Convocados por las redes sociales, muchos consumidores de
Argentina se movilizaron contra la
escalada de precios que pone en riesgo avances importantes del país en materia
de reducción de pobreza y desigualdad social.
La propuesta del “apagón de consumo” tuvo
resultados alentadores, según algunas asociaciones de consumidores y portavoces
del gobierno.
No hubo resultados cuantificados. Pero la
exhortación a no comprar durante 24 horas, el 7 de febrero, en supermercados,
tiendas de electrodomésticos y expendios de gasolina, tuvo una adhesión de más
de 280,000 internautas y vació de manera visible muchos establecimientos.
“Empecé a ir a varios lugares buscando
precios. Hay diferencias enormes”, dijo la psicoanalista Ester Vallez, quien
dijo haber pagado por una llave para una cerradura 30 por ciento más entre una
semana y otra, lo que “obviamente, se traslada a otros productos”.
“Tiene que haber un control del gobierno y
entre todos buscar una estrategia de presión”, dijo un trabajador de
mantenimiento, Javier Sequeira, quien vive en La Matanza, en el oeste del Gran
Buenos Aires.
Lo que Sequeira gana por quincena ya no
alcanza en su hogar. El hombre está pensando juntarse con vecinos para hacer
compras de alimentos más baratos, al por mayor, en el Mercado Central.
Sandra Collado, presidenta de la Acción del Consumidor (Adelco), considera que
hay que afinar el cumplimiento de las leyes que defienden a los compradores.
“Un paso fundamental que debe dar el Estado es implementar una justicia gratuita de pequeñas causas o de menor cuantía”, para que el consumidor perjudicado pueda acceder con sus reclamos
Por ejemplo, un electrodoméstico con un sobreprecio, cuyo valor es inferior a lo que cuesta hacer el reclamo judicial.
Adelco no se adhirió al “apagón de consumo” porque considera que esas iniciativas solo son efectivas cuando están destinadas a productos y empresas identificadas previamente.
“Hoy nadie sabe a ciencia cierta si hubo o no menos venta de algunos productos y cuál fue el impacto en el volumen de ventas de ninguna empresa o marca en particular”, evaluó.
“Un paso fundamental que debe dar el Estado es implementar una justicia gratuita de pequeñas causas o de menor cuantía”, para que el consumidor perjudicado pueda acceder con sus reclamos
Por ejemplo, un electrodoméstico con un sobreprecio, cuyo valor es inferior a lo que cuesta hacer el reclamo judicial.
Adelco no se adhirió al “apagón de consumo” porque considera que esas iniciativas solo son efectivas cuando están destinadas a productos y empresas identificadas previamente.
“Hoy nadie sabe a ciencia cierta si hubo o no menos venta de algunos productos y cuál fue el impacto en el volumen de ventas de ninguna empresa o marca en particular”, evaluó.
“Si dejamos de comprar algunos productos por
caros, las fábricas comenzarán a sentir la diferencia. Muchos usan el dólar
como excusa para aprovecharse”, lamentó el trabajador, padre de dos hijos, “y
otro en camino”, a quien el incremento anual de su salario se le evaporó por la
inflación.
El apagón del consumo se suma a otras
iniciativas que, desde los medios de comunicación, convocan a comparar precios,
a denunciar a quienes los suban y a controlar que no falten en los anaqueles
los productos incluidos en la lista de Precios Cuidados.
Esta lista responde a un acuerdo entre el
gobierno de Cristina Fernández y las cadenas de abastecedores y comerciantes,
para ofrecer a precios accesibles alimentos, bebidas, cosméticos, artículos de
limpieza, de educación y de construcción.
La movilización contra los precios
especulativos surgió tras la devaluación de la moneda argentina, el peso, que
tan solo en enero fue superior a 34 por ciento respecto al dólar, en la mayor
caída de su valor desde 2002, lo que desencadenó aumentos indiscriminados.
En 2013, el valor oficial del peso cayó 25 por
ciento frente al dólar y el del paralelo en 47 por ciento, según datos de
firmas consultoras.
“Es hora de que todos los sectores asuman la
responsabilidad que les corresponde para que las cosas sigan funcionando”,
exhortó Fernández, al criticar a grupos de poder económico que estimularían
ataques especulativos y la fuga de capitales.
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Escalada, página
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