sábado, 30 de junio de 2012

Movimiento '#yo soy 132' echa raices en México

http://latinocalifornia.com/home/2012/06/yosoy132-el-nuevo-poder-en-mexico/

Viejos vicios electorales acechan a México(1)



El clientelismo, el acarreo de votantes y la coacción son prácticas arraigadas en México que intranquilizan a observadores y a ciudadanos que se aprestan a vivir las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio.

Están dadas "todas las condiciones para que (estas maniobras) ocurran. Nos preocupa que haya compra y coacción del voto y el exceso de observadores registrados en algunas regiones, cuyo papel no está claro", dijo el portavoz del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, Bernardo Portillo. 


Este comité, que agrupa a 17 organizaciones no gubernamentales, analizó la representación de género, la transparencia y la democracia interna de los partidos políticos en la campaña electoral iniciada en marzo. 

La entidad solicitó al Instituto Federal Electoral (IFE), ente autónomo organizador de los comicios, que difunda de manera más amplia cuáles son los delitos electorales y cómo deben presentarse las denuncias. 


IFE acordó que los regalos y materiales de construcción ofrecidos a votantes durante la campaña no comprometen la independencia del sufragio. La compra y la coacción del voto están tipificadas en los códigos penal y de procedimientos electorales. 


La ciudadania elegirá el 1 de julio 500 diputados, 128 senadores y al presidente de México por un período de seis años. Además, habrá comicios en 15 estados, y en siete de ellos se elegirán gobernadores. 


El 1 de septiembre se inaugurará la nueva legislatura y el 1 de diciembre se llevará a cabo la investidura de quien suceda al actual presidente, el conservador Felipe Calderón. 


Hay 84 millones de personas habilitadas para votar en este país de 112 millones de habitantes, y se estima que unos 20 millones no acudirán a las urnas. 


"En la campaña ha habido irregularidades", eso "viene de la cultura política de los partidos y los candidatos que transgreden la normatividad", dijo María Amparo Casar, académica del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica. 


"Algunas imperfecciones son producto de leyes imperfectas que se tendrían que corregir y tomar la experiencia de estas elecciones para que se corrijan", dijo Casar. 


IFE registró a 31,400 observadores de organizaciones de la sociedad civil, más de 500 de ellos extranjeros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno mexicano destinaron más de cinco millones de dólares a financiar la vigilancia de la jornada comicial, repartidos entre 50 organizaciones. 


Cerca de 90% de las mesas electorales en los 300 distritos del país cuentan con funcionarios elegidos al azar por el IFE, encargados de procesar la asistencia de los votantes, y con delegados de por lo menos dos fuerzas políticas. 


Pero, según el Comité Conciudadano, solo 18 distritos cuentan con todas las casillas (mesas electorales) provistas con los siete funcionarios que requiere cada una, y menos de 20% de las mesas de otros nueve distritos tienen la cantidad necesaria de funcionarios para su operación. 


Enrique Peña, al frente de la alianza opositora Compromiso por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde, es el favorito en estas elecciones, según las encuestas de intención de voto. 

Mismos vicios electorales acechan a México(2)



Lo sigue el izquierdista Andrés López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista, compuesta por los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo y por el Movimiento Ciudadano. 

En el tercer lugar de las preferencias se ubica Josefina Vázquez, la única mujer en la competencia, del derechista y gobernante Partido Acción Nacional. 

Las campañas cerraron este miércoles 27. Quedan desde ahora vedadas la propaganda política y la publicación de encuestas. 

El IFE destinó unos 120 millones de dólares para financiar la publicidad electoral de los partidos, monto que no puede ser rebasado por estos. 

Pero la campaña estuvo plagada de denuncias de violaciones a este límite, que se castigan apenas con una multa, y de intentos de manipular el voto. 

Desde marzo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió 542 investigaciones sobre anomalías y procesó a 322 personas. Este domingo desplegará 116 unidades móviles para atender denuncias en todo el país. 

"En la campaña todos los actos son reconstruibles", la cuestión es que la fiscalía actúe, dijo el presidente de la consultora Concertar, Rodrigo Morales, que evalúa políticas públicas. 

"Tendríamos que reconocer que las consecuencias de las malas prácticas van a ser más dañinas especialmente en los estados, donde los gobernadores son virreyes", dijo Portillo. 

En este clima, organizaciones ciudadanas se preparan para vigilar el acto comicial y sus resultados. 

El proyecto Foto X Casilla convoca a los electores a fotografiar la hoja con los datos de cada mesa electoral al final de la jornada y subir la imagen y los cómputos a su página web. 

"Queremos conseguir el mayor número de fotos de diferentes casillas, de tal manera que podamos compararlas con los resultados preliminares. Es una forma de cuidar el voto. Si tenemos muchas fotos, podemos hacer algo parecido a un conteo rápido. Todo depende de la gente", dijo el portavoz de la iniciativa, Víctor Romero. 

"Vamos a ser muy cuidadosos de decir que no es una muestra significativa", agregó. Revisaremos "errores aritméticos e inconsistencias. Queremos vigilar que lo que sale de la casilla termina en el conteo. Si coinciden, es un espaldarazo al proceso", explicó Romero, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Nadie olvida las elecciones de 2006, impugnadas por presunto fraude por varias organizaciones, cuando Calderón se impuso a López Obrador por el exiguo margen de 0,56 por ciento de sufragios. 

López Obrador argumentó que las urnas y las hojas electorales habían sido manipuladas para favorecer a Calderón. 

El IFE, entonces de cuestionada actuación, publicará las actas en Internet, organizará un conteo rápido y anunciará resultados preliminares en la medianoche del domingo 1 de julio. 

Health care ruling a win, disability advocates say

http://www.disabilityscoop.com/2012/06/29/health-care-ruling-win/15950/

Kenyan man is on a 2500 mile wheelchair journey

http://www.nytimes.com/2012/06/30/world/africa/kenyan-paraplegic-is-on-a-2500-mile-journey-by-wheelchair.html?_r=1

lunes, 18 de junio de 2012

El sueño de miles de dreamers a punto de convertirse en realidad

En menos de 60 días, alrededor de 1.4 millones de estudiantes podrán empezar a beneficiarse por la nueva orden aprobada por la administración del presidente Obama.

Estudiantes se reunieron frente al City Hall para pedir un
alto a las deportaciones de jovenes. Foto cortesía de Pocho1
Después de darse a conocer El Proceso de Acción Diferida, que inmediatamente detendrá las deportaciones de miles de estudiantes indocumentados que califiquen bajo ciertas restricciones, y les proveerá  un permiso de trabajo, las reacciones no se han hecho esperar.  Estudiantes y recién graduados esperan ansiosamente el periodo de 60 días para poder convertir sus sueños en realidad.

Durante su aparición frente a la prensa el pasado 15 de Junio en la Casa Blanca, el presidente Obama dijo: “Estos son jóvenes que estudian en nuestras escuelas; juegan en nuestros vecindarios; son amigos de nuestros hijos; le rinden honor a nuestra bandera. Son americanos en sus corazones, en sus mentes, en todas formas posibles, menos una; en papel”.

Obama afirmó que “El Proceso de Acción Diferida” permitirá que se detengan las deportaciones en contra de estudiantes indocumentados  entre los 16 y 30 años, que no hayan cometido delitos mayores y que cumplan ciertas características.

“Ellos [los jóvenes] llegaron a este país con sus padres, muchos siendo aun muy pequeños,  y no tienen idea que son indocumentados hasta que solicitan un trabajo, una licencia de conducir o una beca escolar”, agregó el presidente.

Esta nueva orden, será implementada inmediatamente y los jóvenes que califican deberán cumplir con las siguientes reglas:
  • Haber llegado a E.U. antes de los 16 años y ser menores de 30 años.
  • Haber vivido en el país por cinco años o más y estar viviendo en la actualidad aquí.
  • Estar inscritos en una institución escolar, haberse graduado de estudios superiores o haber servido en la militar.
  • No tener antecedentes criminales.
  • Comprobar que no presentan riesgo a la seguridad del país.

Los casos serán revisados individualmente.

Esta no es una orden del ejecutivo como muchos lo creen, Cecilia Muñoz, directora del Consejo de la Administración del presidente Obama, dijo en una entrevista a Univision que es una directiva de la Secretaria de Seguridad Janet Napolitano, en un esfuerzo para mostrar que no se deportarán a personas que son de mínimo riesgo a la seguridad del país.

La dos acciones importantes que se tomaran bajo esta decisión son;  primero,  el alto inmediato a la deportación a los Dreamers para lo cual Muñoz dijo, “Para recibir protección, [los jóvenes] no deben pedir nada. La secretaria [Napolitano] dijo a las autoridades que no van a poner a estas personas bajo tramites de deportación”. Y segundo, en cuanto se llegue la fecha indicada para solicitar el permiso de trabajo “Lo tienen que hacer por medio de la oficina de servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), y esto se puede hacer por medio de una solicitud. No es necesario ir [a las oficinas de USCIS]”, agregó Muñoz.

Estudiantes en diferentes estados siguen celebrando la dicha de poder permanecer legalmente en el país y saben que este es sólo el comienzo de una larga jornada.

“Es un paso muy importante para nuestras comunidades que están sufriendo y un paso muy grande hacia una reforma migratoria”, mencionó Gaby Pacheco en una entrevista a Univision. Pacheco es estudiante y activista que recientemente participó en la portada de la revista TIME con un grupo de 35 estudiantes indocumentados liderado por el periodista indocumentado Jose Antonio Vargas.
Pacheco asegura que este es el resultado de un arduo esfuerzo de los estudiantes y la comunidad que creyeron en su capacidad para poder cambiar las leyes.

“Por nuestro recorrido hubieron muchas personas que nos contaban sus historias y cuando nos reuníamos en la Casa Blanca les traíamos esas historias”, mencionó Pacheco. “Yo creo que fue por eso y por las acciones que tuvimos, por todo el apoyo [de parte] de la comunidad, organizaciones, congresistas y senadores que empujaron para que esto fuera posible”.

Algunos críticos dicen que el mayor problema al que se enfrentan los jóvenes es que de no calificar podrían ser deportados. Los funcionarios del gobierno dijeron que los dreamers pueden hacer sus decisiones individualmente si quieren o no solicitar bajo las reglas establecidas. David Bennion, abogado de inmigracion en Filadelfia y blogero en citizenorange.org menciona en su reciente articulo, Third time’s the charm. Obama’s Deferred Action Policy, que existen varios riesgos al solicitar el permiso de trabajo. Entre ellos que la Accion Deferida puede ser cancelada en cualquier momento sin previo aviso; una vez que el caso ha sido rechazado, no hay oportunidad de apelarlo. De ser rechazado el caso, los solicitantes pueden ser inmediatamente llevados a un proceso de deportación; cada caso será aprobado/rechazado de acuerdo al criterio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El número de estudiantes beneficiados varía. Muñoz dice que serán alrededor de 800 mil, mientras el Centro Hispano Pew muestra que podrían ser hasta 1.4 millones; 700 mil menores de 18 años y 700 mil entre las edades de 18-30 (que llegaron al país siendo niños).

Por el momento, no hay solicitud para llenar. UCSIS menciona en su pagina de internet: “Aunque la decisión toma efecto inmediatamente, USCIS y ICE esperan que la implementación del proceso de solicitud será dentro de 60 días. La aplicación no está lista todavía. Si solicitan ahora, su solicitud será rechazada”.

Comenzando el 18 de Junio, las personas pueden hablar por teléfono a la hot line de USCIS al 1-800-375-5283 o ICE al 1-888-351-4024 durante horas de oficina y/o revisar las preguntas mas frecuentes.

sábado, 16 de junio de 2012

Anuncian revalidación de estudios para migrantes



Por Alfredo Santana

Un programa especial para ayudar a estudiantes que fueron deportados a México y revalidar sus estudios allá, cómo refrendar estudios en California de profesionales latinos migrantes en la medicina, y que fondos educativos para graduados de preparatoria existen para los que van rumbo a la universidad, fueron los temas de una reunión educativa en la Placita Olvera.

El taller se dió un día después que el presidente Barack Obama detuvo la deportación de enter 800,000 y 1.2 millones de jóvenes indocumentados que llegaron a este país antes de cumplir 16 años, llamados DREAMers. Atendieron unas 20 personas.

El anuncio se hizo en el Instituto Cultural Mexicano de Los Angeles. Ahí Rolando Castillo, director del grupo Integración de Profesionales Internacionales, mencionó que uno de cada cinco adultos migrantes latinoamericanos han sido profesionistas universitarios.

Castillo, quien dirije un programa de capacitación estatal médica para migrantes profesionales, dijo que su meta es ayudarlos para que logren licencias estatales, y puedan trabajar en su campo.

“Queremos asegurarnos que en Estados Unidos, y en California puedan estudiar, y revalidar estudios en la comunidad americana”, indicó Castillo.

Armando Vázquez, director del centro de estudios California-México de la Universidad estatal de California en Long Beach, (CSULB),  dijo que muchos estudiantes no saben como obtener ayuda financiera para ingresar a universidades independientes.

“Existen universidades privadas que cobran menos que otras, y que prestan información a los estudiantes sobre como obtener ayuda financiera, para los que califiquen”, dijo Vázquez. El mencionó el caso de United States University, organismo privado fundado por un pareja latina.

David Figueroa, cónsul de México en Los Angeles, dijo que oficinas consulares en Estados Unidos lanzaron un programa llamado “Ventanilla de educación”, para  informar a familiares y jóvenes indocumentados deportados cómo revalidar sus estudios, si deciden quedarse a vivir en ese país.

En México, “Ventanilla de educación” también es coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Buscamos ayudar a los estudiantes que vuelven a México, a seguir sus estudios allá”, dijo Figueroa.

viernes, 1 de junio de 2012

Ley protege a enfermos mentales en Argentina(1)



Con paso lento y fuerte resistencia, avanza en Argentina un nuevo plan de salud mental que contempla internaciones breves, menos hospitales psiquiátricos y más servicios para la integración social de los pacientes. De este modo quedará atrás el histórico trato inhumano en este ámbito.

Argentina ratificó en los últimos cuatro años la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y sancionó una ley de salud mental adecuada a esa normativa que considera a los pacientes como sujetos de derechos. 

No obstante, su implementación está trabada. "Algunas prácticas se modifican en forma aislada, pero cambios institucionales concretos aún no hay", dijo la psicóloga Macarena Sabin Paz, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Este centro especializado formó parte
del colectivo de organizaciones defensoras de los derechos humanos que promovió la sanción de la nueva ley en 2010. Tres años antes había publicado el informe "Vidas arrasadas", en el que se denunciaba el trato inhumano que recibían unos 25,000 pacientes institucionalizados en el país. 

Según esa investigación, 80 por ciento de los enfermos internados lo estaban desde hacía más de un año, y entre 60 y 90 por ciento de ellos eran considerados "pacientes sociales", o sin acceso a alternativas de reinserción en la sociedad. 

Con la ratificación de la Convención y la aprobación de la ley, el CELS "vislumbró un cambio", según admite en su informe anual de 2011. Por el momento estos expertos solo ven una gran brecha entre la norma y la realidad. 

"Las graves violaciones a los derechos humanos de las personas que atraviesan algún padecimiento mental persisten", dice el último reporte. Denuncia que los más vulnerables siguen siendo los internados en asilos psiquiátricos. 

Sabin Paz explicó que tanto en
Buenos Aires como en la central provincia homónima, donde se aloja la mayoría de los pacientes del país, "se sobreactúa la aplicación de la nueva ley con un aumento de altas en el área de enfermos crónicos". 

La maniobra apunta a mostrar que el llamado proceso de "desmanicomialización" está en marcha. Pero sin instituciones intermedias donde derivarlos, muchos de los dados de alta recaen y vuelven a ser hospitalizados en otros servicios, indicó. 

"Es la puerta giratoria de los psiquiátricos. Baja el número de camas ocupadas en el área de crónicos y hay sobrepoblación en admisión donde son sobremedicados para volverlos a una supuesta normalidad", denuncia Sabin Paz. 

En este aspecto, el mayor retroceso se produce en la capital. 

La representante socialista Virginia González Gass, presidenta de la Comisión de Salud Mental de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que la situación "es desastrosa" y que muchos de los pacientes externados van a vivir a hogares de personas sin techo. 

"No hay casas de medio camino ni programas de acercamiento familiar o de reinserción laboral. Los pacientes, sin ninguna contención, terminan en hogares donde no hay ni siquiera un médico clínico que los visite", dijo. 

Ley protege a enfermos mentales en Argentina(2)



En la ciudad hay tres hospitales psiquiátricos para hombres, mujeres y adolescentes. Pero no se crearon aún instituciones que acompañen el tránsito del paciente desde la internación hacia una integración social plena en el ámbito familiar y laboral. 

Más aún, se cerraron servicios creados por los propios pacientes junto a organizaciones de la sociedad civil para aumentar la articulación de los hospitales con el mundo exterior, como era una panadería, una carpintería o un espacio de arte, cuestionó Sabin Paz. 

"Muchos médicos están contra la ley. No aceptan que el paciente pueda ejercer su derecho a tener un abogado. Se amenaza con sanciones a empleados del hospital que permitan el acceso de los defensores legales", denunció la psicóloga. 

Por la nueva ley, la Defensoría General de la Nación creó una Unidad de Salud Mental, integrada por 22 profesionales entre abogados especializados, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, coordinada por el abogado Mariano Laufer. 

La tarea de Laufer es evitar que los pacientes sean internados contra su voluntad. En caso de que la hospitalización sea inevitable, el equipo debe asegurar garantías de una internación breve y un tratamiento aceptado por el paciente. 

"La ley es una herramienta en un proceso de reforma que es lento, gradual, y que va a llevar años", admitió Laufer. Pero destacó que "la ley cambió radicalmente el modo en que el poder judicial trata los casos". 

En 10 meses, desde que se puso en marcha la unidad que coordina, fueron asistidas unas 1,700 personas. "El 70 por ciento fue externado o transformó su internación en voluntaria o en tratamiento ambulatorio", precisó. 

Laufer explicó que, antes de la Convención y de la nueva ley, el paradigma era "tutelar y paternalista. Los pacientes no eran sujetos de derechos, sino objetos de protección o tutelaje del Estado". 

"Las personas con alteraciones mentales eran despojadas jurídicamente de su capacidad de ejercer derechos para ser protegidas. Pero lo que se causaba era mayor pasividad, la anulación
del paciente como persona y su muerte civil", dijo Laufer. 

Ahora, el paciente "es un sujeto pleno de derechos", y su internación forzada, antes habitual, "equivale a una privación de la libertad" si no cumple con los requisitos y garantías que marca   la ley. 

El juez debe ser informado sobre una internación, que será breve y solo en casos de riesgos contra sí mismo o contra terceros, y tendrá que controlar periódicamente el tratamiento para cuymplir la norma, detalló Laufer. 

Antes, el paciente psiquiátrico permanecía aislado de su familia tras la internación, sin poder recibir visitas ni llamadas telefónicas. Muchos pasaban meses o años ahí, y eran sometidos a tratamientos que rechazaban. 

Laufer aseguró que el nuevo paradigma genera resistencias. "El saber se democratiza, no queda en manos solo de un psiquiatra y, además, nuestro equipo es multidisciplinario e interviene con conocimiento
del caso". 

De todos modos, el abogado coincidió con el CELS en que, "sin casas de medio camino o lugares alternativos, el proceso de desmanicomialización es muy difícil. La ley es un herramienta, pero se requieren además políticas públicas", apuntó. Por su parte, Sabin Paz consideró que es necesario reglamentar la ley, un trámite que está demorado más de un año, y "armar un plan progresivo y que tenga su presupuesto" para seguir avanzando, advirtió.