Workers with disabilities are few, Labor Dept. finds

Only 19.2% of all people with any disabilities were employed in 2009, a report from the U.S. Bureau of Labor indicated, in its first ever survey of employment among people with cognitive or physical disabilities.

The unemployment ratio of persons with disabilities was 14.5%, higher than the rate of those without disabilities, which was 9.0%. This is the first news study focusing on the employment status of persons with a disability. The information in this study was obtained from the Current Population Survey (CPS), a monthly sample survey of about 60,000 households that provides statistics on employment and unemployment in the United States.

Beginning in June 2008, questions were added to the CPS that were designed to identify persons with a disability in the civilian population age 16 and older. The year 2009 is the first calendar year for which annual averages are available.

The collection of these data is sponsored by the Department of Labor's Office of Disability Employment Policy.

Highlights from the 2009 data are:

~For all age groups, the employment-population ratio was much lower for persons with a disability than for those with no disability. The unemployment rate of persons with a disability was well above the rate of those with no disability.

~Persons with a disability were over three times as likely as those with no disability to be age 65 or older. Nearly one-third of workers with a disability were employed part time, compared with about one-fifth of those with no disability.

Persons with a disability tend to be older than persons with no disabilities, reflecting the increased incidence of disability with age. In 2009, almost half of people with disabilities were at least 65 years old, compared with about one-tenth of those with no disability. Women were somewhat more likely to have a disability than men, thus reflecting the greater life expectancy of women. Among major race and ethnicity groups, the prevalence of a disability was higher for blacks and whites than for Asians and Hispanics.

Employment

In 2009, the employment-population ratio, the proportion of the population that is employed, was 19.2% for individuals with disabilities. Among those with no disability, the ratio was much higher, 64.5%. In part, this reflects the older age profile of persons with a disability; older individuals, regardless of disability status, are less likely to be employed.

However, across all age groups, persons with disabilities were much less likely to be employed than those with no disability. Persons with a disability who have completed higher levels of education were more likely to be employed than those with less education. However, at all levels of education, persons with a disability were less than half as likely to be employed than were their counterparts with no disability.

Workers with disabilities were more likely than those with no disability to work part time. Among workers with a disability, 32% usually worked part time in 2009, compared with 19% of workers without a disability.

A slightly larger proportion of workers with a disability worked part time, because of the ailing economy, than those with no disability, 8% and 6%, respectively. These individuals were working part time because their hours had been cut back or because they were unable to find a full-time job.

Workers with a disability were slightly more likely than those with no disability to work in service occupations, 20% compared with 18%.

In production, transportation, and material moving occupations, people with disabilities were employed at 14%, compared with 11% of regular workers. Those with a disability were less likely to work in management, professional, and related occupations, 31%, compared with 38%.

In 2009, 16% of workers with a disability were employed in federal, state, and local government, and 15% of those with no disability. 73% of workers with a disability were employed as wage and salary workers, compared with 78% of those with no disability. An 11% of workers with a disability were self-employed, compared to 7% of those with no disability.

Abuelas imparten lecturas de cuentos en Argentina(2)

"Nuestra actividad consiste en convocar a personas de la tercera edad con vocación y deseo de leer cuentos", explicó Natalia Porta, coordinadora del programa. Las mujeres son capacitadas por personal especializado en literatura para niños y se las asesora sobre cómo usar la voz, los gestos y otros recursos.

Una vez preparadas, las "abuelas" visitan una misma escuela en Resistencia, la capital de Chaco, y las localidades de sus alrededores, donde viven unas 400,000 personas, de las cuales el 60% son pobres. Van a escuelas públicas y particulares de enseñanza preescolar, elemental y secundaria.

"Llevan alimento espiritual para miles de niños con carencias varias, aborígenes, de barrios periféricos y comunidades marginales", sintetizó Porta. "Muchos no tienen cama, mesa de luz, libros ni una abuela que se siente junto a ellos de noche a leerles un cuento”, añadió. “Ellas compensan esa falta”.

"La fundación siempre enfocó la lectura como un tema clave del desarrollo, y además como un derecho", explicó. Por eso el programa fue seleccionado por la Cepal junto a otras 19 experiencias latinoamericanas. Si obtienen algun premio regional, este les permitirá solventar gastos de transporte y de un lugar donde guardar los libros.

En el programa “Abuelas” el objetivo es "promover la tradición de la lectura intergeneracional en la infancia", precisó Porta. Pero, al mismo tiempo, logran dar un nuevo significado al papel de mujeres mayores que están retiradas del mundo laboral y encuentran una nueva motivación en el contacto con los niños.

"Hay abuelas que tienen 80 años o más, pero vienen con gusto", asegura 'la abuela' Orellana. "Nadie nos obliga. Es una relación de amor que va y vuelve, los chicos nos quieren, nos abrazan, la escuela nos recibe con cariño también, y nos muestran que los niños están cada vez más interesados en la lectura".

El programa evalúa los resultados obtenidos mediante encuestas en las escuelas cada seis meses, pero además, la fundación está en contacto con las autoridades de la institución para supervisar el desarrollo del plan. Los profesores y maestros aseguran que el beneficio para los niños es muy alto y las abuelas afirman que para ellas también.

La idea fue transferida a otras 20 ciudades del nordeste del país y de otros países de América Latina. Pero además, el Ministerio de Educación de Argentina, con asesoramiento del mismo Giardinelli, lanzó en 2008 su propio programa "Abuelas y Abuelos Leecuentos", con más de 700 voluntarios que leen a 200,000 niños y niñas en 62 ciudades de distintas partes del país.

Muchos de los niños que participan de estos programas "nunca o muy raramente" tuvieron la oportunidad de que algún familiar les lea un cuento, y ahora, por su nueva experiencia, comienzan a pedirlo en casa.

Abuelas imparten lecturas de cuentos en Argentina(1)

Es "conmovedor", "muy gratificante" y "terapéutico", así describen su trabajo voluntario algunas de las 60 mujeres de la llamada tercera edad que participan del programa "Abuelas Cuentacuentos" en Argentina, destinado a despertar el amor por la literatura entre los pequeños.

Cada semana, estas mujeres van a una escuela y leen al mismo grupo de niños, que las aguardan con gran expectativa. "¡Son tan cariñosos y nos esperan con tantas ansias!", narra Federica Orellana, de 73 años, quien realiza esta labor desde 2004 en la nororiental provincia de Chaco, donde nació la idea.

"Si una semana hay feriado y no voy, me extrañan y cuando llego todos gritan 'abuela, abuela' y me quieren contar sus cosas, me traen sus libritos y quieren que me quede más tiempo del que tengo", relata esta mujer ya jubilada, quien, además, dice que el programa le devolvió a ella misma las ganas de leer.

Las mujeres se capacitan para leer a los niños y niñas cuentos o poesías de autores argentinos y de otros países, clásicos y contemporáneos.

Si la lectura de un cuento breve deja tiempo, terminan el encuentro con una poesía o un trabalenguas, y a veces siguen con libros que los mismos niños traen de su casa.

El plan nació en 2001 en Chaco, como una idea de la Fundación Mempo Giardinelli.

Nacido en esa provincia, Giardinelli es autor de novelas, cuentos y ensayos que ya fueron traducidos a 20 idiomas. Este también periodista y profesor universitario recibió, entre otros reconocimientos, el premio Rómulo Gallegos en 1993, lo cual le permitió concretar un largo sueño como fue crear la fundación para promover la lectura desde distintos abordajes.

El Programa Abuelas Cuentacuentos es el más reconocido de la fundación. Recibió una decena de premios, entre otros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización de Estados Iberoamericanos.

Ahora fue elegido entre los 19 programas finalistas del concurso "Experiencias en Innovación Social", que organiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en conjunto con la Fundación W.K. Kellogg. En la Feria que se realizó el Noviembre previo en Guatemala, se premiaron cinco de los trabajos elegidos, provenientes de Argentina, Brasil, Perú, Chile, México, Costa Rica, Honduras y Uruguay.

Desde sus inicios hasta ahora, el programa fue creciendo y hoy las abuelas visitan unas 60 instituciones donde leen para unos 16,000 niños y niñas. También llevan la experiencia a orfanatos, hospitales pediátricos, comedores comunitarios, geriátricos, institutos para ciegos y cárceles. Pero el punto fuerte del programa sigue siendo la escuela.

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Critican a "Comunidades Seguras" por deportaciones(2)

Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo: "El mal llamado programa Comunidades Seguras es el nuevo esquema del Departamento de Seguridad Nacional para incluir a los policías locales en la aplicación de las leyes migratorias".

Por su parte, Francis Boyle, profesor de leyes en la Universidad de Illinois, dijo: "Esto es simplemente un ejercicio de prejuicio racial contra los latinoamericanos".

Los registros obtenidos por las organizaciones no gubernamentales "revelan una peligrosa tendencia", dijo el director ejecutivo de la NDLON, Pablo Alvarado.

"Este programa crea una explosión de medidas como las (implementadas en el sudoccidental estado) de Arizona, y cuyos resultados han demostrado ser desastrosos. Gracias al S-Comm, afrontamos la potencial proliferación del prejuicio racial, de la desconfianza hacia la policía local, del temor y de la xenofobia", alertó.

Según las organizaciones, información preliminar confirma que algunas jurisdicciones, como el condado de Maricopa, en Arizona, tienen tasas anormales de deportaciones de personas sin antecedentes penales a través del S-Comm.

El promedio nacional de deportados sin antecedentes es de 26%, pero esa cifra también varía ampliamente a lo largo del país. Llega a 54% en Maricopa, cuyo sheriff, Joe Arpaio, recibe cientos de demandas por abusos a los derechos civiles y es investigado por el propio Departamento de Justicia por realizar redadas indiscriminadas contra inmigrantes.

En una medida que expertos legales califican de inusual, ese Departamento amenazó esta semana con demandar Arpaio si no cooperaba en una investigación sobre su supuesto abuso de poder y acoso a personas de origen latinoamericano.

Todo esto amenaza con exacerbar el enfrentamiento entre la administración del presidente Barack Obama y el gobernador de Arizona, Jan Brewer. Las leyes migratorias de ese estado se han convertido en un tema de contención de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre.

El Departamento de Justicia inició una nueva acción legal contra la ley SB-1040 de Arizona, que permite a los agentes de inmigración detener a una persona si consideran tener razones suficientes para creer que reside en el país sin documentos.

Un juez federal concluyó que muchas secciones de la norma no podían aplicarse hasta que una corte de apelaciones se expidiera sobre su legalidad. El gobierno de Obama sostiene que las leyes federales deben ser las únicas sobre el tema.

Critican a "Comunidades Seguras" por deportaciones(1)

Un programa gubernamental diseñado para detener peligrosos criminales es usado para deportar a personas que reciben multas de tránsito o cometen delitos menores, según grupos defensores de los derechos de los inmigrantes.

Las organizaciones señalaron que 79% de las personas deportadas a través del programa Comunidades Seguras (S-Comm) no son criminales o fueron detenidas por delitos leves, como violaciones de tráfico o travesuras juveniles.

De las aproximadamente 47,000 personas deportadas a través del programa, desde su entrada en vigor en octubre de 2008 hasta junio de 2010, sólo 20% fueron formalmente acusadas o condenadas por delitos graves de "nivel uno", como agresión sexual o tráfico de drogas.

Los activistas también señalaron que el programa "sirve como una pantalla de humo para el prejuicio racial, permitiéndole a los oficiales de policía detener a personas basándose en su apariencia y a no ciudadanos sabiendo que serán deportados, aun si son erróneamente arrestados o nunca son condenados".

Las críticas contra el programa proceden fundamentalmente de la Red Organizadora del Día Nacional del Trabajador (NDLON, por sus siglas en inglés), el Centro por los Derechos Constitucionales y la Clínica de Justicia para la Inmigración de la Escuela de Leyes Benjamin N. Cardozo.

Las organizaciones dijeron que documentos oficiales obtenidos gracias a la ley de Libertad de Información "revelan un patrón de deshonestidad" en la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que implementa el S-Comm.

El programa promueve la cooperación entre las autoridades migratorias nacionales y la policía del estado respectivo. Los agentes locales pueden aplicar leyes federales deteniendo a inmigrantes indocumentados que comentan delitos para luego derivarlos a la ICE.

Funcionarios de la ICE declararon su intención de expandir el S-Comm a todas las jurisdicciones del país para 2013. Actualmente funciona en 544 jurisdicciones de 27 estados. El programa administra información de huellas digitales a través de la base de datos de las autoridades migratorias.

Los activistas señalaron que la ICE "ha sido deshonesta con el público y con las agencias del orden público locales sobre la verdadera misión y el impacto del S-Comm".

"Aunque la ICE considera al S-Comm una herramienta eficiente y bien confeccionada contra inmigrantes que constituyen una ‘importante amenaza’, en los hechos funciona como un sistema de redadas", añadieron.

Bolivia: Alza en consumo de drogas(2)

La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) informó que durante los primeros siete meses del año incautaron 20 toneladas de pasta base y clorhidrato de cocaína, 2 toneladas más que las registradas en el mismo periodo del pasado año.

Además, la Felcn realizó 8,811 operativos, destruyó 17 laboratorios y detuvo a 2,446 personas, en actuaciones que ya cuentan con colaboraciones militares cuando son requeridas.

En 2009, la incautación total de cocaína alcanzó las 26 toneladas y, según la Felcn, 46% del total procedían del vecino Perú. Las autoridades locales aseguran que Bolivia ha pasado a ser un país de tránsito y refinación de la pasta de coca peruana, que luego se dirige a Brasil.

El Celin indicó que desde 2005 se pasó de 452 a 1,045 nuevos consumidores de marihuana por cada 100,000 habitantes de entre 12 a 65 años.

En La Paz es posible adquirir unos gramos de marihuana desde precios que oscilan de 80 centavos a 2.82 dólares, de acuerdo a la zona donde se oferte el producto, explicó Alcaraz.

En los mismos cinco años, los nuevos consumidores de clorhidrato de cocaína aumentaron de 78 a 223 personas por cada 100,000 habitantes, señaló.

Según Alcaraz, los indicadores colocan a Bolivia en la media de los índices de consumo de América Latina, por debajo de Chile, Brasil y Argentina.

La encuesta también determinó que en las principales ciudades un 75.6% considera un problema la expansión del consumo de drogas, mientras que en 1992 el tema solo preocupaba a 33.4% de la población.

Otro elemento reflejado por el estudio de este año es que 65.7 % de los encuestados opinó que el problema de las drogas debe ser resuelto tanto por los países productores como consumidores.

La preocupación de Alcaraz radica en la ausencia de programas de prevención que entre los años 1990 y 1998, estaba financiado por organizaciones privadas y no gubernamentales.

El especialista en prevención y con una maestría en salud mental, Mario Eguía, coincidió con esa opinión y se lamentó por la ausencia de políticas estatales claras para controlar el incremento del consumo ilícito de drogas.

"Existe una tendencia clara de negar la existencia del problema del consumo, o se acepta que Bolivia es un país de tránsito y productor de drogas, pero se niega el incremento del consumo", afirmó.

Eguía criticó la falta de participación del Estado en programas de prevención y recordó que en el pasado también fue mayor la cooperación internacional y de la empresa particular.

Los gobiernos anteriores establecieron diferentes formas de enfrentar el problema del consumo de estupefacientes, pero todas le dieron jerarquía al encargar de la tarea a un viceministerio (dirección general).

Sin embargo, desde que llegó a la Presidencia en enero de 2006, la lucha contra el consumo de drogas es responsabilidad de una unidad dentro de un viceministerio. "Eso refleja la importancia que se da a esa problemática", dijo Eguía.

Bolivia: Alza en consumo de drogas(1)

El consumo de marihuana y cocaína se mantiene en alza en Bolivia entre la población de 12 y 65 años, mientras los programas de prevención están ausentes de las políticas gubernamentales, según dijeron especialistas en el tema.

Un estudio del boliviano Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), dirigido por Franklin Alcaraz y Silvia Sempértegui, analizó en forma comparativa seis encuestas realizadas en los últimos 18 años en el país, para concluir que existe un marcado ascenso en el consumo de tabaco, alcohol, marihuana y cocaína.

El estudio coincide con el reconocimiento del presidente izquierdista Evo Morales de que el tráfico de drogas ilegales es uno de los tres grandes problemas, junto con el contrabando y la corrupción, que debe enfrentar su gobierno.

Desde el 6 de agosto del 2010, el mandatario ha reiterado en al menos tres diferentes alocuciones que las Fuerzas Armadas deben sumarse al combate contra el narcotráfico en las zonas fronterizas y demandó la rápida construcción de unidades militares en los limites con Brasil y Perú.

"Las organizaciones criminales relacionadas al narcotráfico están mejor dotadas que las fuerzas del orden", afirmó Morales para explicar su planteamiento. El Ministerio de Defensa precisó que aún no hay una respuesta oficial sobre el pedido por parte del estamento militar.

La comunidad internacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) han expresado su preocupación por la existencia de 18,900 hectáreas de hoja de coca excedente, que presuntamente están sirviendo como materia prima para la elaboración de cocaína.

La legislación boliviana establece un límite de 12,000 hectáreas para el cultivo de hojas de coca con fines de consumo tradicional, como infusión, masticado y ceremoniales ancestrales andinos.

El Informe Mundial de Drogas 2010 de ONUDD registró la existencia de 30,900 hectáreas de hojas de coca en Bolivia y colocó a este país como el tercer productor mundial del producto, detrás de Perú y Colombia. También alertó sobre el aumento del consumo de cocaína en América del Sur y llamó a ocuparse eficazmente del fenómeno.

La mayor producción, la disponibilidad de drogas, su accesibilidad y el bajo precio alientan al mayor consumo, explicó Alcaraz al comentar el crecimiento de los indicadores obtenidos mediante 10,000 entrevistas en 16 capitales de departamento, otras ciudades y poblaciones fronterizas.

Confiscan bienes de las mafias con fines sociales(2)

La cooperativa contrarrestó esas amenazas iniciando una campaña llamada "adopte una vid", a fin de recaudar fondos para replantar.

En 2009 se confiscaron 1,223 empresas y 9,198 inmuebles en Italia, según la agencia del gobierno que maneja los bienes confiscados a organizaciones delictivas.

Alrededor de 73% de esas propiedades fueron concedidas a organizaciones sin fines de lucro para que las utilizaran con fines sociales, señaló un informe de la Agenzia per le Onlus, red italiana de organizaciones no gubernamentales.

Según el estudio, que se presentó en Terrafutura, las propiedades confiscadas se utilizan de varios modos. Entre ellos, para abordar problemas sociales (21,7 %), para promover actividades culturales (18,3 %), o para empresas de servicio público (17,4 %).

Se prevé que las personas con discapacidades serán las mejores beneficiarias del programa.

Sin embargo, 42,9% de estas organizaciones sin fines de lucro enfrentan serios problemas financieros, dado que la mafia continúa planteando un desafío en tanto sistema alternativo viable.

"Hoy la mafia es una organización económica: emplea sus bienes para obtener y lavar dinero, porque no tiene acceso al crédito. Éste es el terreno donde debemos combatirla", dijo Stefano Zamagni, presidente de la Agenzia per le Onlus.

"No alcanza con reclamar los bienes: debemos reconvertirlos para asegurarnos de que produzcan ingresos y trabajos para los ciudadanos", agregó.

"Los bienes confiscados a la mafia se convierten en laboratorios sociales para la creación de alternativas. No sólo porque son bienes confiscados, sino también porque encarnan un modelo de producción diferente, que presta atención a la sustentabilidad y a la legalidad", dijo Andrea Giolitti, de Libera, una red que actúa contra la mafia.

Lamentablemente, la reasignación de tierras y otros bienes insume un promedio de ocho años luego de la confiscación. Además, 57% de las propiedades confiscadas son entregadas en mal estado, lo que generalmente vuelve muy difícil su puesta en marcha. En 36% de los casos las instituciones no prestan apoyo financiero.

Zamagni llamó a crear un fondo estatal que permita poner en funcionamiento las organizaciones sin fines de lucro a las que se asignan tierras y bienes que antes eran propiedad de la mafia.

Confiscan bienes de las mafias con fines sociales(1)

En el pequeño pueblo italiano de Corleone, en el centro de Sicilia, 13 integrantes de una cooperativa, cinco de ellos pacientes psiquiátricos en rehabilitación, trabajan tierras confiscadas a la Cosa Nostra, la mafia de esa isla.

Cultivan maíz, tomates y garbanzos, además de atender un almendral y un viñedo y vender sus productos principalmente en comercios que promueven los precios justos. Pero la historia es más compleja, dado que la mafia todavía constituye un motivo de preocupación en Italia.

"Todas las mañanas tenemos que atravesar a pie las tierras de un conocido jefe de la mafia para llegar a nuestros campos. Al principio, nuestros amigos nos aislaban. Y a nuestros hijos también. Nos llamaban 'la cooperativa de los locos'", dijo Francesco Ancona, de la cooperativa "Lavoro e non solo" (No sólo trabajo).

Ancona relató sus experiencia en Terrafutura, una exhibición internacional de prácticas sustentables que se realiza anualmente en Florencia. En su séptima edición, que concluyó el día 30 de mayo del 2010, se centró en desarrollar comunidades sustentables y responsables como "laboratorios del futuro".

"Lavoro e non solo" se inició en 1998 para rehabilitar a pacientes psiquiátricos y con disablidades cognitivas, mediante el trabajo agrícola. Desde 2000 le encomendaron unas 150 hectáreas de tierra confiscada a la mafia siciliana.

Sus miembros, de entre 30 y 60 años, comparten las tareas.

"Nuestro trabajo con pacientes psiquiátricos tiene una función social. Además, aspiramos a promover una cultura antimafia en el territorio", dijo Ancona.

"Lavoro e non solo" emplea a otros pacientes psiquiátricos, principalmente jóvenes del área de Corleone, y promueve campamentos estivales anti-mafia que atraen a unas 600 personas a lo largo de dos semanas.

En Corleone vivió Bernardo Provenzano, considerado el jefe más importante de la Cosa Nostra y que fue arrestado en 2006, tras evadir la ley durante 40 años.

En una de las casas de Provenzano, confiscada por el Estado y otorgada a "Lavoro e non solo", la cooperativa está por abrir un museo contra la mafia que incluirá un archivo histórico y una videoteca.

"Es muy difícil trabajar en un área donde la mafia todavía existe y continúa operando. Aunque los jefes hayan sido arrestados, sus familias todavía viven en el territorio, y no son exactamente anti-mafia", dijo Salvatore Ferrara, vicepresidente de "Lavoro e non solo".

En 2004, el gobierno asignó 134 hectáreas a "Lavoro e non solo" en el pueblo de Canicattì, 100 kilómetros al sudeste de Corleone. Pero la mafia incendió el viñedo justo antes del traspaso, y en 2008 cortó los brotes de unas 700 parras.

La cooperativa contrarrestó esas amenazas iniciando una campaña llamada "adopte una vid", a fin de recaudar fondos para replantar.

Infantes, victimas en guerra de Calderón vs. narcos(2)

En México, con una población de 107 millones, hay 38 millones de personas menores de 18 años y una cuarta parte de este grupo no ha cumplido seis años. Pero la atención a la infancia es una de las áreas más descuidadas de los servicios públicos.

Desde el inicio de su administración, el presidente Calderón anunció la creación de centros infantiles como el programa estelar de su gobierno en materia social. Pero los resultados han sido magros.

"El problema del programa es que está enfocado a dar trabajo a las madres, no a que los niños estén bien cuidados", dijo Catalina Castillo, de la Organización Popular Independiente de Juárez.

Muchos de los niños y niñas que han perdido a sus padres tienen que enfrentar además la discriminación alimentada por el discurso del gobierno, de que los muertos son criminales.

Es el caso de los hermanos Rodrigo y Raúl, de 8 y 10 años, que en 2008 perdieron a sus padres y quedaron al cuidado de la abuela materna. Susana, su tía, dijo que el cambio de escuela, casa y ciudad detonó en una conducta rebelde e introvertida, que aumenta cada vez que otros niños les preguntan si sus padres murieron "por narcos".

En Ciudad Juárez, la Fundación Integra atiende un particular grupo de huérfanos: los que están mutilados o discapacitados de manera permanente.

En tres años han atendido a más de 800 personas que de manera directa estuvieron expuestas a algún tipo de violencia, de las que 65% son menores de edad. Pero tienen una limitación: sólo tratan a quienes tengan familia que se haga responsable en la casa.

¿Y los que no? "Se canalizan al DIF. No podemos hacer más", dijo Laura Antillón, responsable operativa.

Cualquiera que sea su número, los huérfanos pertenecen a una generación de niños y niñas rota por la guerra mexicana. Han visto morir a sus padres, son desplazados y discriminados. Pero ninguna autoridad los mira.

El 2 de junio, dos familias regresaban de vacaciones en el puerto de Mazatlán, en el pacífico mexicano, cuando fueron interceptadas por hombres armados en la carretera de Casas Grandes-Ciudad Juárez de Chihuahua.

Se llevaron a uno de los viajeros, Mario Alberto Iglesias, de 32 años, y su cuerpo sin cabeza apareció horas después en un paraje cercano. Su esposa, María de Jesús Magallanes, quedó agonizante y murió días después en el hospital.

Una serie de fotografías no publicadas en la prensa local, muestra a los hijos de la pareja -un niño de cinco años y un niña de tres- viendo a la madre desangrarse. En otra imagen, el pequeño, con la ropa manchada de sangre, deambula por la escena en medio de militares armados, sin que nadie le ponga atención.

"Es la orfandad total. Nadie los ve, nadie los oye, ¿qué tipo de realidad están construyendo?", resumió Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común.

Infantes, victimas en guerra de Calderón vs. narcos(1)

Un bebé se estrelló en el piso cuando su padre, que lo llevaba en brazos, fue asesinado en México. Otro de dos años vio desde su carrito cuando mataron a seis adictos en un centro de rehabilitación, entre ellos su madre. A otro, de tres años, su madre nunca lo reclamó en la guardería.

Son el rostro más oscuro de la guerra mexicana contra los cárteles criminales del tráfico de drogas: una cantidad indeterminada de huérfanos, que se cuentan por miles, aunque no hay una cifra oficial.

Sólo en Ciudad Juárez, en la línea fronteriza con Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil los sitúan en 10,000, considerando que en tres años y medio han sido asesinadas más de 5,500 personas, que en 70% de los casos tenían entre 18 y 45 años.

Si se extrapola ese cálculo a la cifra nacional, de 25,000 muertos, con un promedio de dos hijos por adulto, la cifra es escalofriante: unos 30 mil huérfanos habría dejado hasta ahora la estrategia contra el narcotráfico del gobierno conservador de Felipe Calderón

"Sabemos que son miles, pero nadie tiene idea de cuantos son ni dónde están", dijo Nashieli Ramírez, coordinadora general de la no gubernamental Ririki Intervención Social, y una de las voces más reconocidas en México en el tema de la infancia.

"No sabemos si están con sus familias extendidas (abuelos, tíos) o en la calle", dijo la experta, quien aclaró que el oficial Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene una estructura muy limitada para atender a esta población.

La contabilización de los casos, dijo, se tiene que hacer a través de las procuradurías de justicia de los 32 estados mexicanos, que son quienes llevan el registro de los muertos. Pero no están capacitadas para atender y canalizar a los huérfanos, precisó.

En Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo más de 2,600 personas asesinadas en 2009, pero el DIF de su estado, Chihuahua, sólo tiene el registro de 8 niños huérfanos durante ese año, de los cuales dos fueron dados en adopción, de acuerdo con la dependencia oficial.

"El DIF no tiene manos para extender sus redes de atención y menos cuando la población afectada es tan alta", dijo Ramírez.

Las historias se reproducen. Una trabajadora de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Juárez contó que hace uno meses tuvieron el caso de un niño de tres años y medio al que su madre no buscó a la hora del cierre.

"Tratamos de distraerlo y horas después una compañera de trabajo de la mamá llegó y nos dijo que la habían balaceado; quería llevárselo pero no podíamos dárselo. Si no es la persona autorizada hay que entregarlos a las autoridades según el reglamento", narro la trabajadora, quien pidio no ser identificada.

Finalmente, su padre fue por él, y como la guardería sólo brinda el servicio a niños a cargo de sus madres, el niño no regresó. "No supimos que fue de él, ni si tuvo alguna atención", dijo la educadora.

Funds for organizations that cater to disabilities

The U.S. Department of Labor's Office of Disability Employment Policy announced the availability of $2.3 million in funding for the Add Us In initiative, which will fund up to four cooperative agreements with allotments ranging from $500,000 to $625,000 each, in order to support businesses and organizations owned by disabled individuals who provide jobs and services to people with disabilities.

The initiative is designed to increase the ability of companies to employ individuals with disabilities, particularly businesses owned and operated by African-Americans; Asian-Americans; Latino or Hispanic Americans; members of federally recognized tribes and Native Americans; lesbian, gay, bisexual and transgender individuals; and women.

"This administration is committed to broadening job opportunities for all Americans, including individuals with disabilities," said Secretary of Labor Hilda L. Solis. "The Add Us In initiative aims to help businesses develop effective, replicable models, strategies and policies to ensure people with disabilities have access to a broader range of employment opportunities."

Eligible applicants are a consortia having representation from each of the following four organization types: 1) An association of targeted businesses, a business association located in a target population community, or other similar entity; 2) a disability-serving organization; 3) a local workforce investment board or other organization with demonstrated experience in providing training and employment-related support services, such as a One-Stop Career Center; 4) and a youth-serving organization.

In addition to developing models, strategies and policies to improve employment opportunities for people with disabilities, a consortium must also form and strengthen connections among the four organization types by building a network of disability and diversity experts.

The full announcement for this grant opportunity can be found at http://www.grants.gov or http://www.dol.gov/odep.

Applications will be accepted until Sep. 1, 2010. In addition, there will be a prospective applicant webinar held for this grant competition. The date and access information for the webinar will be posted on ODEP's website in the near future at http://www.dol.gov/odep.