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| Un grupo de padres de familia pide se esclarezca el paradero de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero. |
El comedor de la Parroquia de San Gerardo, en el estado mexicano
de Guerrero, está convertido en un memorial del espanto. Largas filas de
fotografías cubren las paredes del galerón. Son decenas de rostros de personas
ausentes, desaparecidas, raptadas y extraídas de su vida sin dejar rastro.
La mayoría son personas del norte del estado,
el más pobre de México y uno de los más asolados por la violencia. La base de
datos del comité de búsqueda suma a 350 personas desaparecidas y cada semana se
suman más.
En el último año, esta parroquia de Iguala ha sido refugio,
cada martes, de familias que han perdido el miedo a denunciar y a buscar a sus
desaparecidos en el cementerio clandestino que se descubrió en los cerros que
rodean a esta ciudad a partir de la desaparición de 43 estudiantes de la
escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Aquella noche, los estudiantes fueron atacados por la policía
municipal de Iguala y
-según se sabe ahora por la ardua investigación de un grupo de
expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-
hubo una acción concertada entre distintas fuerzas del Estado, incluidos
militares y federales, que duró varias horas y tuvo al menos nueve escenarios.
Los agentes municipales ejecutaron a cinco
civiles, entre ellos dos estudiantes; uno más fue torturado y su cuerpo apareció
horas después junto a un basurero. Se llevaron detenidos a otros 43
normalistas, como se llaman en México a los estudiantes de magisterio, que en
su mayoría cursaban el primer año.
Al cumplirse el primer aniversario del ataque,
este sábado 26, solo se ha localizado a uno hecho cenizas y dentro de una
bolsa de plástico, mientras estos días se investiga el probable hallazgo de un
segundo.
De los demás, no hay rastros.
El ataque a los normalistas destapó el albañal de la alianza
entre políticos locales y grupos criminales y revivió el dolor de los 30.000
desaparecidos que, según las organizaciones de derechos humanos, dejó la
estrategia militar de seguridad instauró el expresidente Felipe Calderón en
enero de 2007 y visibilizó el Movimiento por la Paz, encabezado por el poeta
Javier Sicilia.
El priísta Enrique Peña Nieto, en la Presidencia
desde diciembre de 2012, mantuvo la política de seguridad militar, pero
sus efectos se hicieron invisibles por una estrategia mediática que concentró
sus esfuerzos en promover reformas constitucionales para abrir los sectores de
energía y telecomunicaciones a la industria privada.
Solo en el primer año, su gobierno invirtió cerca de 500
millones de dólares en publicidad oficial, según un estudio conjunto del Centro
de Análisis e Investigación Fundar y del Artículo 19.
Pero la violencia se mantuvo y según una
investigación del diario El Universal, publicada en esta semana previa al
aniversario del ataque a los normalistas, en 2014 las fiscalías del país reportaron
más de 5,000 personas desaparecidas. Es decir, 14 cada día.
También destacan casos como el de norteño
estado de Nuevo León, donde se han localizado 31,000 restos humanos entre 2011
y 2015, que han llevado a la identificación de 30 personas.
“La diferencia es que ahora las violaciones a
los derechos humanos se están dirigiendo también contra defensores de derechos
humanos y al movimiento social organizado”, dijo el activista Héctor Cerezo,
quien ha documentado las desapariciones forzadas de defensores y líderes
sociales durante los últimos cuatro años.
Durante el mandato de Peña Nieto, “hemos
documentado 81 defensores que han sido víctimas de desaparición forzada; en el
de Calderón documentamos 55. En total son 133 defensores, de 2006 a la fecha, que
está documentado que el Estado se los llevó”, detalló.
“Quizá parece poco en un universo de miles de
desaparecidos, pero indica un incremento en las estrategias de control social
por parte del Estado mexicano”, planteó el activista.
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