CIDH, Parte 2
Es un sistema apreciado por defensores de derechos humanos, pero no por los gobiernos. Por eso desde junio de 2011, Estados afectados por sus resoluciones, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, impulsan reformas para acotar sus facultades. A ellos se sumó en mayo de 2012 el propio secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza.
El debate se centra en la facultad de la Comisión de emitir medidas cautelares de protección, la individualización en su informe anual de la política de derechos humanos de países considerados en ese ámbito como "problemáticos", en el que se ubican hoy Cuba, Colombia, Honduras y Venezuela, y el funcionamiento de relatorías especializadas, así como sus fuentes de financiación.
El cuestionamiento apunta a que un tercio del presupuesto de la Comisión procede de la Unión Europea y de Estados Unidos y Canadá, y estos dos últimos se han negado a ratificar la Convención Americana, base del sistema.
En la reunión extraordinaria de la OEA del viernes 22 para discutir las reformas, México defendió la necesidad de que los estados sean responsables en sus aportaciones al sistema y anunció un aporte extraordinario de 300,000 dólares.
"Es momento de que los Estados otorguen todo el apoyo a la Comisión", dijo el canciller mexicano José Antonio Meade.
Los juristas consultados consideraron necesario fortalecer al sistema interamericano, pero alertaron que, "para el nivel de violaciones" que hay en México, son muy pocos los casos aceptados por el organismo. Incluso hay asuntos, como el de San Salvador Atenco, en los que observan "cierta dilación" de la Comisión para entrar a fondo en la investigación.
México tampoco está considerado en capítulo alguno del informe anual que individualiza casos de países con problemas de derechos humanos.
En este país, entre 95 y 98 por ciento de los delitos que se cometen quedan impunes, según informes de organizaciones no gubernamentales.
Apenas el 14 de este mes, la Comisión Interamericana tuvo una maratónica sesión de audiencias relacionadas con abusos del Estado mexicano.
Dos de ellas involucran al gobierno izquierdista del Distrito Federal (Ciudad de México): una por la exhibición pública de detenidos y otra por la negativa a aceptar pruebas en contra de la sentencia que determinó que la activista Digna Ochoa se suicidó en 2001.
En otra, las mujeres violadas en Atenco rechazaron las "disculpas" de los enviados del presidente Peña Nieto.
Otras dos audiencias están vinculadas con políticas públicas, como la concentración del mando sobre las fuerzas policiacas en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y la inoperatividad del Mecánismo de Protección a Defensores y Periodistas. De 2006 a la fecha fueron asesinados 61 activistas y más de 50 periodistas, y hay al menos 15 desaparecidos.
En la última audiencia, representantes de pueblos indígenas rarámuris y tepehuanes reclamaron que las autoridades no los consultaron sobre la construcción de un proyecto turístico en el norteño estado de Chihuahua.
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