Jorge Castañeda liga crecimiento a política social(1)

Nota publicada por Mirella Cáceres en en elsalvador.com

Jorge Castañeda, excanciller de México y profesor universitario, tuvo la ponencia principal el 23 de abril del 2013 en el IV Foro Internacional de Análisis Político de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en la que habló sobre "Clase media, crecimiento económico y debilidad institucional: una visión en América Latina". En entrevista con El Diario de Hoy, el también columnista de importantes periódicos de Estados Unidos y España, hizo algunas valoraciones sobre las demandas de una exigente clase media y la incapacidad que tienen las instituciones en satisfacerlas, pero también considera que las políticas sociales no sacan por si solas a la gente de la pobreza, sino que se debe apostar al crecimiento económico.

Sobre el caso salvadoreño, dijo que si bien tiene el soporte de las remesas, "no va a aguantar" si no le apuesta al crecimiento de la economía. "Nadie puede hacer una política social seria, duradera, sin crecimiento, sin empleo", afirma.

Usted ha hablado en este foro sobre la clase media y el crecimiento económico. En estos contextos de crisis económica, ¿cuán vulnerable se ha vuelto esa clase media?

Es que son dos procesos distintos, uno fue por la crisis de 2009, una caída muy radical de la economía mundial, uno de los años más recesivos desde los años 20 ; ese año no parece haber afectado a las nuevas clases medias, quizás detuvo su expansión pero no hubo retroceso, no hubo regresión. Hoy estamos viviendo fenómenos distintos, no hay decrecimiento de las economías, sino más bien un crecimiento a tasas menores, en lugar de 6 % es 3 %, no el 3 % si no el 1 % y en lugar 1 % 0, pero por más tiempo ya no solo un año si no dos, tres años. Allí no sabemos todavía qué va a pasar con estas clases medias, precarias o vulnerables, es posible que retrocedan y aún retrocediendo es posible que el retroceso sea más bien estadístico.

Por ejemplo, antes usted ganaba $10.50 diarios, era clase media; ahora al segundo o tercer año gana $9.50, ya no es clase media, pero la diferencia es un dólar. Estadísticamente es cierto porque hay que poner la vara en alguna parte, pero no necesariamente significa un retroceso muy serio; en cambio si alguien de la clase media trabaja en una pizzería, tiene todas las prestaciones, donde gana probablemente el salario más las propinas y las prestaciones, tiene acceso a crédito, compró una casa pequeña... y pierde su empleo, probablemente tenga un seguro de hipoteca pero pasado un año ya no puede pagar la casa y la pierde, ese es un retroceso serio.

¿Se dice que las capas medias sostienen en gran parte las economías latinoamericanas, hasta qué punto están siendo atendidas por los gobiernos o por las instituciones?

Están siendo atendidas en algunos aspectos, no en todos, es decir, hay algunas demandas de las clases medias que han sido atendidas por ejemplo, mantener una estabilidad macroeconómica, bajar las tasas de interés para optar al crédito y poder acceder a una casa, a un coche o a un televisor, pero hay otras que evidentemente no están siendo atendidas como la seguridad, que es quizás la gran demanda de muchas clases medias nuevas y el Estado es incapaz en muchos países de proveerla.

La educación es discutible, pero en la mayoría de los casos es ineficiente; la salud, una cosa es el derecho a los servicios de salud y otra cosa es la calidad, la disponibilidad, la eficacia de esos servicios. Seguridad a medias, salud a medias, educación a medias, vialidad, transporte público para una gente es una pesadilla, un servicio público terrible, ineficiente...

Los estados, las instituciones tienen serias dificultades para atender las demandas de la clase media.

Lea Castañeda, parte 2.

Jorge Castañeda liga crecimiento a política social(2)

Castañeda, parte 2.

¿Usted también hizo una afirmación en su intervención de la mañana y es que ya no será tan sencillo para las instituciones públicas satisfacer las demandas solo con políticas sociales y que habrá que hacer más que eso?

Va a ser más difícil porque no hay recursos, muchos de los recursos para las políticas sociales provinieron de impuestos a las exportaciones de materias primas para alimentos. Eso le dio mucho dinero al Estado argentino, al Estado chileno, al Estado uruguayo, con sus exportaciones masivas de soya, de hierro o de cobre.

En la medida que los precios de esos 'commodities' están bajando y además están bajando los ingresos fiscales de los estados que dependen de esos ingresos, en algunos países más que en otros. Pero en el caso de Brasil, la recaudación es fuerte, entonces el Estado brasileño puede seguir con el gasto social porque es un estado rico hasta cierto punto... (pero) les cuesta mucho trabajo a estos estados mantener estas políticas sociales cuando comienzan a caer los precios de los commodities. (Pero) les es más fácilmente mantener esas políticas que los que dependen directamente de impuestos sobre las exportaciones o ingresos de petróleo como Venezuela, México incluso, depende del país, depende de los ingresos de los estados, de ingresos provenientes de las exportaciones de los commodities, si los precios bajan pues tienen menos recursos para el gasto social.

Es obvio que el sostenimiento de las políticas sociales está vinculado al crecimiento económico, a las apuestas económicas que haga un país a través de sus gobiernos ¿verdad?

Es que no es que todas ellas fueron diseñadas así, pero los hechos así funcionaron, es decir, hubo crecimiento y hubo políticas sociales. Es muy difícil sostenerlas todas si no hay crecimiento y el crecimiento se está reduciendo mucho más. No son solo las políticas sociales, para la extrema pobreza quizás seguir sacando gente de la pobreza pero también las personas que ya salieron de la clase media baja no se vayan de vuelta. Es un reto muy grande.

¿Cuál es la diferencia entre una política social y un programa asistencialista a veces llamados sociales, que a veces se tiende a confundir?

Son parecidas pero la diferencia es que en estos años ha habido políticas sociales o si se quiere asistencialismo... lo que ha pasado en los últimos años es que ha habido políticas sociales y crecimiento económico porque ha habido generación de empleo, porque hay un ingreso en lugar de los estipendios de asistencia o además de y esa ha sido la diferencia. Pero no se puede combatir realmente la pobreza por pura política social, en algún momento tiene que haber empleo...

En el país hay debate sobre que el gobierno se aferra a mantener programas de asistencia pero no hay crecimiento económico...

No lo van aguantar. Aunque aquí no dependen sencillamente de sus commodities, que son las remesas...

¿También tiene que apostar al crecimiento económico?

Si no viene crecimiento económico todo eso lo van a tener que recortar. Nadie puede hacer una política social seria, duradera, sin crecimiento, sin empleo.

¿De seguir así la situación de las economías tienen que sacrificarse en algún momento estos programas?

De seguir así sí, porque empiezan a caer los ingresos de los estados, es inevitable

¿Y obviamente eso puede traer una presión social hacia los gobiernos?

La gente que está ya acostumbrada a recibir beneficios o a tener las expectativas bien elevadas, que ya se formalizó, que paga impuestos, tienen demandas como tener acceso al crédito, más educación etcétera, y ahora resulta que tienen mala educación, mala salud, mala vivienda, mal transporte público, mala seguridad.

Paga sus impuestos y a cambio de sus impuestos no recibe nada o lo que cree que es nada.

¿Y cómo entran las capas medias dentro de estas políticas sociales o programas sociales, se benefician de estas iniciativas?

Ha servido para subir a la gente de niveles de pobreza moderada digamos; y ha servido para que la gente de menor pobreza pase a niveles de clase media baja. Pero no es solo la políticas sociales las que han logrado eso, más es bien es la realidad macroeconómica, las tasas de interés más bajas, el acceso al crédito, la caída de los precios de los bienes duraderos gracias al CAFTA (siglas en inglés del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos), también obviamente la dolarización.

¿Usted también habló de que las clases medias son muy exigentes, hasta qué punto los gobiernos están preparados para atender las demandas de este sector?

No son solo los gobiernos, sino las instituciones, no están en condiciones por muchas razones de atender todas las demandas, el descontento. Por ejemplo, ¿por qué no sirve la Policía? ¿Por qué no sirve la educación? ¿Por qué mandé a mi hijo a la escuela pública, hice el mayor esfuerzo para que fuera a la universidad y ahora que sale no encuentra trabajo? Las instituciones, con algunas excepciones, no están en condiciones de atender esas demandas.

 ¿Tienen que hacer giros estos gobiernos o las instituciones?

Los gobiernos tienen que encabezarlos, son cambios muy importantes, institucionales, reformas a los sistemas electorales, la protección al consumidor, la lucha contra la corrupción, la transparencia. En fin...

En nuestro país hay una cada vez mayor exigencia a las instituciones públicas de que sean transparentes.

Porque para algunos la transparencia es el mejor antídoto de la corrupción, pero se requiere la participación de la sociedad civil, de reformas y no son reformas fáciles pero si no se hacen esas transformaciones institucionales va a ser muy difícil atender estas demandas. No se van a poder atender con crecimiento porque no va a haber el crecimiento que hubo, va a seguir habiendo pero menos.

The 1910 bombing of The Los Angeles Times

http://www.kcet.org/socal/departures/columns/lost-landmarks/infernal-machines-the-bombing-of-the-los-angeles-times-and-las-first-crime-of-the-century.html?utm=fb

Garcetti vows to fix sidewalks, funds unspent

http://www.latimes.com/local/la-me-sidewalk-repairs-20140416,0,439171.story#axzz2z6d6WhPJ

Lynchings on the rise in Argentina(1)

The term “lynching”, which emerged in the United States and refers to vigilantism or a mob taking justice into its own hands, has now entered the vocabulary in a number of Latin American countries.

But while in some countries of Central America and South America’s Andean region mob justice is a longstanding phenomenon, it is new in Argentina. What is not new, however, is that the targets are the same old victims: the darker-skinned poor, in a modern-day version of vigilante justice.

In less than two weeks, a dozen lynchings or attempted lynchings were reported in Argentina. In the first, 18-year-old David Moreyra was killed on March 22, after he allegedly tried to steal the purse of a woman in the central city of Rosario.

The term lynch law originated during the American Revolutionary War (1775-1783), when Charles Lynch, a justice of the peace and militiaman, presided over extralegal trials of Tories loyal to the British crown

The loyalists were executed even though they had previously been acquitted by a jury, says a study by sociologist Leandro Gamallo, who studied the phenomenon of lynching for his master’s thesis at the Latin American Faculty of Social Sciences.

Decades later, the term “lynch mob” began to be used to refer to the practice of groups of white men in the South of the United States setting out on patrols to hunt down blacks for whatever reason.

This “popular justice” later gave way to “the use of collective force as a method of racial exploitation and segregation by whites against blacks,” Gamallo said.

Lynchings are back in the headlines in Latin America today, whether “instigated” or merely “reported” by the media – depending on where one stands in an ongoing debate. They have now reared their ugly head in Argentina, a country where there is no deep-rooted tradition of “tribal community justice”, as there is in countries like Bolivia, Ecuador or Guatemala.

In Bolivia, the Defensoría del Pueblo or ombudsperson’s office reported 53 cases of vigilante justice killings between 2005 and October 2013.

Mob justice is also present to a greater or lesser extent in Brazil, Mexico, and countries in the Andean and Central American regions.

In Guatemala, political scientist Marcelo Colussi said they were linked to the breakdown in the social fabric by over three decades of civil war (1960-1996), when some 200,000 people – mainly Maya Indians in the highlands – were killed and 50,000 people were forcibly disappeared.

But in every case, the common denominator would seem to be the same: the victims are poor, indigenous or black people who are targeted by mobs taking justice into their own hands in response to a real or perceived rise in crime.

The victims “are still the same ones who suffered the worst of the repression in years past, and who historically have been left out of the benefits of development in Guatemala: impoverished Maya indigenous people,” Colussi said.

“There is a process of stigmatization of poor young men,” Argentine historian Diego Galeano, at the Federal University of Rio de Janeiro, said. He said, however, that it was premature to talk about a “wave” of lynchings in his country.

Please read Lynchings, page 2

Lynchings on the rise in Argentina (2)

Lynchings, page 2

Argentine sociologist Maristella Svampa cited the looting that broke out in late 2013, starting in the central province of Córdoba, pointing out that “there were attempts to lynch suspected looters whose only ‘crime’, besides [being young and dark-skinned] was that they had tried to cross through the Nueva Córdoba upscale middle-class neighborhood.”

But there is another problem that, according to Svampa, a researcher with the National Council of Scientific and Technical Research, a public institution, merits a warning: the appearance of armed groups ready to take action against looters – as seen in photos published on online social networks, which she interpreted as “a frightening attempt at the privatization of justice.”

“Both developments [attempted lynchings and vigilante groups], as a collective response to the looting, were a symptom of a profound setback for democracy and human rights,” Svampa said.

“In a context marked by new social conflicts, greater inequality, growing social disorganization and tough-on-crime rhetoric, our country seems to be opening up a dangerous Pandora box,” she said.

In Argentina, Luis Somoza, an expert on security policies, said the lynchings are occurring against a background of a sensation of rising crime.

“They are the reflection of a society that is totally fed up with the levels of crime,” said the professor at the University Institute of the Argentine Federal Police.

“People have the perception that the state isn’t protecting them, whether or not that is real,” he said.

“But this backsliding to a primitive state of society poses the additional risk of a probable appearance of non-state forces that take on the role of defenders, who refer to themselves as self-defense forces, militias, paramilitaries, death squads,” he said.

The juvenile public defender of the eastern city of La Plata, Julián Axat, associates the phenomenon with the impunity surrounding less-publicized lynchings that have been ignored by the media.

There are thousands of cases of poor adolescents being beaten up before they are arrested – kicked, slapped, pushed and spit on by crowds in incidents that appear to be accepted by the police.

“The impunity surrounding lynchings is what has contributed the most to generating the climate created by the repetition of these events. It’s not the media; it’s the police and the justice systems, who don’t arrest them,” Axat wrote in an article.

“To paraphrase Bertolt Brecht, today it’s the dark-skinned people with kinky hair, tomorrow possibly those who go after them, while the powers-that-be and the police will thank them because they will continue to do brisk business with the ‘insecurity’ and with a society where the poor kill the less poor and the authoritarian middle class applauds,” human rights lawyer Claudia Orosz said.

In any case, the experience of Guatemala, one of the countries with the highest homicide rates in the world, demonstrates that lynchings do not dissuade crime.

“Although numerous criminals have been the victims of ‘mob justice’, the crime rates throughout the country, and in former war zones as well, remain alarmingly high,” Colussi said.

In Argentina, President Cristina Fernández said on March 31 that “anything that generates violence will always, always engender more violence,” referring to a phenomenon, lynching, that she avoided naming.

Precios argentinos fomentan desigualdad(1)

Convocados por las redes sociales, muchos consumidores de Argentina se  movilizaron contra la escalada de precios que pone en riesgo avances importantes del país en materia de reducción de pobreza y desigualdad social.

La propuesta del “apagón de consumo” tuvo resultados alentadores, según algunas asociaciones de consumidores y portavoces del gobierno.

No hubo resultados cuantificados. Pero la exhortación a no comprar durante 24 horas, el 7 de febrero, en supermercados, tiendas de electrodomésticos y expendios de gasolina, tuvo una adhesión de más de 280,000 internautas y vació de manera visible muchos establecimientos.

“Empecé a ir a varios lugares buscando precios. Hay diferencias enormes”, dijo la psicoanalista Ester Vallez, quien dijo haber pagado por una llave para una cerradura 30 por ciento más entre una semana y otra, lo que “obviamente, se traslada a otros productos”.

“Tiene que haber un control del gobierno y entre todos buscar una estrategia de presión”, dijo un trabajador de mantenimiento, Javier Sequeira, quien vive en La Matanza, en el oeste del Gran Buenos Aires.

Lo que Sequeira gana por quincena ya no alcanza en su hogar. El hombre está pensando juntarse con vecinos para hacer compras de alimentos más baratos, al por mayor, en el Mercado Central.

Sandra Collado, presidenta de la Acción del Consumidor (Adelco), considera que hay que afinar el cumplimiento de las leyes que defienden a los compradores.

“Un paso fundamental que debe dar el Estado es implementar una justicia gratuita de pequeñas causas o de menor cuantía”, para que el consumidor perjudicado pueda acceder con sus reclamos

Por ejemplo, un electrodoméstico con un sobreprecio, cuyo valor es inferior a lo que cuesta hacer el reclamo judicial.

Adelco no se adhirió al “apagón de consumo” porque considera que esas iniciativas solo son efectivas cuando están destinadas a productos y empresas identificadas previamente.

“Hoy nadie sabe a ciencia cierta si hubo o no menos venta de algunos productos y cuál fue el impacto en el volumen de ventas de ninguna empresa o marca en particular”, evaluó.

“Si dejamos de comprar algunos productos por caros, las fábricas comenzarán a sentir la diferencia. Muchos usan el dólar como excusa para aprovecharse”, lamentó el trabajador, padre de dos hijos, “y otro en camino”, a quien el incremento anual de su salario se le evaporó por la inflación.

El apagón del consumo se suma a otras iniciativas que, desde los medios de comunicación, convocan a comparar precios, a denunciar a quienes los suban y a controlar que no falten en los anaqueles los productos incluidos en la lista de Precios Cuidados.

Esta lista responde a un acuerdo entre el gobierno de Cristina Fernández y las cadenas de abastecedores y comerciantes, para ofrecer a precios accesibles alimentos, bebidas, cosméticos, artículos de limpieza, de educación y de construcción.

La movilización contra los precios especulativos surgió tras la devaluación de la moneda argentina, el peso, que tan solo en enero fue superior a 34 por ciento respecto al dólar, en la mayor caída de su valor desde 2002, lo que desencadenó aumentos indiscriminados. 

En 2013, el valor oficial del peso cayó 25 por ciento frente al dólar y el del paralelo en 47 por ciento, según datos de firmas consultoras.

“Es hora de que todos los sectores asuman la responsabilidad que les corresponde para que las cosas sigan funcionando”, exhortó Fernández, al criticar a grupos de poder económico que estimularían ataques especulativos y la fuga de capitales.

Lea Escalada, página 2

Precios argentinos fomentan desigualdad(2)

Escalada, página 2

Ernesto Mattos, economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria , dijo  que la depreciación del peso es una “excusa” para aumentar los precios, especular y deteriorar el valor de los salarios.

Aseguró, además, que entre junio y diciembre empresas comercializadoras de alimentos “ya habían aumentado 200 por ciento los precios”, incluso en muchos productos que no tienen insumos importados.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la inflación de 2013 fue de 10.9 por ciento, mientras que consultoras privadas la estiman en 28.3 por ciento.

“No solo está en juego la especulación y el salario de los trabajadores, sino un proyecto nacional y el tipo de país que se quiere”, planteó Mattos.

O un país al servicio de las grandes transnacionales u otro capaz de abastecer sus necesidades básicas y “de unir fuerzas” con el resto de la región “para avanzar en la inclusión social y achicar las brechas de desigualdad”, expuso. 

El economista defendió la participación popular en el control de precios de supermercados, porque allí se construye el “padrón de consumo de los argentinos en las grandes urbes”, y la creación de “mecanismos de denuncia que permitan sancionar a empresas no solo en la etapa de comercialización sino de producción”.

Vallez llamó a que “el gobierno ponga más gente en la calle que controle los precios, y que nosotros como ciudadanos hagamos nuestra parte, no agachando la cabeza, denunciando y no comprando productos que estén sobrefacturados”.

El gobierno ha respondido con una artillería de medidas para contrarrestar los resultados de la devaluación y del descontento social por sus efectos sobre los precios.

Además de los Precios Cuidados, instrumentó nuevos programas sociales, como Progresar, que otorga una asignación mensual a jóvenes desempleados o con empleos precarios de entre 18 y 24 años para iniciar o completar sus estudios.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Argentina es el país con menor pobreza de la región (4.3 por ciento) y el segundo detrás de Uruguay con menor nivel de indigencia (1.7 por ciento).

En diciembre, la Cepal ubicó además a este país como uno de los que más disminuyeron la desigualdad en la región en el cuatrienio 2008-2012.

Pero el deterioro del salario y del poder de compra podría revertir esos logros.

“La reducción de la desigualdad durante la última década tiene como principal fuente el aumento del componente de ingresos no laborales (como los subsidios y otras ayudas) en los hogares más pobres, pero no así el mejoramiento de los ingresos laborales en esos mismos estratos”, indicó  Agustín Salvia, director del Programa Cambio Estructural del Instituto de Investigación “Gino Germani” de la Universidad de Buenos Aires.

La escalada inflacionaria tenderá a aumentar la pobreza y también la desigualdad, aseguró.

Eso “justamente por el empobrecimiento de los sectores asalariados y no asalariados menos protegidos por las regulaciones laborales”, dijo Salvia, también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

Pese a las medidas gubernamentales para neutralizar el impacto, no se podrá “impedir que haya un efecto regresivo para los trabajadores de los sectores informales” e incluso para los jubilados.

“El gobierno debe ocuparse fuertemente de que la inflación no genere una mayor dispersión de ingresos, profundizando las políticas existentes para estos sectores”, planteó la economista y politóloga Jimena Valdez.

A su juicio, “toda esta situación se agravaría ante una escalada en la inflación, por eso está entre los intereses primordiales del gobierno que eso no suceda”.

Para evitarlo, dijo Valdez, el gobierno puede convocar a un diálogo con empresarios y sindicatos, para discutir políticas laborales y aumentos salariales. También debería actualizar los montos asignados por los programas sociales de acuerdo a la inflación.

Salvia considera “muy importante concientizar y movilizar a la opinión pública y presionar a los formadores de precios para que no haya ningún desborde”.

Pero, recordó, el movimiento de los precios “será determinado, fundamentalmente,  por factores como la masa monetaria, el nivel de demanda (a la baja), la devaluación y las expectativas inflacionarias”.

Wall Street, GOP to gain from McCutcheon decision

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/10/mccutcheon-republican-party_n_5127498.html