El mexicano Ángel Valencia ingresó hace cuatro años en un hospital psiquiátrico a causa de un trastorno bipolar. Hoy, tratamiento mediante, se ha reintegrado a la sociedad y es activista de la estadounidense Disability Rights International, con sede en Washington.
Pero Valencia es una excepción en materia de atención a personas con diferentes alteraciones psicosociales, asunto que una vasta coalición de organizaciones no gubernamentales incluyó en un severo informe sobre el cumplimiento de México de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
"La convención no ha implicado cambios en México, pues debieron haber cambiado leyes y garantizado acceso a servicios, y eso no ha ocurrido", dijo el presidente de la organización no gubernamental Libre Acceso, Federico Fleischmann, que se dedica a promover derechos de las personas con discapacidad.
La convención entró en vigor en 2008 y en mayo de este año el Estado mexicano debió haber enviado al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad un reporte sobre el cumplimiento de este instrumento internacional, aunque se espera que lo haga en lo que resta de año.
En México, país latinoamericano de más de 107 millones de habitants, hay al menos 10 millones de personas con discapacidad: 53% padecen algún problema motriz, 20% intelectual, 18% auditivo y el resto visual, según datos de la no gubernamental Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual.
Además, unos cuatro millones de personas están expuestas a discriminación por esta causa, según la estatal pero autónoma Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana.
A la clasificación se agregó la categoría de la discapacidad psicosocial, que abarca padecimientos como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos bipolar, obseso-compulsivo y limítrofe de la personalidad.
Al menos 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad mental en México, según datos de la Secretaría (ministerio) de Salud Pública. Unos 500,000 mexicanos y mexicanas padecen de esquizofrenia.
La población de los 31 hospitales psiquiátricos gubernamentales asciende a unos 7,000 internos.
"Con el informe se visualiza la situación. Hay deficiencias, lagunas e irregularidades legales que contravienen los derechos humanos", señaló a la activista Ana Yeli Pérez, de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
viernes, 10 de septiembre de 2010
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