"La presencia de los militares en las calles aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, las pone en riesgo, genera miedo y sobre todo, no rinden cuentas de sus abusos", explicó. Lovera puso como ejemplo el caso de Castaños, localidad del norteño estado de Coahuila, donde en julio de 2006 fueron violadas 13 bailarinas en un centro nocturno por un grupo de soldados. De los inculpados, 80 por ciento están libres, recordó.
México es la más reciente expresión en América Latina de la vinculación entre militarismo y violencia de género, el tema que centra los 16 días de activismo contra el maltrato sexista que inicio internacionalmente este jueves 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
"En cualquier circunstancia en donde participa activamente el ejército, las mujeres se convierten en botín de guerra y son las más vulnerables a las agresiones", dijo Blanca Rico, directora ejecutiva de la no gubernamental Semillas, promotora de los derechos de la mujer.
El problema, explicó, es que de parte del Estado no hay mecanismo alguno de contención o reparación del daño. Y aún las propias organizaciones están teniendo que replantear sus metas para hacer el diagnóstico que el gobierno no quiere aceptar.
"Es un fenómeno de rebase total. Semillas no había tenido nunca como tema central a las defensoras de derechos humanos porque no había pasado esto que está pasando hoy: un aumento brutal de amenazas, que es constante. Todas se están viendo acosadas, amenazadas", contó.
Los "daños colaterales" de la violencia generalizada en el país todavía no pueden cuantificarse, pero son un poliedro de muchas caras, indican los expertos.
Están, por ejemplo, los casos de encarceladas bajo la acusación de ser "mujeres de narcos", sin que haya pruebas de su participación en algún delito. O el aumento de la prostitución en lugares donde hay campamentos militares. "Es el uso y abuso de las mujeres. Algo que pasaba en regiones muy específicas donde había presencia militar, pero ahora se ha extendido", dijo Lovera.
La organización independiente internacional Human Rigths Watch (HRW) criticó al gobierno por su propuesta de reforma del sistema de justicia militar y de su fuero especial. Este martes 23 demandó que se excluya de la jurisdicción castrense delitos de agresión sexual y violación de los derechos humanos, entre otros.
El Código de Justicia Militar, que data de 1933, actúa para delitos cometidos por personal castrense activo en el desempeño de sus funciones, así estén establecidos en leyes penales ordinarias. Además, no contempla delitos perpetrados por uniformados a civiles, al estar pensado para una situación de guerra. El caso de la familia Esparza es un ejemplo. Cuando ocurrieron los hechos, las mujeres de la ranchería (aldea) Sinaloa de Leyva, donde enseñaban las maestras asesinadas, aprovecharon la llegada de periodistas a cubrir el caso, para congregarse y demandar al presidente Calderón el esclarecimiento de la matanza.
Más de tres años después, la familia no ha recibido una disculpa pública, ni siquiera un mensaje de condolencias. No hay información oficial del juicio militar contra los 19 soldados involucrados.
"Las pruebas existentes indican que los soldados dispararon sin justificación" contra el vehículo donde viajaban las cinco personas muertas y los tres sobrevivientes, asegura el informe "Impunidad uniformada", publicado en 2009 por HRW, basada en Washington.
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