En México, nunca organizaciones de personas con discapacidad y de defensa de los derechos humanos se habían unido para analizar la situación. Más de 100 entidades no gubernamentales trabajaron en la elaboración del informe y lo harán en la difusión de sus resultados.
"Tuvo que haber reformas a las leyes del trabajo, de educación, de salud y nada de eso ha ocurrido. Confiamos en que el Estado va a cumplir con su obligación de presentar el informe", enfatizó Fleishmann, quien se desplaza en una silla de ruedas motorizada.
Desde 2005 está en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad y el año pasado el gobierno presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012.
Este programa consta de nueve objetivos para articular las políticas públicas en educación, salud y deporte, además de armonizar el marco jurídico en torno a la discapacidad, reducir la discriminación y garantizar el acceso a espacios, bienes y servicios.
Para el informe alternativo, las organizaciones de la sociedad civil levantaron una encuesta nacional sobre el estado de este sector de población. Además, el censo nacional recogido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre mayo y junio incluyó cuatro preguntas sobre el tema.
Las precarias condiciones en que operan los centros psiquiátricos llama la atención de organizaciones mexicanas y extranjeras. En 2000, Disability Rights International publicó el informe "Derechos humanos y salud mental: México", donde se detallan las insuficiencias.
Privación de la libertad, tratos "indignos", deterioro de la infraestructura y falta de personal especializado componen el diagnóstico que realizó en 2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en seis de los siete hospitales manejados por el poder federal.
"No deben construirse más hospitales psiquiátricos en el país, hay que descentralizar la atención psiquiátrica para que en cada dispensario o centro de salud se dé atención", planteó Valencia.
En la época colonial, México fue de los primeros territorios con una instalación sanitaria para el cuidado de los enfermos mentales, el Hospital de San Hipólito, fundado en 1556 por el español Bernardino Álvarez.
"Que las personas estén ingresadas en un psiquiátrico es una violación a todos los derechos, pues no tienen rehabilitación y acceso a la salud", resaltó Pérez.
El estado de esos centros quedó expuesto en las páginas del libro "Los manicomios del poder: corrupción y tráfico de influencias en el sector salud", del periodista Jaime Avilés, publicado en 2007.
Un mexicano, Carlos Ríos, fue elegido para integrar el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad para el periodo 2011-2014, junto a otros 17 expertos, en la Tercera Conferencia de los Estados Parte de la Convención, realizada del 1 al 3 de Septiembre del 2010 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
viernes, 10 de septiembre de 2010
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