Ley protege a enfermos mentales en Argentina(2)

En la ciudad hay tres hospitales psiquiátricos para hombres, mujeres y adolescentes. Pero no se crearon aún instituciones que acompañen el tránsito del paciente desde la internación hacia una integración social plena en el ámbito familiar y laboral. 

Más aún, se cerraron servicios creados por los propios pacientes junto a organizaciones de la sociedad civil para aumentar la articulación de los hospitales con el mundo exterior, como era una panadería, una carpintería o un espacio de arte, cuestionó Sabin Paz. 

"Muchos médicos están contra la ley. No aceptan que el paciente pueda ejercer su derecho a tener un abogado. Se amenaza con sanciones a empleados del hospital que permitan el acceso de los defensores legales", denunció la psicóloga. 

Por la nueva ley, la Defensoría General de la Nación creó una Unidad de Salud Mental, integrada por 22 profesionales entre abogados especializados, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, coordinada por el abogado Mariano Laufer. 

La tarea de Laufer es evitar que los pacientes sean internados contra su voluntad. En caso de que la hospitalización sea inevitable, el equipo debe asegurar garantías de una internación breve y un tratamiento aceptado por el paciente. 

"La ley es una herramienta en un proceso de reforma que es lento, gradual, y que va a llevar años", admitió Laufer. Pero destacó que "la ley cambió radicalmente el modo en que el poder judicial trata los casos". 

En 10 meses, desde que se puso en marcha la unidad que coordina, fueron asistidas unas 1,700 personas. "El 70 por ciento fue externado o transformó su internación en voluntaria o en tratamiento ambulatorio", precisó. 

Laufer explicó que, antes de la Convención y de la nueva ley, el paradigma era "tutelar y paternalista. Los pacientes no eran sujetos de derechos, sino objetos de protección o tutelaje del Estado". 

"Las personas con alteraciones mentales eran despojadas jurídicamente de su capacidad de ejercer derechos para ser protegidas. Pero lo que se causaba era mayor pasividad, la anulación del paciente como persona y su muerte civil", dijo Laufer. 

Ahora, el paciente "es un sujeto pleno de derechos", y su internación forzada, antes habitual, "equivale a una privación de la libertad" si no cumple con los requisitos y garantías que marca   la ley. 

El juez debe ser informado sobre una internación, que será breve y solo en casos de riesgos contra sí mismo o contra terceros, y tendrá que controlar periódicamente el tratamiento para cuymplir la norma, detalló Laufer. 

Antes, el paciente psiquiátrico permanecía aislado de su familia tras la internación, sin poder recibir visitas ni llamadas telefónicas. Muchos pasaban meses o años ahí, y eran sometidos a tratamientos que rechazaban. 

Laufer aseguró que el nuevo paradigma genera resistencias. "El saber se democratiza, no queda en manos solo de un psiquiatra y, además, nuestro equipo es multidisciplinario e interviene con conocimiento del caso". 

De todos modos, el abogado coincidió con el CELS en que, "sin casas de medio camino o lugares alternativos, el proceso de desmanicomialización es muy difícil. La ley es un herramienta, pero se requieren además políticas públicas", apuntó. Por su parte, Sabin Paz consideró que es necesario reglamentar la ley, un trámite que está demorado más de un año, y "armar un plan progresivo y que tenga su presupuesto" para seguir avanzando, advirtió.