Autobuses de la Caravana por la Paz y Justicia en rumbo a los Estados Unidos. |
Narcóticos, Página 2.
Sin embargo, advierte que de quedarse ahí,
esas políticas serán benéficas solo para las clases medias, altas, blancas,
privilegiadas, sin romper con las dinámicas de desigualdad que han generado
violencia y marginación en las comunidades pobres.
“Lo que hay ahora (en Estados Unidos) son soluciones
que tienen que ver con el derecho de clases medias y altas al consumo. En ese
sentido el panorama no es el mejor”, argumenta Castillo.
“Las soluciones de regularización y
legalización regionales no van a tener impacto en la vida de las comunidades,
solo tenemos ciertos focos donde ciertas clases van a acceder al consumo y
donde el resto de las poblaciones van a seguir sufriendo el impacto”, explica.
Por ello, aduce, “se necesita cambiar el
enfoque, a uno de salud pública, libertades individuales y atacar las causas
estructurales de desigualdad. Mientras haya comunidades pobres va a haber
industria que saque ventaja de ello”.
2) Por una regularización con usos médicos
El obispo Martín Barahona subió a la Caravana
por la Paz en su país natal, El Salvador, un país que inició 2016 con 23
homicidios diarios.
Lo hizo convencido de que la guerra contra las
drogas es una excusa para justificar el armamentismo y militarización de los
países de la región centroamericana.
Y también de que las principales víctimas son
los jóvenes que viven la violencia de pertenecer o no a una pandilla, la
violencia de la policía que persigue y la violencia de no tener acceso a sus
derechos.
Para este obispo emérito de la Iglesia
Anglicana, una propuesta es la regularización de las drogas para fines de
salud.
“Venimos con la propuesta de una
regularización de las sustancias psicoactivas, pero no con una visión punitiva
sino de salud pública. Regularización en condiciones de que las drogas puedan
ser usadas para tratamientos de medicina, con fines de salud, terapéutico, que
esté a la mano de quien lo necesita, no de quien lo puede comprar”, explica.
3) Necesario, el combate a la impunidad
Vitalino Similoux Salazar, secretario general
del consejo ecuménico cristiano de Guatemala, plantea la urgencia de fortalecer
el estado de derecho y el sistema de justicia en los países latinoamericanos, a
la par de la discusión del combate contra las drogas.
“Se empieza a hablar sobre la despenalización,
la legalización, pero esto debe hacerse desde un tratamiento integral al tema,
pero sobre todo políticas públicas que atiendan a las comunidades
históricamente castigadas, como en Guatemala que han sido los migrantes”, dice.
Vitalino, quien ha escrito varios libros sobre
los pueblos indígenas de su país, dice que la política prohibicionista de las
drogas del gobierno de Estados Unidos, ha impactado en el ataque al derecho de
los pueblos a migrar.
“El impacto es la militarización de la
sociedad, la violación a los derechos humanos, lo que hemos visto en Guatemala
es un impacto gravísimo en las familias migrantes, a ellas les ha tocado
contener la violencia de la guerra contra las drogas, son atascados, agredidos
y se les impide su derecho a migrar con el pretexto de detener el flujo de
armas y drogas”, aduce.
“En lo personal, no creo en la legalización,
para nosotros es un tema integral: educativo, informativo, fortalecimiento del
estado de derecho y justicia. Sin eso, no podemos esperar resultados de otras
políticas regulatorias o legalizatorias”, concluye.
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