A medida que avanzan los juicios contra represores de la dictadura argentina (1976-1983), salen a luz los delitos económicos perpetrados por el régimen contra más de 600 empresarios desposeídos de sus bienes."No teníamos militancia política ni relación con el gobierno, pero nos robaron todo, las siete empresas y el avión de la firma. No nos mataron de casualidad", contó Alejandro Iaccarino, que era un próspero empresario lechero en los años 70.
Se prevé que su demanda por reparación llegue a juicio este mismo año, en cuanto concluya el actual proceso contra los dos oficiales de policía acusados de secuestrarlo a él y a sus dos hermanos, "con el único objetivo de desapoderarnos de todo", aseguró Iaccarino.
La previsible condena contra los dos reos, ya presos, por privación ilegitima de libertad y otros delitos conexos, es el requisito necesario para que pueda abrirse el proceso sobre la reparación por daños económicos y morales.
El de los Iaccarino es uno de los más emblemáticos delitos económicos del régimen y, según adelantó la abogada de la familia, Florencia Arietto, "será la primera vez que se pida al Estado una reparación patrimonial por el despojo de bienes".
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es consciente de que el de Iaccarino no es un hecho aislado y, por eso, creó una unidad especial de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, cometidos con motivación económica durante el régimen.
La unidad está realizando un registro con más de 600 casos de empresas liquidadas, vaciadas, intervenidas o apropiadas con fines de robo, o por no ajustarse al modelo económico aperturista de la dictadura.
Estos casos quedaron invisibilizados hasta ahora por los horrores de la represión que se saldó con unos 30,000 desaparecidos, según fuentes no gubernamentales. Entre ellos hay los de empresas avícolas, textiles y vitivinícolas, además de imprentas, siderurgias, papeleras y bancos.
Hubo también empresarios que colaboraron con el despojo, como cómplices contra sus competidores o como denunciantes de trabajadores, sindicalistas o abogados laboralistas vinculados a sus firmas.
En enero, un fiscal de la norteña provincia de Jujuy pidió que los tribunales citaran como imputado al empresario Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, situado en la localidad de Libertador General San Martin.
La solicitud es parte de una causa en la que se investiga una redada efectuada en 1976, cuando se llevaron a unas 400 personas, de las cuales 55 siguen desaparecidas. En ese operativo se utilizaron camionetas con el logo de esa empresa agroindustrial.
En cambio, uno de los casos de empresarios despojados fue el de la familia Paskvan, con establecimientos avícolas en las provincias de Buenos Aires, en el oriente, y Santa Fe, en el centro. El caso fue aceptado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el inapelable tribunal continental con sede en Costa Rica.
También está bajo proceso la causa de Federico Gutheim y su hijo Miguel, dueños de la empresa textil Sadeco, que fueron secuestrados por el régimen y, bajo cautiverio, obligados a renegociar un contrato de exportaciones con una firma de Hong Kong.
Se investiga asimismo lo sucedido con la firma Papel Prensa, proveedora de papel para diarios. Su dueño, David Graiver, murió en un accidente aéreo en 1976. Su familia fue secuestrada y obligada a traspasar acciones de la empresa bajo tortura.
Pero el caso Iaccarino tiene una característica única, según la abogada, que es la cantidad de pruebas documentales resguardadas por la familia que develan la trama del despojo.
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