En Colombia piden mejora en derechos humanos(1)

Varias organizaciones de la sociedad civil esperan que el nuevo gobierno de Colombia cambie radicalmente la política de derechos humanos del anterior y que Estados Unidos use su influencia en ese país para garantizarlo.

Este mes el Departamento de Estado, o la cancillería de Estados Unidos probablemente certificará que Colombia está cumpliendo con las condiciones de derechos humanos requeridas para recibir parte de la asistencia militar que le brinda.

Pero en el año transcurrido desde la última certificación tuvieron lugar numerosas violaciones a los derechos humanos en el país, señalaron varias organizaciones no gubernamentales colombianas y estadounidenses en un comunicado emitido la semana anterior.

Esas entidades consideran que, como los hechos que denuncian ocurrieron durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), Colombia tiene la oportunidad de revertir esa tendencia bajo el mando de su sucesor, Juan Manuel Santos, y que Estados Unidos, que cada año aporta cientos de millones de dólares a Bogotá, puede presionarla para que lo haga.

El certificado requerido solamente afecta a la ayuda militar estadounidense, y apenas un porcentaje de la misma. Además, en una década el Departamento de Estado nunca dejó de certificar que Colombia cumpliera con las condiciones impuestas en relación a los derechos humanos, como una suerte de factura por la asistencia.

Requerir esa certificación es útil en cualquier caso, "porque el Departamento de Estado, al anticiparse a estas decisiones, a veces se retrasa en certificar y debate con el gobierno colombiano las serias cuestiones de derechos humanos", dijo Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Latin America Working Group, una de las 18 organizaciones que firman el comunicado.

"Ésta ha sido la única herramienta de que hemos dispuesto para ejercer presión no sólo sobre el gobierno colombiano, sino sobre el Departamento de Estado".

Las entidades de la sociedad civil quieren que el Departamento de Estado no emita el certificado avalando la situación de los derechos humanos en Colombia.

Ha sido un año particularmente malo en este sentido, explicó Haugaard. "Hemos visto un considerable retroceso, particularmente en lo relativo a investigar y juzgar efectivamente los abusos cometidos por el ejército", dijo.

El año pasado quedaron varias infracciones sin investigar. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos", cometidas por miembros de la fuerza pública para obtener dinero, premios y días libres en la guerra contrainsurgente. Tras fusilar a sus víctimas, atraídas mediante engaños, los militares las vestían con ropas de guerrilleros para inflar las cifras de sus "éxitos" de combate.