gobierno de Uribe fue objeto de críticas por considerárselo responsable de muchos abusos a los derechos humanos. Entre ellos, un famoso escándalo de espionaje en el que se hicieron públicas grabaciones de conversaciones telefónicas de magistrados, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas.
La mayor parte de las acusaciones por las escuchas clandestinas, ilegales según el derecho colombiano, recayó sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una agencia de inteligencia que funciona bajo la órbita del presidente.
El DAS creció considerablemente en tamaño y potestades desde su fundación en los años 50s, pero luego de los escándalos de las escuchas, y especialmente tras el descubrimiento de la grabación de un diálogo entre un juez de la Suprema Corte y un funcionario adjunto a la embajada de Estados Unidos, Uribe ordenó desmantelarlo. Sin embargo, esta medida aún no se cumplió.
Estas acciones del DAS son la antítesis misma de la condición de que Colombia respete los derechos humanos, impuesta para que Estados Unidos le conceda su asistencia, señalan las organizaciones firmantes del comunicado de esta semana.
Por su parte, Santos ha dado señales de que se distanciará de los antecedentes de Uribe.
En su discurso de asunción, el 7 de agosto, dijo que hará más por defender los derechos humanos, y en las semanas posteriores su gobierno continuó enfatizando que estos temas serán mucho más atendidos que durante el mandato de su predecesor.
Sin embargo, Haugaard observó que, mientras fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe, Santos "implementó políticas que aumentaron las matanzas de civiles".
"Pero también, después de la presión y las protestas internacionales, puso en práctica algunas políticas que empezaron a reducir la cantidad" de esas matanzas, agregó.
"Así que él es alguien que escucha lo que la comunidad internacional piensa, pero también alguien que estuvo implicado en los problemas en primer lugar", resumió.
En la declaración, las organizaciones piden al Departamento de Estado no extender la certificación hasta que los casos judiciales en curso den resultados claros y hasta que se haya avanzado en el combate a "la rampante impunidad de Colombia".
En Colombia piden mejora en derechos humanos(1)
Varias organizaciones de la sociedad civil esperan que el nuevo gobierno de Colombia cambie radicalmente la política de derechos humanos del anterior y que Estados Unidos use su influencia en ese país para garantizarlo.Este mes el Departamento de Estado, o la cancillería de Estados Unidos probablemente certificará que Colombia está cumpliendo con las condiciones de derechos humanos requeridas para recibir parte de la asistencia militar que le brinda.
Pero en el año transcurrido desde la última certificación tuvieron lugar numerosas violaciones a los derechos humanos en el país, señalaron varias organizaciones no gubernamentales colombianas y estadounidenses en un comunicado emitido la semana anterior.
Esas entidades consideran que, como los hechos que denuncian ocurrieron durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), Colombia tiene la oportunidad de revertir esa tendencia bajo el mando de su sucesor, Juan Manuel Santos, y que Estados Unidos, que cada año aporta cientos de millones de dólares a Bogotá, puede presionarla para que lo haga.
El certificado requerido solamente afecta a la ayuda militar estadounidense, y apenas un porcentaje de la misma. Además, en una década el Departamento de Estado nunca dejó de certificar que Colombia cumpliera con las condiciones impuestas en relación a los derechos humanos, como una suerte de factura por la asistencia.
Requerir esa certificación es útil en cualquier caso, "porque el Departamento de Estado, al anticiparse a estas decisiones, a veces se retrasa en certificar y debate con el gobierno colombiano las serias cuestiones de derechos humanos", dijo Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Latin America Working Group, una de las 18 organizaciones que firman el comunicado.
"Ésta ha sido la única herramienta de que hemos dispuesto para ejercer presión no sólo sobre el gobierno colombiano, sino sobre el Departamento de Estado".
Las entidades de la sociedad civil quieren que el Departamento de Estado no emita el certificado avalando la situación de los derechos humanos en Colombia.
Ha sido un año particularmente malo en este sentido, explicó Haugaard. "Hemos visto un considerable retroceso, particularmente en lo relativo a investigar y juzgar efectivamente los abusos cometidos por el ejército", dijo.
El año pasado quedaron varias infracciones sin investigar. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", cometidas por miembros de la fuerza pública para obtener dinero, premios y días libres en la guerra contrainsurgente. Tras fusilar a sus víctimas, atraídas mediante engaños, los militares las vestían con ropas de guerrilleros para inflar las cifras de sus "éxitos" de combate.
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