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| La foto muestra a los hermanos Alberto y Karla Nayelli, ambos mexicanos desaparecidos. |
Represión,
Página 2
El informe “Defender los Derechos Humanos en México: la
represión política, una práctica generalizada”, presentado el 27 de agosto por
el Comité
Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición
Forzada, documenta 860 violaciones de derechos humanos contra activistas y
luchadores sociales entre junio de 2014 y mayo de 2015.
El registro de violaciones incluye colectivos
–47 organizaciones de la sociedad civil y 35 comunidades—y un aumento de
detenciones arbitrarias, que casi se duplicó.
Entre ellas, se cuentan las derivadas de una
protesta de jornaleros agrícolas en el norteño estado de Baja California, que
trabajan en condiciones de esclavitud, y las movilizaciones de maestros durante
el proceso electoral de junio en el sureño estado de Oaxaca y en el
suroccidental Guerrero, en las que dos manifestantes fueron asesinados.
Para Cerezo, la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa se enmarca en esta estrategia de control social.
“No se explicaría la brutalidad, la dimensión
de la agresión y que el gobierno haya asumido tanto costo político solamente
por un asunto de drogas. Es una desaparición ‘ejemplificante’ para el
movimiento de derechos humanos y el movimiento social”, insistió.
En todo caso, el brutal ataque a los
estudiantes ha puesto en evidencia la gravedad de la crisis de derechos humanos
en México.
Investigaciones periodísticas documentaron
este año al menos 80 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército y la
Policía Federal en tres supuestos combates con grupos del crimen organizado, en
los estados de México y Michoacán.
En Iguala, las brigadas de civiles que
salieron a buscar a sus familiares en los cerros localizaron 104 cuerpos en
fosas clandestinas, aunque solo nueve han sido identificados.
“No es solo Ayotzinapa, así está todo el país”
dijo una de las brigadistas, Graciela
Pérez, quien busca a su hija desaparecida hace tres años en una zona del sur de
Tamaulipas (a 750 kilómetros al norte de Iguala), donde ella sola documentó la
ubicación de 50 fosas clandestinas entre enero y febrero de este año.
La crisis forzó una visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por organizaciones de
derechos humanos, que se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre.
Además, en el Congreso legislativo están en espera de
discusión cuatro iniciativas para una Ley General de Desaparición Forzada, que
permita tipificar el delito.
“La desaparición forzada de un grupo grande de
personas, integrantes de un movimiento social, es la primera en su tipo en el
México contemporáneo”, dice el informe del Comité Cerezo, en referencia a la
desaparición de los estudiantes.
Los padres de los normalistas desaparecidos en
Iguala iniciaron este miércoles 23 un ayuno de 43 horas, un día antes de ser
recibidos por el presidente, mientras que para el sábado 26 está convocada una
mega marcha en la capital mexicana, en demanda de que aparezcan y se esclarezca
el caso.
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