Más de 62 fiscales están a cargo de 1,273 procesos por las muertes de 2,077 colombianos, que tuvieron lugar desde 2002, año en que Uribe asumió el gobierno. Pero los resultados son lentos, según las organizaciones. En respuesta al escándalo de los falsos positivos, 27 efectivos militares fueron destituidos en 2008, pero ninguno fue acusado por los crímenes, señalan.
Los activistas también escriben que 31 sindicalistas, siete líderes comunitarios y uno indígena fueron asesinados en lo que va del 2010, y que hubo "un aumento exponencial en las amenazas contra los defensores por correo electrónico desde abril del 2010".
Destacan además las operaciones expandidas de organizaciones delictivas y paramilitares, así como las evidencias de la cooperación entre militares y paramilitares.
Seis de las entidades que firman la declaración, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro para la Política Internacional (CIP), Human Rights First, Latin America Working Group, Lutheran World Relief y la U.S. Office on Colombia, enviaron el 19 de agosto una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton. Allí pidieron a Estados Unidos que presionara para lograr una reforma en estas áreas y para proteger a los defensores de los derechos humanos.
Ahora esperan que el nuevo gobierno colombiano le dé una oportunidad a esa reforma.
El gobierno de Uribe fue objeto de críticas por considerárselo responsable de muchos abusos a los derechos humanos. Entre ellos, un famoso escándalo de espionaje en el que se hicieron públicas grabaciones de conversaciones telefónicas de magistrados, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas.
La mayor parte de las acusaciones por las escuchas clandestinas, ilegales según el derecho colombiano, recayó sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una agencia de inteligencia que funciona bajo la órbita del presidente.
El DAS creció considerablemente en tamaño y potestades desde su fundación en los años 50s, pero luego de los escándalos de las escuchas, y especialmente tras el descubrimiento de la grabación de un diálogo entre un juez de la Suprema Corte y un funcionario adjunto a la embajada de Estados Unidos, Uribe ordenó desmantelarlo. Sin embargo, esta medida aún no se cumplió.
Estas acciones del DAS son la antítesis misma de la condición de que Colombia respete los derechos humanos, impuesta para que Estados Unidos le conceda su asistencia, señalan las organizaciones firmantes del comunicado de esta semana.
Por su parte, Santos ha dado señales de que se distanciará de los antecedentes de Uribe.
En su discurso de asunción, el 7 de agosto, dijo que hará más por defender los derechos humanos, y en las semanas posteriores su gobierno continuó enfatizando que estos temas serán mucho más atendidos que durante el mandato de su predecesor.
Sin embargo, Haugaard observó que, mientras fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe, Santos "implementó políticas que aumentaron las matanzas de civiles".
"Pero también, después de la presión y las protestas internacionales, puso en práctica algunas políticas que empezaron a reducir la cantidad" de esas matanzas, agregó.
"Así que él es alguien que escucha lo que la comunidad internacional piensa, pero también alguien que estuvo implicado en los problemas en primer lugar", resumió.
En la declaración, las organizaciones piden al Departamento de Estado no extender la certificación hasta que los casos judiciales en curso den resultados claros y hasta que se haya avanzado en el combate a "la rampante impunidad de Colombia".
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